La condena por homicidio de una mujer inocente, que estuvo 17 meses en la cárcel, puso en cuestión el mantenimiento en España de los jurados populares, implantados hace seis años.
El británico Tony Bromwich haber cometido el 9 de octubre de 1999 el asesinato de Rocío Wanninkhof, de 19 años de edad, por el cual había sido condenada a 15 años y dos días de prisión Dolores Vázquez, ex pareja de la madre de la muerta.
El abogado defensor de Vázquez había logrado luego, mediante una apelación, que el Tribunal de Justicia de Andalucía anulara la sentencia y permitiera la libertad bajo fianza de su cliente, en febrero de 2002, hasta la realización de un nuevo juicio, pero la mujer debe presentarse en el juzgado cada 10 días.
La confesión de Bromwich llevó a jueces y abogados, así como a diversas personalidades, a cuestionar si se debe mantener o modificar la ley que introdujo los jurados populares, que comenzaron a actuar en 1997 en el juicio de algunos delitos.
Wanninkhof fue asesinada a puñaladas el 9 de octubre de 1999. Un año después, un jurado popular encontró culpable a Vázquez.
Bromwich fue detenido el 18 de septiembre, días después de violar y asesinar a Sonia Caravantes, de 17 años de edad, en Coín, una localidad de la provincia de Málaga, en la meridional comunidad autónoma de Andalucía y centro turístico que atrae a españoles y extranjeros.
Al ser interrogado por la policía, confesó ser el autor de ese homicidio y también del de Wanninkhof, así como de varias violaciones cometidas en la misma zona.
Medios de comunicación británicos recogieron la noticia, y eso sacó a luz que Bromwich cometió en su país natal crímenes similares, por los que fue juzgado y condenado. Tras cumplir su sentencia en Gran Bretaña, fraguó un pasaporte a nombre de Tony Alexander King y con él se trasladó a España, donde trabajaba como camarero de un bar.
Tras la confesión de Bomwich, tomó estado público en España el informe policial en el que se basó el jurado popular que condenó a Vázquez, y que sólo presenta indicios de carácter general.
Entre otras afirmaciones con escaso o nulo fundamento, los autores del documento sostuvieron que la persona que cometió el homicidio abrió excesivamente las piernas de la víctima, para que no se supiera cómo, cuándo y en qué lugar se produjo la agresión.
También alegaron que Vázquez se atragantaba a la hora de transmitir tranquilidad, e indicaron que habían grabado conversaciones suyas en las que se limitaba a decir a sus amistades yo no he sido, ante la acusación de que fue objeto y su gran repercusión en los medios.
El fiscal jefe de Málaga, donde se realizó el juicio, reconoció el evidente error judicial, pero trató de relativizar su importancia al señalar que fallos hay en todas las instituciones.
Aunque se haya trabajado mucho, cabe la posibilidad de error, y mucho más en algo como la valoración de un detalle que puede resultar decisivo para la investigación, arguyó, sin explicar cuál fue ese detalle.
El juez Enrique Bacigalupo, integrante del Tribunal Supremo de Justicia y con amplia experiencia jurídica y docente tanto en su país natal, Argentina, como en España, del cual es ciudadano legal, dijo a IPS que está en contra del mantenimiento del jurado popular, formado por personas sin formación en leyes.
Es sabido que los jurados de ese tipo, originados en el siglo XII, tienen pocas posibilidades de descubrir las circunstancias que pueden generar errores de juicio, y en la actualidad el derecho penal es mucho más complejo que en la Edad Media, señaló.
Bacigalupo propone que se modifique la ley para instituir el tipo de jurados llamados mixtos, integrados con tres profesionales de los tribunales y dos ciudadanos comunes, todos designados por la administración de la justicia.
Según el juez Perfecto Andrés Ibáñez, el caso Wanninkhof puso de manifiesto que las posibilidades de error en el juicio son tanto mayores cuanto menor es la capacidad de operar racionalmente con los resultados de la prueba.
En su opinión, la condena de la inocente Vázquez se debió en parte a excesiva influencia de los medios de comunicación, que contribuyeron a crear la imagen de que era culpable.
Pero otro magistrado del Supremo, Segundo Menéndez, dijo a IPS que la ley del jurado popular se cumplió perfectamente en ese caso, ya que prevé que si no hay elementos suficientes para sustentar la sentencia ésta se puede anular, lo que ocurrió.
En este caso, los errores más gruesos los cometieron los medios de comunicación, que desde la detención de Vázquez y hasta después de su condena no dejaron de cebarse en ella, afirmó.
Según una investigación cuyos resultados se publicaron esta semana, 90 por ciento de los medios de comunicación daban por culpable a la acusada, y ello condicionó en gran medida a los miembros del jurado popular, adujo Menéndez.
En su opinión, los medios deberían esforzarse por cumplir el principio tradicional del periodismo de diferenciar opiniones e información sobre hechos, y sobre todo respetar la presunción de inocencia.
Más duro, con los medios y con el jurado, fue el escritor Antonio Soler, quien sostuvo que si lo que se juega es la vida libre o estar encerrado entre rejas, se requiere ser juzgado por expertos o, a lo sumo, con una mezcla de sabiduría y pensamiento fresco.
Vázquez fue condenada previamente por los medios de la comunicación y la sociedad, con el aval de una chapucera investigación policial, lo que influyó notoriamente sobre el jurado, aseveró.
El abogado y juez en excedencia (que no ejerce) Javier Gómez de Liaño se pronunció a favor de los jurados mixtos, también llamados escabinados, y destacó que establecerlos es la tendencia europea, citando a Francia, Alemania e Italia.
En esos tres países se han sucedido mayorías parlamentarias de todos los colores, sin que jamás se haya pensado en volver al viejo modelo del jurado popular, arguyó.
En Mijas, municipio al que pertenece Coín y en el que reside Vázquez, la Asociación Clara Campoamor, defensora de los derechos de las mujeres, exigió al gobierno municipal, encabezado por el alcalde socialista Agustín Moreno, que pida perdón en un pleno extraordinario a Vázquez, por haberse sumado en su momento a las acusaciones contra ella.
Mientras, la inocente y condenada está a la espera de que el jurado de apelación ratifique su inocencia y por lo tanto la deje libre sin condiciones.
