La renuncia de dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Paraguay acelera la renovación del tribunal cuestionado por corrupción, mientras en el parlamento se prepara el juicio político a cuatro de sus nueve ministros.
Los jueces Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada presentaron sus renuncias este lunes, para evitar someterse al juicio político acordado el viernes por el presidente Nicanor Duarte Frutos y líderes de la oposición con representación parlamentaria.
El camino para los cambios en el máximo órgano judicial había comenzado a despejarse cuando Duarte Frutos logró el apoyo de 36 de los 40 diputados de su partido para que el parlamento iniciara el procedimiento constitucional para remover a seis jueces cuestionados, entre ellos Irala Burgos y Sapena Brugada.
Irala Burgos presentó renuncia a través de su abogado, Daniel Mendoca, y con una escueta nota dirigida al titular del Senado, Carlos Mateo Balmelli.
Mientras tanto, Sapena Brugada hizo lo propio ante el presidente de la Corte Suprema, Bonifacio Ríos Avalos, sobre el cual también pende el pedido de juicio político.
En su carta de dimisión, Sapena indicó que se hizo pública la lista de ministros que seríamos objeto del juicio político. A pesar de que varios protagonistas de la negociación sostuvieron que nos darán oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, no se puede dejar de considerar que en otras declaraciones se habló reiteradamente de destitución.
En estas circunstancias, cualquier defensa que esgrima será inútil, añadió.
En una reunión extraordinaria, la Corte Suprema declaró vacantes ambos cargos, y corresponde al Consejo de la Magistratura un llamado a concurso para cubrirlos.
Las renuncias sorprendieron, pues no se vislumbraban signos con anterioridad, dijo a IPS el experto Jorge Seall Sasiain, profesor de derecho constitucional, nacional y comparado de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica.
Seall Sasiain estimó que ambas dimisiones fueron ante todo una señal de dignidad.
Sobre Irala tengo el mayor de los conceptos y difícilmente se hubiera encontrado alguna causal de mal desempeño. Si bien habrá cometido algunas omisiones, éstas más que nada se deberían a su cada vez más deteriorado estado salud, expresó.
En su opinión, en la lista de procesados no se incluye a quienes deberían estar en ella.
El jurista se refería a los ministros Víctor Núñez y Antonio Fretes, los dos últimos en ingresar al cuerpo.
Fueron nombramientos infelices. Son del riñón 'argañista' (grupo del oficialista Partido Colorado, fiel a Luis María Argañas, asesinado en 1999 cuando era vicepresidente) que tampoco poseen el quilate profesional para ocupar un cargo tan importante, indicó.
Núñez y Fretes, al igual que Wildo Rienzi, continuarán en sus cargos.
Para el vicepresidente Luis Castiglioni las renuncias son un medio para el mejoramiento de la justicia en general.
Castiglioni expresó su esperanza en que los mejores profesionales se presenten a los concursos para que el Consejo de la Magistratura pueda incluir en las ternas a los más aptos y que no haya mucho trabajo en el Senado y el Ejecutivo para dilucidar a los nuevos miembros.
El presidente y los líderes opositores habían acordado iniciar juicio político a los dos renunciantes, al titular de la Corte Suprema y a los ministros Luis Lezcano Claude, Carlos Fernández Gadea y Felipe Santiago Paredes.
Los cuatro sobrevivientes afrontan acusaciones que van desde nepotismo a violación de la Constitución.
Tras el asesinato de Argaña en marzo de 1999 y las protestas masivas que precipitaron la dimisión del presidente Raúl Cubas, la Corte estableció, en abril del mismo año, que el entonces presidente del Congreso legislativo, Luis González Macchi, debía completar el mandato de Cubas hasta agosto de 2003.
Sin embargo, varios juristas sostienen que la Constitución establece claramente que ante doble acefalía (ausencia del presidente y del vicepresidente) corresponde el llamado a elecciones presidenciales anticipadas.
Otras acusaciones, divulgadas por el diario ABC Color, aseveran que miembros de la Corte intentaron, en forma ilegal según dictamen de la Procuraduría, apoderarse en junio de 2002 de un avión capturado en una operación contra una banda de narcotraficantes.
Luego del escándalo, la aeronave fue entregada en custodia al magistrado de primera instancia que intervino en el caso.
Un grupo de empresas constructoras presentó ante el Tribunal de Cuentas, a comienzos del año pasado, una denuncia contra la Corte, acusándola de fraude en una licitación para la construcción de un ala del nuevo Palacio de Justicia de Asunción.
La demanda fue retirada más tarde, sin explicaciones de sus promotores. Finalmente la Corte llamó a un nuevo concurso.
En otro polémico paso, los ministros del máximo organismo judicial se declararon inamovibles en mayo de 2000, un fallo también inconstitucional, apuntan juristas.
El Congreso no estableció aún la fecha ni los procedimientos para el juicio político, aunque la Constitución establece que la Cámara de Diputados es el ámbito que debe iniciar el proceso, con la parte acusatoria.
