La presunta participación de dos senadores afines al ex dictador Augusto Pinochet en una red de paidofilia tiende a aumentar en Chile el descrédito de los políticos, que en su mayoría, y con independencia de ideologías, cerraron filas al comienzo contra esa denuncia de una diputada derechista.
Las primeras reacciones de dirigentes políticos y funcionarios del gobierno incluyeron además ataques a periodistas, pero cedieron paso a la cautela, a la luz de nuevos datos que apoyarían las acusaciones formuladas el 10 de este mes por la legisladora Pía Guzmán, del Partido Renovación Nacional (PRN).
El más complicado por tales denuncias es el senador Jovino Novoa, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), acusado de violar y prostituir a una joven que tenía 16 años, según testimonio de la presunta víctima, que hoy tiene 20, ante el juez especial de instrucción Daniel Calvo, que investiga una red de paidofilia montada por el empresario Claudio Spiniak.
Novoa fundó en 1967 junto a Jaime Guzmán, asesinado en 1991, el Movimiento Gremialista, germen de la UDI, la fuerza más votada en las últimas elecciones parlamentarias, de diciembre de 2001. El senador, de 58 años, fue también viceministro de la Secretaría General de Gobierno de 1979 a 1982, bajo la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Cada vez que los periodistas dan en el clavo, la reacción de los políticos u otros acusados es alegar que hay un complot contra ellos, dijo a IPS Alejandra Matus, directora de la revista Plan B, que hizo trascender en su edición del 23 de este mes la denuncia contra Novoa de la joven, cuyo nombre se mantiene en reserva.
Matus comentó así la actitud de la directiva de la UDI, encabezada por el diputado Pablo Longueira, quien presentó una querella judicial por injurias contra Guzmán y aseveró que existe una conjura contra su partido, orquestada por dirigentes políticos y periodistas.
Guzmán dijo el 10 de este mes, en un programa matutino de la estatal Televisión Nacional, que había tres parlamentarios involucrados en la red de paidofilia de Spiniak: dos de Alianza por Chile (coalición electoral de la UDI y el PRN) y el restante del Partido Demócrata Cristiano, miembro de la gobernante y centroizquierdista Concertación por la Democracia.
En esa ocasión, la diputada no dio nombres. Luego, un periodista le preguntó si los parlamentarios de la Alianza eran Novoa y el también senador de la UDI Carlos Bombal. Ella declinó responder, pero la pregunta fue difundida por varias emisoras y en el principal noticiero de Televisión Nacional.
Bombal, de 52 años, se destacó como líder juvenil bajo el régimen de Pinochet, quien lo designó alcalde del municipio de Santiago-Centro de 1981 a 1987.
Las autoridades de la televisión estatal pidieron públicamente disculpas a la UDI por no haber eliminado de la nota periodística la incómoda pregunta, pero no cedieron a presiones de la derecha para que se despidiera al periodista Mario Aguilera, editor del noticiero.
La directiva del PRN pidió también excusas a la UDI, y destituyó a la diputada Guzmán de su cargo de vicepresidenta del partido, mientras la mayoría de los políticos, a través de las autoridades del Senado y la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y de las dirigencias partidarias, también expresaban solidaridad con Novoa y Bombal.
El presidente Ricardo Lagos, un socialista moderado, fustigó las denuncias ”al voleo” (imprecisas), y su ministro del Interior, José Miguel Insulza, también socialista, dijo categóricamente que el gobierno combate la paidofilia, pero defiende la honra de las personas.
Las aseveraciones del ministro no lograron despejar sospechas sobre la existencia de poderosos intereses que protegen a Spiniak, cuya red de paidofilia y prostitución infantil fue detectada en diciembre de 2002, cuando se arrestó a ese empresario, dueño de un gimnasio de lujo, por tenencia de drogas.
En esa oportunidad, las autoridades se incautaron de unos 300 vídeos, que eran propiedad de Spiniak y quedaron depositados en un tribunal sin que nadie los revisara, mientras el empresario salía en libertad gracias a que altos jefes de Carabineros (policía militarizada) se abstuvieron de formalizar cargos contra él.
A fines de septiembre, Spiniak fue arrestado otra vez, cuando un niño dio información a la fuerza policial civil de Investigaciones sobre reclutamiento infantil en el centro de Santiago para fiestas que organizaba el empresario en una mansión de El Arrayán, en los contrafuertes cordilleranos de la capital.
Recién tras esta segunda detención de Spiniak, la justicia comenzó a revisar su colección de vídeos, y halló que algunos registran aberraciones con víctimas infantiles, incluyendo violaciones e ingesta de orines y excrementos.
