Las corporaciones estadounidenses que se aprovechen de la debilidad de los poderes judiciales del mundo pobre podrán ser condenadas por tribunales de este país, si prospera en Ecuador una demanda de agricultores e indígenas.
Trescientos mil personas denunciaron a la empresa petrolera estadounidense ChevronTexaco en Lago Agrio, en la oriental provincia ecuatoriana de Oriente, por envenenar su ambiente y causarles enfermedades durante 21 años desde 1971.
Se trata de una demanda que recorrió numerosos tribunales federales estadounidenses en el pasado decenio, pero ahora recayó sobre la justicia ecuatoriana en Lago Agrio.
Lo peculiar del caso es que, en un fallo sin precedentes, un tribunal federal estadounidense, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, se comprometió en mayo a asegurarse de que ChevronTexaco cumpla el fallo en caso de que la empresa sea hallada culpable.
La Corte advirtió, incluso, que remitiría la demanda a algún otro tribunal estadounidense si constata que los querellantes no recibieron un trato justo en Ecuador.
Los querellantes aseguraron que ChevronTexaco destruyó sistemáticamente el ambiente de la localidad y dañaron la salud de los residentes y del ganado a través del vertido masivo de fluidos tóxicos y petróleo crudo hasta 1992.
No solo está en juego un reclamo de 1.000 millones de dólares en compensaciones, sino el establecimiento de un criterio según el cual las compañías petroleras estadounidenses deberán ser ambientalmente responsables si quieren operar en el extranjero, dijo el principal abogado de los demandantes, Cristóbal Bonifaz.
ChevronTexaco sostuvo en reiteradas oportunidades ante la justicia que su subsidiaria Texaco Petroleum Company (TexPet) pagó 40 millones de dólares en 1998 para limpiar los vertederos de residuos y otros lugares contaminados que quedaron en Lago Agrio luego del fin de las operaciones en 1992.
También afirmó que TexPet era socio minoritario en un consorcio dirigido por la compañía estatal PetroEcuador, y que la labor de limpieza fue declarada satisfactoria por el gobierno ecuatoriano en 1998.
ChevronTexaco también argumentó que no violó ninguna ley vigente en el periodo de operaciones, y que una nueva ley —que sirve de base a la demanda— que obliga a las compañías mineras a limpiar la contaminación que ocasionan no puede aplicarse con retroactividad.
Pero desde la óptica de los abogados de la demanda, los antecedentes de TexPet en la región son particularmente negativos.
En 21 años, la compañía arrojó casi 500 millones de barriles de agua residual que contenía crudo y metales pesados cancerígenos. También dejó casi 350 vertederos de residuos a cielo abierto, algunos a pocos metros de la casa de los residentes, que enfermaron y mataron personas y animals, según los querellantes.
Los basurales hoy cubren buena parte de la región de la Amazonia septentrional ecuatoriana, y su contenido se ha filtrado en ríos y napas subterráneas de los que depende la población, asegura la demanda.
Los denunciantes también mencionaron un estudio realizado por la Escuela de Epidemiología de Londres según el cual la incidencia de cáncer había aumentado varias veces respecto de la tasa histórica, y que el cáncer de laringe, en particular, es sufrido 30 veces más que lo normal por los hombres.
Tres comunidades indígenas —los cofan, los secoya y los siona— sufrieron especialmente los daños. Muchos de sus integrantes contrajeron cáncer y murieron, y la mayoría de los ríos en sus tierras ancestrals están tan contaminados que muchos de los sobrevivientes debieron mudarse.
La población de los cofan cayó de 15.000 en 1971, cuando comenzó la actividad petrolera del consorcio en sus tierras, a menos de 300 en la actualidad.
Creemos que lo que ChevronTexaco hizo en la selva ecuatoriana no fue solo negligente, sino temerario, dijo a IPS otro de los abogados de la demanda, Joseph Kohn.
