Unos 800 paramilitares de derecha preparan su desmovilización en el noroeste del país, en el marco de un acuerdo firmado con el gobierno, pero conflictos armados entre esas fuerzas causan nuevos desplazamientos forzados de población.
El caso más reciente, denunciado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ocurrió en el noreste del país, donde cerca de 700 personas, entre ellas 140 niñas y niños, huyeron en septiembre de enfrentamientos entre bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Según esa agencia del foro mundial, miembros del Bloque Central Bolívar y del Bloque Cacique Nutivara, participantes en negociaciones de paz con el gobierno, iniciaron el 15 de septiembre combates con integrantes del Bloque Metro, que no participa en ese proceso, y sólo 10 días después se hizo presente la fuerza pública.
La Oficina del Alto Comisionado condenó hechos de extrema violencia ocurridos en el marco de esos combates, y afirmó en un comunicado del 26 de septiembre que se habían ”quebrantado las normas internacionales sobre trato humano, protección y asistencia a los heridos, y protección de unidades y medios de transporte sanitarios”.
Un miembro de una organización no gubernamental (ONG) defensora de los derechos humanos que hizo labores de acompañamiento a la población civil en la zona dijo a IPS, a condición de no ser identificado, que paramilitares ”quemaron vivas en los galpones las gallinas que no se llevaron y sacaron de los estanques los peces para que murieran”.
Algunos campesinos presenciaron el asesinato de un combatiente que había resultado herido en la confrontación, cuando era trasladado en una ambulancia, aseguró.
La asistencia humanitaria a desplazados de las localidades de La Mora, Chorro Blanco, San Juan y El Táchira, que llegaron hasta San Roque, el centro urbano más próximo, fue coordinada por un funcionario de la estatal Red de Solidaridad, que se ocupa de ese tipo de situaciones.
En esos enfrentamientos, los bloques que anunciaron su intención de desmovilizarse buscan debilitar al Bloque Metro, que se ha opuesto a integrarse a la mesa de acercamiento con el gobierno, sostuvo la fuente.
En julio, el gobierno del presidente Alvaro Uribe logró tras negociar con paramilitares un acuerdo para la desmovilización, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2005, de nueve bloques de las AUC, que según el máximo líder de esa organización, Carlos Castaño, suman 90 por ciento del total de sus fuerzas.
Pero el jefe del Bloque Metro, que se identifica con el alias ”Rodrigo”, comunicó a Uribe, en una carta fechada el 19 de septiembre, que quería integrarse a una mesa de diálogo ”diferente a la del narcotráfico”, en alusión a la presunta actividad en esa área delictiva de los bloques Cacique Nutivara y Central Bolívar.
El año pasado, el Bloque Metro tomó distancia del resto de las AUC, con el argumento de otros grupos tenían nexos con el narcotráfico.
Harvey Suárez, de la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), sostuvo que los conflictos entre fracciones de las AUC causan, además de desplazamientos forzados, otras formas de violación de los derechos humanos de la población civil.
En la nororiental región del Catatumbo y en la Sierra Nevada de Santa Marta, reserva natural del norte, los civiles sufren confinamientos y bloqueos por parte de los actores armados que controlan el territorio.
”Sólo nos permiten (los paramilitares) comprar un tope de 100.000 pesos (35 dólares) en víveres para un mes, y nos requisan en puestos de control”, con el argumento de que es para que no entreguemos aportes a la guerrilla, dijo a una ONG un campesino que pidió por seguridad no ser identificado.
Según la Codhes, en lo que va del año la cantidad de desplazados ha bajado 42 por ciento, pero el confinamiento y los bloqueos pueden hacer que vuelva a aumentar.
Esa institución registró en el primer semestre de este año 119.600 nuevos casos de desplazamiento a causa del conflicto armado, que llevaron el total desde 1985 a cerca de tres millones.
Para esa ONG, 2002 fue, con 412.553 desplazados, el año con mayor cantidad de los mismos desde 1985, debido a la ruptura de las negociaciones de paz que llevaba a cabo el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La ley establece que la Red de Solidaridad debe ”prestar ayuda humanitaria para atender las necesidades básicas de alimento, vestuario, salud y alojamiento digno” a los desplazados, pero según la Codhes, cada vez se recortan más los recursos para la atención integral del problema.
