Tres soldados estadounidenses serán procesados en España por la muerte del periodista español José Couso en la guerra de Iraq, al haber sido admitido este viernes el trámite de la querella presentada por su familia ante la Audiencia Nacional, equivalente a un Juzgado Federal.
Una fuente de la Audiencia dijo a IPS que esa muerte puede ser calificada de crimen de guerra, porque quienes dispararon fueron militares y la víctima un civil. Incluso si se demostrara que no hubo intención de matar a un civil, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permitiría calificarla de crimen de guerra eventual pero intencionado.
La fuente señaló que ese criterio fue aplicado para procesar a quienes incendiaron en enero de 1980 la embajada de España en Guatemala, y causaron así la muerte de 37 personas.
Aquel proceso salió adelante porque entre los muertos hubo españoles y eso hizo que la justicia española fuera considerada competente, algo que será un precedente a tener en cuenta en el sumario admitido a trámite este viernes.
Couso, de 38 años y padre de dos hijos de seis y tres años, murió en Bagdad el 8 de abril, víctima de un proyectil lanzado por un tanque estadounidense contra el Hotel Palestina, residencia conocida de la mayoría de los periodistas extranjeros que se ocupaban de la guerra, sin que hubiera fuerzas iraquíes en ese sector.
El Comando Central del ejército estadounidense alegó en un informe divulgado el 11 de agosto que el ataque se debió a indudables informes de inteligencia sobre un vigía enemigo que dirigía el fuego iraquíes contra la Compañía A del Regimiento de Blindados 64 de la III División de Infantería, a la cual pertenecía el tanque que disparó.
De acuerdo con ese informe,miembros de la Compañía A localizaron a una persona con prismáticos en el balcón de una habitación de las plantas superiores de un alto edificio, sin saber que se trababa del Hotel Palestina.
También vieron destellos, parecidos a posible fuego enemigo, procedentes de la zona del edificio, por lo cual un tanque disparó hacia la posición del presunto observador enemigo, sostuvo el Comando Central.
Inmediatamente después las transmisiones enemigas monitorizadas revelaron que el observador enemigo había recibido fuego y los disparos enemigos coordinados dirigidos hacia la compañía A cesaron, aseguró. Las actividades en el balcón del Hotel Palestina eran similares a las de un observador enemigo y el tanque disparó un único tiro en defensa propia de acuerdo con las reglas del combate, concluyó el alto organismo militar.
El juez Guillermo Ruiz Polanco, de la Audiencia Nacional, admitió a trámite la querella presentada el 27 de mayo por la madre y hermanos de Couso contra tres miembros de la III División de Infantería, por asesinato y crimen de guerra.
Los denunciados son el sargento Tom Gibson, el capitán Phillip Wolford y el teniente coronel Phillip de Camp, señalado por los querellantes como la persona que ordenó disparar contra el Hotel Palestina.
El reconocido jurista Leopoldo Torres, ex fiscal general del Estado, previó que el proceso no va a prosperar, porque el fiscal jefe de la Audiencia Nacional ya ha demostrado en casos anteriores que se opondrá.
Este juicio no tiene ningún futuro, pero sí lo tendrá el que se propone iniciar en Estados Unidos Lola Couso, la viuda del asesinado, añadió Torres.
La aludida confirmó a IPS que iniciará un juicio civil en Estados Unidos, asesorada por el propio Torres y por la organización internacional Reporteros sin Fronteras, que desarrolla una activa labor para que se realice la investigación del homicidio y los juicios que correspondan.
Sobre el iniciado en Madrid, Lola Couso tampoco cree que pueda prosperar, pero comentó que de todos modos hay que seguir adelante, porque sienta un precedente.
Washington se opone con firmeza al juicio de ciudadanos estadounidenses en otros países, y el gobierno español pone trabas a las decisiones judiciales locales que reclaman la extradición de los acusados.
El periodista Gustavo Sierra, del diario argentino Clarín, estaba en el Hotel Palestina el 8 de abril, dos pisos más arriba que Couso, aseguró, al igual que decenas de periodistas testigos del ataque, que en el edificio no había ningún elemento que permitiera a las tropas invasoras sospechar que desde ahí alguien pudiera atacarlas.
Los periodistas Jon Sistiaga, de Tele5 (donde trabajaba Couso), Mónica García Prieto, del diario El Mundo, y Carlos Hernández, de Antena 3 Televisión, fueron citados por el juez para declarar como testigos el 23 de este mes.
El magistrado adoptó esa decisión tras recibir un informe del fiscal Ignacio Gordillo a favor de abrir la investigación, a pesar de que el fiscal jefe de la Audiencia, Eduardo Fungairiño, anunció el 28 de mayo a periodistas que el ministerio público se opondría a tramitar la querella.
Fungairiño todavía puede apelar, pero en ocasiones anteriores la Audiencia desoyó sus apelaciones, como ocurrió en el juicio impulsado sin éxito por el juez Baltasar Garzón contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
Rafael Permuy, portavoz de la familia Couso y tío del periodista asesinado, dijo que por fin se abre la puerta de la justicia, y opinó que esta decisión judicial contrasta con la actitud vergonzante del gobierno español, que nunca ha dado oportunidad a que se conozca la verdad y se haga justicia.
En términos similares se pronunció el artista y presentador llamado El Gran Wyoming, quien, en nombre de la Plataforma Cultura contra la Guerra, criticó al gobierno del centroderechista José María Aznar por empeñarse en considerar un accidente la muerte de Couso.
Un accidente no tiene una fase previa de apuntar, cargar y disparar contra un objetivo concreto, subrayó.
El Gran Wyoming pronosticó que el gobierno nunca pedirá responsabilidades por esos hechos, pues se caracteriza por sacar pecho ante los débiles y bajarse los pantalones ante los fuertes, en alusión al alineamiento de Aznar con Washington.
También la opositora coalición Izquierda Unida, basada en el partido Comunista, calificó el asesinato de Couso de crimen de guerra, cometido en el marco de una guerra ilegal e injusta apoyada por José María Aznar hasta sus últimas consecuencias.
Ese grupo anunció que presentará en los municipios españoles donde tenga representación mociones para exigir al gobierno una investigación independiente de la muerte de Couso.
Eso se sumará a la iniciativa de todos los grupos parlamentarios del Congreso Nacional, con excepción del gobernante Partido Popular, que solicitaron el inicio de los trámites diplomáticos y políticos necesarios para la investigación del homicidio.
