COLOMBIA: Asesinatos de 691 maestros están impunes

Katarina Tomasevski, relatora especial sobre derecho a la educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló en Colombia la impunidad en la última década de 691 asesinatos de maestros y la ausencia de los derechos humanos en el plan gubernamental denominado ”Revolución educativa”.

Tomasevski, abogada y profesora de la universidad sueca de Lund, es especialista en el área de los derechos humanos, en la que trabaja desde hace 25 años, cuando vino por primera vez a Colombia para realizar un estudio sobre la situación de niños en cárceles.

Desde entonces se ha agudizado el conflicto armado interno y ha aumentado el presupuesto militar del Estado, en detrimento de la inversión en educación, destacó.

”Para este gobierno, la prioridad es el gasto militar”, que ”no es una inversión productiva”, dijo Tomasevski a IPS.

Es necesario aumentar 30 por ciento el presupuesto de la educación, para ”invertir en el futuro pacífico de este país”, opinó.

A su juicio, lo más ”peligroso es la fragmentación de la sociedad colombiana. En los años 80 no había tanta seguridad pública y privada para proteger a los ricos en Bogotá”, y el avance en ese sentido, desde su punto de vista ”nórdico e igualitario, tiene consecuencias graves para el país”.

A partir de testimonios que recogió durante 10 días de visita al país, y que serán la base del documento preliminar de recomendaciones que presentará la próxima semana al Gobierno, la relatora hizo un bosquejo de la crisis de derechos humanos y económicos, sociales y culturales en el sector educativo.

”Una de las denuncias que los niños hicieron se refiere a que la educación es clasista: los niños pobres y los niños ricos no se encuentran nunca. Entonces, ¿cómo se puede establecer un diálogo y una estrategia común si los niños no hablan entre sí?”, preguntó Tomasevski.

También contó que una maestra le dijo que ”era muy difícil trabajar con los alumnos” entre los distintos grupos armados, incluida la fuerza pública, porque ”no hay protección para aislar a las escuelas del conflicto”.

La policía ofrece golosinas y otras recompensas a niñas y niños por vincularse con redes de informantes, y los paramilitares de derecha y guerrilleros de izquierda les ofrecen sueldos, contó esa maestra, cuyo salario es unos 125 dólares, menos de la mitad de lo que los paramilitares pagan a uno de sus alumnos, de 16 años.

Sobre la falta de esclarecimiento de los 691 asesinatos de maestros ocurridos en la última década según la Escuela Nacional Sindical, y las muertes en el mismo periodo de 70 profesores y alumnos universitarios, Tomasevski destacó la ”falta de monitoreo” del Estado.

Ante cifras como las de este año, con un promedio de tres maestros asesinados por mes, ”me sorprendió que el gobierno no tenga ningún tipo de monitoreo sobre por qué, cómo y quién” es responsable, comentó.

De 2000 a 2003 fueron asesinados 191 educadores, de los cuales 58 murieron después del 7 de agosto de 2002, cuando asumió el actual presidente Alvaro Uribe.

Según la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), que cuenta con 280.000 afiliados, la cantidad de maestros asesinados desde 1993 es 650, y dos de ellos murieron con posterioridad a los casos registrados en el informe que presentaron a la relatora de la ONU.

Oscar Ramón, de la Comisión de Derechos Humanos de la Fecode, dijo a IPS que más de 50 maestros se vieron forzados a escapar en el último año y medio del oriental departamento de Arauca, de donde procede el sindicalista.

En ese periodo fueron amenazados y huyeron sólo del municipio de Tame 30 maestros, comentó.

Un documento de la Fecode reseña 17 formas de violación de los derechos humanos de los educadores, entre ellas amenazas telefónicas y escritas, hostigamiento armado a sus residencias, ultimátum para que abandonen sus puestos de trabajo y extorsión de los grupos armados.

También señala la existencia de listas de maestros declarados objetivos militares, prohibiciones de la cátedra de ciencias sociales y naturales, letreros con amenazas de muerte en los muros de las escuelas, y reuniones en los predios escolares organizadas por grupos armados ilegales.

El informe de la organización sindical consigna que 10 maestros están presos bajo cargos de terrorismo y rebelión, y asegura que ”en tres de estos casos se vulneraron las garantías constitucionales”.

”El gobierno está especulando” si la razón principal de los asesinatos de educadores es la pertenencia de los maestros a sindicatos o el aumento general de la violencia en el país, pero no se preocupa de lo central que es ”proteger a los maestros como educadores profesionales”, manifestó Tomasevski.

A su juicio, esa protección no debe limitarse a la defensa de la vida, sino que también implica velar por los derechos económicos y las libertades de cátedra y de expresión.

”Es muy grave que después de que asesinan a un maestro, quien lo reemplaza no pueda explicar a sus alumnos los motivos de esa muerte porque 'hablar es peligroso'”, enfatizó la relatora.

Uno de los reparos que Tomasevski presentó en una entrevista a la ministra de Educación, Cecilia Vélez, y al vicepresidente Francisco Santos, responsable de la política de derechos humanos, es el enfoque exclusivamente financiero de la política educativa gubernamental.

”Lo más preocupante para mí fue encontrar una situación donde los obstáculos financieros son el gran problema de la educación. El gobierno no tiene ningún compromiso con respecto a la gratuidad de la educación, por lo menos la primaria, y sabemos que faltan de uno a tres millones de cupos”, dijo la experta a IPS.

Por eso, una de las primeras recomendaciones que incluirá su informe es ”incorporar en sus obligaciones internacionales la educación gratuita pública para todos los niños en edad escolar”, tal como la mayoría de países de la región.

Tomasevski calificó de ejemplares los esfuerzos que han hecho en la materia los dos últimos gobiernos de Brasil (los del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2003, y el del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva), y los actuales de Venezuela y Ecuador, encabezados, respectivamente, por los presidentes Hugo Chávez y Lucio Gutiérrez.

Otras recomendaciones adelantadas por la relatora a IPS se referirán a la necesidad de indagar, con perspectiva de género, la incidencia del conflicto interno en la comunidad educativa, y la necesidad de respetar las diferencias culturales.

Es ”importantísimo” proteger a las mujeres maestras, sobre quienes recae gran parte del peso de la educación, dijo.

En cuanto a la diversidad cultural, Tomasevski se mostró partidaria de respetar iniciativas de las comunidades afrocolombianas e indígenas de la región del occidental región del Chocó, ”sobre las que los blancos conocemos tan poco”.

Aunque la escolarización sea pagada por el Estado, éste debería aceptar el modelo propuesto por las comunidades chocoanas, porque responde a sus tradiciones y cultura, afirmó.

La relatora presentará su informe final en marzo o abril de 2004 a la sesión anual en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y allí el gobierno colombiano tendrá una nueva posibilidad de incluir comentarios y anotaciones.

Tomasevski dijo esperar que las autoridades acepten sus recomendaciones, y dijo que pese al desolador panorama que encontró, siente ”optimismo” por la actitud de la sociedad civil y de organismos como la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional en relación con la defensa del derecho a la educación. (