CHILE: Mujeres por la despenalización del aborto

Los abortos inducidos son ilegales en Chile, pero se realizan de 75.000 a 200.000 por año, según distintos cálculos, con grave riesgo para la salud de las mujeres. Esfuerzos por discutir el asunto, impulsados ante todo por activistas, se estrellan contra un muro de silencio.

El 28 de septiembre, Día por la Despenalización del Aborto en Latinoamérica y el Caribe, 232 chilenas mayores de 18 años de edad reconocieron haberse practicado abortos en forma voluntaria, y publicaron sus nombres y firmas en un diario de circulación nacional.

Esa iniciativa, de la Mesa Feminista por la Despenalización del Aborto, buscó principalmente poner el tema en el debate ciudadano e instar a los legisladores a revisar las normas que prohíben desde 1989 el aborto en cualquier circunstancia.

Pero la novedosa medida no logró crear polémica, y el silencio de distintos sectores de la sociedad no es algo que sorprenda a Carolina Carrera, integrante de la organización feminista, quien está convencida que, tanto los medios de comunicación como los actores políticos prefieren callar ante temas que les causan conflictos.

”Es como poner un velo y no querer ver que esto apareció”, explicó a IPS.

Carrera considera necesario despenalizar el aborto, en beneficio de ”la maternidad libre y voluntaria de las mujeres”, que las mujeres puedan interrumpir embarazos en casos de violación o dificultades médicas, sin exponerse a sanciones.

”La democracia se basa en que la gente tiene la libertad de optar”, alegó.

Ximena Zabala, directora de la Fundación Instituto de la Mujer dijo a IPS que la revisión de la legalidad del aborto es necesaria y posible, si se levantan vetos de poderes fácticos que en la actualidad impiden ”discutir libremente y que las opiniones de los actores tengan el mismo peso”.

”Es un tema confiscado por la Iglesia (Católica)”, aseguró.

El médico Guido Girardi, diputado del Partido por la Democracia, aseguró a IPS que la penalización no sirve, porque los abortos se hacen de todos modos, y por eso cree que la sociedad chilena debería abrir la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando ”haya riesgo vital para la madre” o se deba a ”violación o incesto”.

La coordinadora nacional del Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, Rosa Espínola, defiende la despenalización del aborto con cifras de estudios internacionales, según los cuales en Chile se practican de 160.000 a 200.000 por año.

Todos son clandestinos, ”pero con el agravante que la gente de los sectores populares pone en riesgo su vida y su salud” recalcó a IPS.

Según la Organización Mundial de la Salud, en América Latina se realizan cuatro millones de abortos inducidos al año, y por complicaciones derivadas de ellos se produce la muerte anual de unas 6.000 mujeres.

El Ministerio de Salud chileno aduce que los abortos clandestinos en el país son unos 75.000 por año.

Pero el médico René Castro, encargado del Programa de la Mujer de ese ministerio, fue enfático al señalar a IPS que ”la penalización, desgraciadamente, no previene ningún aborto”, e indicó que esa práctica se concentra en las mujeres de 20 a 25 años.

Las políticas públicas de salud apuntan a prevenir el embarazo no deseado y evitar el aborto, y en el caso de la mujer que ya abortó ”uno debería, más que penalizar, rehabilitar, en el buen sentido de la palabra”, opinó.

Según Castro, ”la mujer que se hace un aborto es una especie de delincuente entre comillas o, en el fondo, también es una víctima, por la situación que la lleva a tomar tan drástica decisión”, dijo.

Las mujeres que se han provocado un aborto arriesgan su salud física y psicológica, además de exponerse a sanciones penales.

La clandestinidad de estas prácticas favorece la incidencia de complicaciones, y las mujeres que ingresan al sistema de salud por esa causa reciben ”una pésima calidad de atención médica”, además de correr ”el riesgo de ser denunciadas”, apuntó Espínola.

La ley chilena vigente prohíbe incluso el aborto terapéutico (el que se realiza para salvar la vida de la madre), que estuvo autorizado de 1931 a 1989, y establece una pena de cárcel, mínima de tres años y un día, y máxima de cinco años, para las mujeres que aborten.

Las penas para quienes realizan abortos van de 541 días a tres años de cárcel, agravándose si se trata de profesionales de la salud.

Una de las discusiones pendientes sobre el tema es si el aborto puede considerarse asesinato, ya que el artículo 74 del Código Civil dice que el embrión se constituye en persona una vez que abandona el vientre materno.

La Iglesia Católica afirma que el feto es persona desde el momento mismo de la concepción.

Hace dos años se presentó al Congreso un proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que aún ”debe estar en alguna comisión, ya sea de Salud o de la Familia”, según Girardi.

El lento trámite se atribuye a que ”en el Ejecutivo y el Ministerio de Salud no hay ninguna intención de que ese proyecto se discuta, se debata y, por último, se rechace. Ni siquiera está en discusión”, aseguró Espíndola.

Sin embargo, Chile se comprometió en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en 1995 en Beijing, a revisar las leyes que castigan a las mujeres que abortan.

En 1999, el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas señalaron al gobierno chileno la necesidad de que el país revisara sus leyes sobre el aborto y recomendaron restaurar, por lo menos, la autorización del aborto terapéutico.

Las 232 mujeres que reconocieron haber abortado en forma voluntaria podrían tener problemas legales, indicó a IPS el abogado penalista y diputado Juan Bustos.

La antropóloga Susana Herrera, del Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, dependiente de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos, realizó un estudio denominado ”El Aborto en el Imaginario Femenino. Víctima y Victimarios”, en el que recogió testimonios de 12 mujeres que se practicaron abortos.

Según esa investigación, la mujeres comparten la categoría de víctimas y victimarias. Y en ambas calificaciones, la sociedad juega un rol trascendental al exigirle modelos de maternidad idealizados, a veces inalcanzables, y las convierte en transgresoras por haber quedado embarazadas fuera del modelo inculcado.

”A las mujeres se les obliga a realizarse un test de embarazo, cuando se les despide (por estar embarazadas) no se reconocen sus derechos laborales, los hombres las abandonan cuando están embarazadas, se les impide continuar los estudios a las jóvenes embarazadas o madres adolescentes, destacó Espínola.

En otras palabras, ”una serie de condiciones van presionando a que las mujeres opten por aborto”, sostuvo.

El castigo, la soledad y la culpa acompañan la vida de las mujeres después que abortan, si, a través de agentes externos, reconocen al feto como persona y experimentan el arrepentimiento.

Según Herrera, la penalización del aborto vulnera el derecho de la mujer a ”la libertad de decidir si quiere o no quiere ser madre”, así como ”el derecho a la privacidad”, porque se trata de ”su cuerpo y su vida”, y también implica discriminación socioeconómica y de género.

Remediar ese problema implica la toma de conciencia social, ”que involucra al hombre y a la mujer, porque no es un problema sólo de mujeres”, aseveró.

La Mesa Feminista no se rinde, y continúa la recolección de firmas de mujeres que han abortado, así como las de hombres y mujeres que apoyan la despenalización del aborto, y prevé publicar los resultados. (