El gobierno de España pidió este miércoles al de Marruecos que controle sus fronteras para impedir la salida irregular de personas, horas después de que se informara de la detención de 553 inmigrantes llegados a costas españolas a bordo de frágiles embarcaciones.
El ministro español del Interior, Angel Acebes, señaló tras conocer esas cifras que es absolutamente imprescindible para prevenir la inmigración irregular, calificada por él de ilegal, que los países de origen y tránsito, como Marruecos, aumenten los controles fronterizos.
Entre las personas que arribaron en 12 embarcaciones a las meridionales costas del mar Mediterráneo y de las Islas Canarias había mujeres embarazadas y otras con hijos menores, entre ellos una niña de dos semanas de edad, informó el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González.
El viaje a España de embarazadas o con niños menores en pequeñas barcazas es un intento extremo para acogerse a la ley española que impide repatriar a menores con sus madres.
El resto de quienes arriben en esas condiciones puede ser repatriado, siempre que haya un acuerdo al respecto con el país de origen del inmigrante.
Pero esos acuerdos existen con Marruecos, pero no con la mayoría de los países africanos y, además, los inmigrantes apresados ocultan su identidad y suelen dar como su país natal a uno que no lo es en realidad y con el que no hay ese tipo de compromisos legales.
Marruecos, por su proximidad tanto de las Islas Canarias, que están ubicadas frente a sus costas occidentales, como del propio territorio continental español que en el estrecho de Gibraltar la distancia es de apenas 20 kilómetros, es la plataforma de salida de prácticamente todos los inmigrantes indocumentados que llegan por mar a España, aunque su nacionalidad no sea marroquí.
Atendiendo a esa realidad, González justificó el reclamo a los gobernantes de Marruecos porque, dijo, son ellos los únicos que pueden proceder a la detención de la presión de 'pateras', ya que una vez que salen, lo único que podemos hacer es detenerlas y salvar en la mayor parte la vida a las personas que vienen en ellas.
El funcionario calificó de grave riesgo embarcarse en esas frágiles embarcaciones llamadas pateras ya que, explicó, algunas llegan con 70 personas a bordo, a pesar de que tienen apenas ocho metros de largo por dos de ancho y 70 u 80 centímetros de profundidad.
La llegada de pateras es cada vez mayor, puntualizó. Por otro lado, el ministro del Interior informó al Congreso de los diputados que, así como aumenta la llegada de inmigrantes sin los documentos requeridos para su radicación, también se incrementa el número de los expulsados o repatriados.
En 1998 fueron repatriadas 32.294 inmigrantes, en 2000, 45.544, en 2002 otros 75.713 y en lo que va de este año ya suman 71.212, detalló el ministro Acebes.
En tanto, González, en relación con los detenidos este miércoles, fue explícito: serán repatriados en un plazo máximo de 72 horas.
También se expulsarán rumanos e inmigrantes de Africa subsahariana e, incluso, se verá de repatriar a los menores y a las mujeres embarazadas, si no hubiere riesgo para su salud, añadió.
Pedro Gallardo, responsable de la Cruz Roja para la atención de los inmigrantes en la meridional ciudad española de Cádiz, dijo a IPS que en la zona del estrecho de Gibraltar este año lo que está ocurriendo indica que se duplicará la cantidad de indocumentados que arriben allí, que en 2002 fueron 3.700.
Por ello, esa organización no gubernamental deberá multiplicar por tres su presupuesto, que no alcanza para satisfacer las necesidades actuales.
También destacó que cada vez es mayor la cantidad de mujeres embarazadas y niños que llegan a la costa española. Opinó que eso se puede deber también a una estrategia de las mafias de tráfico ilegal para asegurarles que se puedan quedar en España.
Esas mafias controlan a la mayoría de las mujeres inmigrantes indocumentadas que contribuyen a ingresar al país sea o no en pateras.
Pedro Antonio Navarro, de la organización no gubernamental Solidaridad, cuenta el caso de una mujer nigeriana a la que quienes la trajeron le hicieron firmar un documento comprometiéndose a pagar 43.000 dólares.
Esa mujer, como muchas otras, había recibido la promesa de tener un contrato de trabajo en un hogar, pero al llegar la llevaron engañada a un hotel y la obligaron a prostituirse. Ese contrato, según fuentes policiales, fue hecho firmar por la banda detenida a unas 20.000 mujeres.
