Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia de Bolivia este viernes tras ser abandonado por sus aliados en medio de masivas protestas sociales, reprimidas con el saldo de unos 70 muertos. Todo indica que será reemplazado por el vicepresidente Carlos Mesa.
Mesa le había quitado el respaldo a Sánchez de Lozada el lunes en discrepancia con el manejo del conflicto social, iniciado hace un mes con cortes de rutas para luego extenderse a todo el país de la mano de decenas de organizaciones sociales y que desde el sábado paralizó El Alto y la vecina La Paz, sede del gobierno.
Sánchez de Lozada hizo efectiva su renuncia a través de una carta enviada al Congreso Nacional legislativo, que hasta entrada la noche aún se había logrado reunir para dar lectura a ese documento.
Cerca de las 17.00 hora local (21.00 GMT), el ahora ex mandatario se marchó de la residencia presidencial y se dirigió en helicóptero con rumbo desconocido, aunque se presume que su destino podría ser Argentina o Perú.
El diputado Evo Morales, uno de los principales conductores de la protesta, señaló que está dispuesto a apoyar la designación de Mesa como nuevo presidente, pero apuntó que lo respaldará mientras cumpla las expectativas del pueblo, en referencia a reformar la Constitución y cambiar el modelo de economía de mercado.
Ahora, tras su dimisión, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por las muertes a manos de la represión militar-policial, añadió Morales, líder campesino y del izquierdista Movimiento al Socialismo.
Aún no se conoce si el reemplazante cumplirá el periodo de gobierno de Sánchez de Lozada de cinco años, que finalizará el 6 de agosto de 2007, o si sólo será de transición hasta convocar elecciones anticipadas.
Mientras, ni Morales ni el dirigente aymara y diputado Felipe Quispe, otro de los líderes de las movilizaciones, se pronunciaron sobre una probable participación de sus respectivas fuerzas políticas en el nuevo gobierno.
La renuncia de Sánchez de Lozada, de 73 años, se produce luego que en dos ocasiones esta semana afirmara que no pensaba hacerlo, pues de lo contrario daría paso a un proceso de desestabilización de la democracia, que según él encabeza Morales.
El mandatario saliente aseguró en varias oportunidades esta semana que se enfrentaba a una conspiración subversiva apoyado desde el exterior, que aprovechaba las protestas sociales iniciada especialmente en rechazo del proyecto de venta de gas natural a América del Norte por entender que es lesivo para el país.
En un intento por desactivar la protesta, Sánchez de Lozada declaró el miércoles que aceptaba buena parte de las demandas iniciales de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política.
Para ello confirmó la convocatoria de un referendo para definir la suerte del plan de exportación de gas y ofreció renegociar con las firmas petroleras transnacionales para mejorar los ingresos del Estado en impuestos y regalías del sector, además de instalar una asamblea constituyente para reformar la ley fundamental.
Pero ya era tarde para ese ofrecimiento según los líderes sociales y opositores, que tras un mes de protestas sin respuesta reclamaron directamente la renuncia del presidente, como se acaba de concretar.
La ciudad de El Alto, la más pobre del país, se encuentra convulsionada desde hace un mes con marchas y bloqueos de calles, que a medida que fueron pasando los días crecían en magnitud y fuerza.
Sin embargo, fue a partir del sábado pasado que arreciaron las movilizaciones y se intensificó la represión de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas, que dejaron unos 70 muertos según distintas fuentes, aunque oficialmente sólo se admiten 40, y más de un centenar de heridos en La Paz y El Alto.
En ese marco, también se señaló que agentes de inteligencia del gobierno intentaron acallar a algunos medios de comunicación, particularmente de radio y televisión, y que se intentó secuestrar ediciones de medios de prensa.
Aunque las autoridades lo negaron, los responsables de varios medios de comunicación particularmente duros en sus críticas a Sánchez de Lozada ratificaron esos intentos de coartar la libertad de expresión.
La protesta de indígenas, campesinos, activistas humanitarios, sindicalistas industriales y otros grupos sociales enarboló en un principio la bandera contra los contratos de exportación de gas con privados y el posible uso para ello de un puerto de Chile, que en el pasado se apropió del litoral boliviano con el océano Pacífico.
Pero esa movilización se hizo prolongada y masiva porque también reflejaba un histórico descontento por las condiciones de pobreza de trabajadores y población en general, y las prácticas políticas tradicionales de corrupción y clientelismo.
Las cifras delatan que Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con la pobreza que alcanza a más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes y tres de cada 10 de ellos en la indigencia, mientras que casi 13 por ciento de la población económicamente activa está desempleada.
Datos extraoficiales indican además que más de un millón de personas que se desempeñan en la economía informal y trabajadores mineros reciben un ingreso mensual de 14 dólares, con jornadas laborales de 14 horas y cerca de 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día.
Desde el miércoles, a la protesta de los grupos sociales se sumaron también figuras del mundo de la cultura y otras personalidades, quienes liderados por la ex defensora del Pueblo Ana María Campero iniciaron una huelga de hambre.
Sánchez de Lozada, uno de los más poderosos empresarios mineros de este país, asumió la presidencia el 6 de agosto de 2002, luego de ser elegido por el parlamento, que debió optar en competencia con Morales, quien había quedado segundo en las elecciones generales de ese mismo año.
El empresario había ganado los comicios, pero no llegó a obtener los votos necesarios para poder asumir de modo directo, situación que lo logra en el parlamento gracias a una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).
Esta era la segunda presidencia de Sánchez de Lozada, quien también había detentado el gobierno de 1993 a 1997, durante el cual llevó a cabo el llamado proceso de capitalización (una fórmula combinada de privatización con participación estatal), que transfirió las empresas y los pozos petroleros al control de las firmas transnacionales.
Goni es el apelativo del hasta hoy presidente de Bolivia, pero los manifestantes lo llamaban Gringo, por su marcado acento inglés debido a que se educó y vivió largos años en Estados Unidos. (