La jueza a cuyo cargo habían quedado inicialmente los vídeos fue separada del caso y sancionada por negligencia.
La red de Spiniak, que incluiría también a empresarios y jefes policiales, ha sido la manifestación más visible del fenómeno de la explotación sexual de la infancia en Chile. El Servicio Nacional del Menor ha registrado 3.720 víctimas de ese delito, y 80 por ciento de esta cifra fueron niñas de 12 a 13 años.
Mientras Guzmán era sometida a aislamiento por sus colegas parlamentarios y su propio partido, la denuncia de la diputada ganó credibilidad entre los encuestados en forma telefónica por emisoras de radio y televisión, y según opiniones registradas en foros de sitios periodísticos en Internet, la red mundial de computadoras.
Un niño identificado solamente como L.Z., testigo en el proceso contra Spiniak por haber participado en sus fiestas, dijo a Televisión Nacional y al canal Chilevisión que en ellas vio a un político conocido.
Pero esa aseveración fue calificada de poco creíble por José Valdivia, el director de la Fundación Margen, especializada en atención a la infancia víctima de explotación sexual, que contactó al joven testigo y comentó que los niños de la calle rara vez ven noticieros de TV o leen diarios, por lo cual es difícil que puedan estar familiarizados con rostros de políticos.
No obstante, la UDI llamó la atención sobre el pasado de Valdivia como militante del insurgente Frente Patriótico Manuel Rodríguez, para levantar la tesis del complot, en el cual involucró también a los diputados Guido Girardi y María Antonieta Saa, del cogobernante Partido Por la Democracia, que pusieron a los canales de televisión en contacto con L.Z.
Longueira incluyó también en la trama al periodista Aguilera, quien fue preso político durante la dictadura, y a Víctor Gutiérrez, un reportero de Chilevisión que vivió en Estados Unidos, donde se hizo conocido por denuncias sensacionalistas contra personajes famosos como el cantante Michael Jackson, acusado de pedófilo por Gutiérrez, entre muchos otros.
El dirigente de la UDI aseguró que el complot buscaba desprestigiar a ese partido para impedir que su líder Joaquín Lavín, actual alcalde de Santiago-Centro, gane las elecciones presidenciales de diciembre de 2005.
El presidente del Colegio de Periodistas, Guillermo Torres, presentó un recurso judicial en defensa del derecho a informar, y dijo a IPS que los ataques de Longueira a Aguilera son absurdos, ridículos, infundados y propios de quien no ha asumido las prácticas democráticas.
La tesis de la conjura comenzó a desmoronarse el 22 de este mes, cuando el diputado Arturo Longton, del PRN, apoyó en una entrevista de televisión la denuncia de Guzmán. Dos días después, el sacerdote José Luis Artiagoitía, que atiende a población infantil en riesgo, elogió también a la diputada.
Artiagoitía fue quien puso al juez Calvo en contacto con la joven que acusa a Novoa.
El sacerdote dijo tener la certeza de que al menos una niña fue torturada y presuntamente asesinada en las orgías paidofílicas de Spiniak.
El empresario y ex senador Sebastián Piñera, presidente del PRN, dio un vuelco en su posición el día 25, al respaldar decididamente a Guzmán.
La UDI se equivocó al calificar a esa diputada de perversa, mentirosa o desequilibrada, dijo Piñera en una entrevista radial.
El caso puede causar en lo inmediato una ruptura de la alianza entre la UDI y el PRN, y en mayor plazo acentúan el descrédito de la llamada clase política y de algunas de sus prácticas, opinó Torres.
Pero la socióloga Marta Lagos, directora de la empresa Latinobarómetro, comentó a IPS, sobre ese presunto descrédito generalizado, que los periodistas siempre intentan poner calificativos categóricos a fenómenos que no son categóricos.
Lo más frecuente es que un ciudadano tenga buena opinión del político que él elige, y muy mala sobre la política en general, explicó la experta, para quien este caso muestra que lo que está desacreditado es la política de las copuchas (rumores).
El sociólogo Manuel Canales, de la Universidad de Chile, planteó a IPS que prefiere hablar de actores políticos, ya que el concepto clase política remite a una elite, un grupo cerrado sobre sí mismo, que responde ante sí mismo y del cual, por lo tanto, sólo cabe esperar una mala imagen.
Lo que está en juego, en el fondo del escándalo de la paidofilia, es el prestigio de las instituciones y de los actores políticos, y en ese sentido es parte de un proceso progresivo de desgaste de la propia democracia como convivencia racional y civilizada, afirmó. (
