La ciudadanía de Colombia se expresará este sábado, en referendo, sobre 15 propuestas del presidente Alvaro Uribe, que abarcan desde la congelación de salarios y pensiones para el sector público hasta la reducción del número de legisladores.
Uribe busca capitalizar su actual popularidad, de 70 por ciento entre los consultados en las últimas encuestas, en una fogosa campaña por el Sí en esa consulta popular, que prometió antes de ser elegido presidente y que se realizará un día antes de los comicios para gobernadores, asambleas departamentales, alcaldes y cabildos municipales.
Las propuestas del mandatario incluyen sanciones más severas a los empleados públicos corruptos, eliminación de las contralorías departamentales para centralizar la fiscalización del gasto público, y aumento del número de votos necesarios para legalizar un partido.
También la reorientación de las regalías por explotación de recursos naturales, que se propone destinar a saneamiento básico y educación, y la realización de audiencias públicas sobre gastos e inversiones de los presupuestos.
Uribe presentó en su campaña electoral a ese conjunto de iniciativas como una herramienta contra la corrupción y la politiquería, pero últimamente prefiere afirmar que el referendo será un plebiscito para la democracia y contra el terrorismo.
Ahora pide atiborrar de votos las urnas como respuesta a las agresiones terroristas, en referencia a dos atentados con coche-bomba y otros dos con cohetes, ocurridos en las últimas semanas en la capital y atribuidos por las autoridades a la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocidas por sus siglas FARC.
La Constitución de 1991 introdujo la posibilidad de realizar referendos, en los que votar no es obligatorio, y cuyo resultado es válido si sufragan por lo menos 25 por ciento de los habilitados para hacerlo. En este caso, los votantes deberían ser casi 6.268.000.
En el proselitismo por el Sí, secundan a Uribe sus ministros y algunos embajadores, ex presidentes del Partido Liberal (PL), mayoritario en el Congreso, los grandes empresarios y algunas organizaciones de base.
Entre los opositores a la iniciativa que propician el abstencionismo activo (no votar en el referendo), mediante una campaña con menos recursos que la oficialista, están la mayoría de la dirección del PL, el Partido Comunista, el Polo Democrático Independiente, sindicatos y algunas personalidades de la cultura.
Ese bloque coincide en que apoyar el referendo significa respaldar a Uribe y a sus medidas de ajuste económico y de recorte del proceso de descentralización administrativa que se inició con la Constitución de 1991.
En general, los abstencionistas apoyan la candidatura a la alcaldía de Bogotá del ex presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Eduardo Garzón, a quien las encuestas muestran en empate técnico con el periodista Juan Lozano, seguidor de Uribe y defensor del Sí en el referendo.
El conservador Juan Camilo Restrepo, quien fue ministro de Hacienda en el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) lidera el voto por No en el referendo.
La difícil comprensión del texto y alcance de las reformas propuestas, junto con la dispersión de opiniones dentro de cada fuerza política, determinan, por ejemplo, que no todos los que piensan votar Sí apoyen al gobierno, ni todos los que respaldan a Garzón sean abstencionistas.
El sociólogo y politólogo Hernando Gómez Buendía anunció que votará Sí este sábado a nueve de las 15 preguntas planteadas a los ciudadanos, entre ellas las referidas a la sanción para funcionarios corruptos, la congelación de salarios y pensiones, y el destino de regalías.
Pero también señaló que al día siguiente votará por Garzón para alcalde de Bogotá, porque piensa que es lo mejor para Colombia tras la renuncia del candidato oficial del PL, el ex alcalde Jaime Castro.
El presidente del consorcio automovilístico Mazda, José Fernando Isaza, expresó un sentimiento frecuente entre los abstencionistas al afirmar que no votar en el referendo y apoyar a Garzón son las salidas más democráticas para quienes no somos uribistas ni terroristas.
El director del semanario comunista Voz, Carlos Lozano, dijo a IPS que el referendo equivale un plebiscito convocado por el presidente para buscar respaldo a su política de seguridad democrática.
Muchas de las 15 preguntas son inocuas e insustanciales, y se refieren a cuestiones en las que no se requiere una consulta de esta índole para que haya decisiones ordinarias de los poderes Ejecutivo o Legislativo, opinó.
El senador Jorge Robledo, del maoísta Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, arguyó que el trasfondo del referendo es terriblemente antidemocrático.
Robledo, catedrático universitario y dirigente de paros cívicos agrarios, recordó que los regímenes autoritarios de Adolfo Hitler en Alemania, de Francisco Franco en España, de Augusto Pinochet en Chile y de Alberto Fujimori en Perú apelaron a la consulta directa al pueblo.
El también senador Carlos Gaviria, ex presidente de la Corte Constitucional, denunció falta de garantías para los abstencionistas, al señalar que el gobierno decidió otorgar a quienes voten en el referendo ciertos privilegios que obtienen, desde 1997, quienes sufragan en otro tipo de comicios no obligatorios.
Esos privilegios se aplican, por ejemplo, entre aspirantes a cargos públicos, cupos universitarios o créditos estatales, ya que se da prioridad a quienes presentan una constancia de haber votado.
Para las jornadas electorales del fin de semana habrá 9.000 puestos de votación con 75.000 mesas, entre ellas 558 mesas en embajadas y consulados en otros países.
Facsímiles del cuestionario con las 15 preguntas, redactado con terminología técnica y jurídica, y cuya lectura tarda en promedio 20 minutos, han sido publicados en todos los periódicos del país, a costa de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
La directora de ese organismo, Alma Rengifo, aseguró que habrá plenas garantías de seguridad para votar en 95 por ciento del territorio nacional, y que la fuerza pública está dispuesta a tal efecto en 1.094 de los 1.098 municipios colombianos.
La funcionaria también señaló que se modificaron los formularios que deberán llenar los presidentes de mesa y los 500.000 jurados de votación, para evitar que ocurra un fraude como el ocurrido en los comicios de 2002, cuando se eligió el actual Congreso.
Una investigación de la Procuraduría General de la Nación concluyó que en 27 por ciento de las mesas escrutadas en esas elecciones hubo irregularidades, entre ellas suplantaciones de jurados, alteración de formularios y enmendaduras en ellos.
Una sala especial de la Corte Electoral debe decidir si es necesario repetir los escrutinios, una vez que termine el estudio de 37 cajas con 200 cuadernillos en los que se documenta el fraude, proporcionadas por la Procuraduría.
El senador Jairo Clopatosftky, autor de un proyecto de ley ya aprobado pero aún no implementado para establecer el voto por procedimientos electrónicas, dijo a IPS que la transparencia electoral sólo se garantizará plenamente cuando ese mecanismo se aplique y la Registraduría digitalice las cédulas de los colombianos.
Observadores locales y externos prevén que la doble votación de este fin de semana transcurrirá dentro de la normalidad colombiana, pese a esas objeciones y a que la campaña estuvo marcada por 25 asesinatos de candidatos a gobernadores, alcaldes o concejales municipales, atribuidos a guerrilleros de izquierda o paramilitares de derecha.
Las encuestadoras no han formulado pronósticos firmes sobre lo que ocurrirá con las 15 propuestas sometidas a referendo, pero para el ex ministro de Comunicaciones, Armado Benedetti, el capital político del Presidente Uribe quedará intacto.
Otros analistas opinan que recién con resultados a la vista de los comicios de este domingo se podrá medir la real dimensión de los efectos del referendo del día anterior. (
