El escándalo en Paraguay por un contrabando de discos y el bloqueo de su investigación por parte de altos funcionarios hizo caer a tres ocupantes de puestos clave en el gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos, quien asumió hace dos meses con la promesa de combatir la corrupción.
Esta es la primera crisis que sortea el nuevo gobierno de un país que la organización no gubernamental Transparencia Internacional señaló como el cuarto más corrupto del mundo, según su Indice de Percepciones de Corrupción.
Los funcionarios destituidos por el presidente fueron el ministro del Interior, Roberto González, el administrador nacional de Aduanas, Gustavo Volpe, y el jefe de la Policía Nacional, Tomás Chamorro.
Analistas consultados por IPS calificaron esas destituciones de positivas pero insuficientes.
Nadie puede dudar sobre el aspecto objetivo de la decisión presidencial. Sin embargo, el punto a discutir es si Duarte Frutos actuó movido por sus convicciones o si resultó presionado por el devenir de los hechos, comentó a IPS el analista político y económico Félix María Lugo.
Para el especialista, los tres destituidos se habían desempeñado bien antes de caer en la trampa de quienes manejan la mafia del contrabando.
Pero el hecho existió, y Duarte Frutos actuó para dar la clara señal de que en la actual coyuntura no importa el rango. Todos están obligados a cumplir con las normas establecidas, destacó Lugo.
Pero el experto apuntó también que, pese a lo acertado de esas acciones presidenciales, nos encontramos con que no poseen las mismas fuerzas en todos los sectores.
Nadie puede dudar que la lucha contra la piratería de música y programas informáticos es dura. No obstante, cuando se compara esta lucha con la registrada contra la adulteración de marcas de cigarrillos, la misma no observa igual ímpetu, explicó Lugo.
Como ejemplo, el especialista subrayó que dos importantes empresarios del sector tabacalero son también importantes figuras de la gobernante Asociación Nacional Republicana (ANR) o Partido Colorado, en el poder desde 1947.
Uno de ellos es Reinerio Santacruz, vicepresidente primero de la ANR, y el otro su rival en el sector del tabaco, Osvaldo Domínguez Dibb, presidente del poderoso club de fútbol Olimpia, quien realizó importantes aportes económicos a la última parte de la campaña de Duarte Frutos.
Domínguez Dibb es duramente cuestionado por importantes empresas tabacaleras, como la inglesa British American Tobacco, la brasileña Souza Cruz y la argentina Nobleza Piccardo, por falsificar sus marcas, recordó Lugo.
El analista político y activista por los derechos humanos Alfredo Boccia Paz coincidió en el elogio a las destituciones y en señalar su insuficiencia.
Es la primera prueba que sortea el gobierno, y ocurre bastante antes de lo que podía esperarse, dijo Boccia a IPS.
El presidente hizo lo que tenía que hacer, especialmente si tenemos en cuenta que hace pocos días se entrevistó con (el presidente estadounidense) George Bush, a quien prometió una lucha frontal contra la corrupción, explicó.
Boccia hizo hincapié en que Duarte Frutos salió casi indemne de la crisis, y consideró como muy positivo que mantenga un discurso fuerte, acompañado por hechos, para instar a sus colaboradores a que lleven adelante una gestión limpia.
Pero lo realizado no es suficiente, destacó el experto, quien opinó que además hay que atacar la impunidad de una suerte de estructura mafiosa enquistada en el partido gobernante, que maneja los hilos de la corrupción.
La historia que culminó en crisis de gabinete comenzó el 6 de este mes, cuando funcionarios del Departamento de Investigación de Delitos de la Policía Nacional detuvieron, a unos 30 kilómetros de Asunción, a un camión con una carga de discos compactos sin documentación.
Ese mismo día, el despachante de aduanas José Chaparro tomó contacto con el hoy destituido Volpe y se hizo cargo de la mercadería decomisada, sin presentar los documentos que lo acreditaran como tal.
Volpe se comunicó entonces con González, para explicarle lo sucedido y pedir medidas contra los policías que habían detenido el camión, pues se encuentra en vigencia un decreto presidencial que prohíbe los controles carreteros, con la intención de evitar pedidos de soborno que eran muy frecuentes.
Los policías que participaron del decomiso recibieron duras sanciones, entre ellas algunas destituciones.
González decidió dar intervención a la fiscal de marcas Carmen Gubetich de Cattoni, quien al día siguiente verificó la carga y la liberó, con el argumento de que su dueño había presentado la documentación correspondiente.
Pero el escándalo estalló entre el jueves y el viernes, cuando tras denuncias periodísticas se constató que esos discos compactos habían ingresado al país de contrabando por el sudoccidental puerto de Villeta, y que los papeles presentados por Chaparro correspondían a otro despacho de importación.
El sábado se constató que Chaparro se encontraba prófugo, y que en su contra pesaba una orden de captura anterior, por contrabando. La carga ya había desaparecido.
El domingo, el presidente Duarte Frutos ordenó las destituciones de sus tres hombres de confianza.
La mafia creyó que el gobierno no tendría el coraje suficiente para tomar medidas. Sin embargo, sin contemplación, mirando los intereses del país, hemos adoptado las medidas necesarias, dijo el martes Duarte Frutos durante una conferencia de prensa en Brasil, donde estuvo en visita oficial hasta la tarde del miércoles. (
