La legalización del casamiento de personas del mismo sexo recibió este miércoles un fuerte apoyo político y social en España, al iniciar una pareja de mujeres y dos de hombres sus trámites matrimoniales ante el Registro Civil.
Las portavoces en Madrid de los opositores Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU), Trinidad Jiménez e Inés Sabanés, acompañaron a la pareja formada por Pedro Zerolo y Jesús Santos, y a la integrada por Beatriz Gimeno y Boti Rodrigo, cuando iniciaron sus expedientes matrimoniales.
En la oriental ciudad de Valencia, a las costas del mar Mediterráneo, comenzaron el mismo trámite Miquel Angel Fernández y Antonio Poveda, secretarios de organización de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales y del Collectiu Lambda (de homosexuales) de esa localidad.
Los jueces que recibieron esos pedidos de iniciar expedientes tienen 10 días para decidir si los aceptan, tras consultar con el fiscal.
Hasta la fecha, todas las solicitudes similares han sido rechazadas, pero las seis personas involucradas dijeron estar dispuestas a llegar hasta el final para que se les reconozca su derecho a casarse.
Zerolo es concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Santos es diseñador, Rodrigo dirige un colectivo de personas homosexuales y es funcionaria del Registro Civil, y Gimeno es presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas y Gays.
La Constitución vigente establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
Los jueces que hasta ahora han negado ese derecho a personas que quieren casarse con otras del mismo sexo arguyeron, como la jueza Julia Novellas, que es tan obvio que el matrimonio lo componen un hombre y una mujer, que los legisladores no consideraron necesario aclararlo en la ley escrita.
Pero el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo sostuvo lo contrario, al señalar que se reconoce el derecho de hombres y mujeres a casarse sin especificar que ese matrimonio deba ser heterosexual.
Además, la Constitución prohíbe de manera explícita que se discrimine a alguien por cualquier circunstancia sexual o social, añadió.
Los partidos de izquierda y centroizquierda, así como las organizaciones sociales de personas homosexuales, dieron un abierto y amplio apoyo a las parejas que tratan de casarse, mientras expresaban su abierto rechazo a ellas el gobernante y centroderechista Partido Popular (PP) y la Iglesia Católica.
Para los críticos, el matrimonio es una institución que necesariamente requiere un hombre y una mujer.
El director de la Secretaría de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal católica, Inocente García de Andrés, calificó de oportunista el acompañamiento de Jiménez y Sabanés a las parejas, y lo atribuyó a que Madrid está en plena campaña electoral.
Las parejas de personas del mismo sexo pueden quererse mucho e incluso vivir unidos, pero no deben equipararse a las familias o a los matrimonios, alegó.
En opinión de García de Andrés, no pueden formar familias ni matrimonios porque les falta la complementariedad sexual y la transmisión de vida, y la única definición de familia que existe es la de la Iglesia Católica y la del diccionario de la Real Academia.
Parejas como las que iniciaron trámites este miércoles sólo pretenden escenificar formas de familia en las que la palabra familia está entre comillas, sin interesarles la definición real de familia y sin la capacidad para traer hijos al mundo dentro de la unidad.
Sin embargo, dos mujeres, que se identificaron como Pepa y Victoria, dijeron a IPS que tienen un hijo de dos años de edad, producto de una inseminación artificial a la primera.
Además de vivir juntas con él y cuidarlo, querrían poder inscribirlo como hijo de ambas, para lo cual debería prosperar la nueva interpretación de la Constitución que se impulsó este miércoles en Madrid y Valencia.
En las septentrionales comunidades autónomas españolas del País Vasco y Navarra, dos de las 17 que forman el país, las parejas de hecho pueden adoptar niños legalmente, aunque las disposiciones legales de esas regiones han sido recurridas por el PP ante el Tribunal Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.
En el resto del país, las parejas de hecho se pueden inscribir como tales en el censo de los ayuntamientos, pero eso no significa reconocer su matrimonio civil ni les permite adoptar niños legalmente.
No se reconoce a las uniones entre personas del mismo sexo un valor comparable al de los casamientos civiles, propios hasta ahora de las parejas heterosexuales, comentó Zerolo.
