Argentina y Brasil se aprestan a mediar entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, y las fuerzas sociales y políticas que ocupan las calles de La Paz exigiendo su renuncia, tras un mes de protestas y sangrienta represión.
El canciller Carlos Saavedra informó que delegados de los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, llegarán este viernes a Bolivia para buscar salida a la crisis ante el incremento de la movilización contra Sánchez de Lozada, que perdió el respaldo hasta de sus aliados más próximos.
"Ellos vienen a evaluar la situación del país y a partir de ahí se verá la agenda específica", dijo el canciller, quien se mostró cauto para no utilizar el término mediación, aunque dejó entender que de eso se trata.
Las manifestaciones arreciaron en todo el país este jueves, en especial en la plaza San Francisco, en el centro de La Paz, donde se concentró la mayor multitud desde que hace un mes comenzara la protesta contra el plan oficial de exportar gas natural a América del Norte, considerado lesivo para los intereses de Bolivia.
Esas protestas, que responden también a reclamos sectoriales de diverso orden y que derivaron en la exigencia de renuncia de Sánchez de Lozada, se intensificaron desde el sábado en La Paz, donde se ubica la sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto.
La represión policial y militar ordenada desde entonces por el mandatario en ambas ciudades dejó el saldo de 40 personas muertas, según admite la Policía Técnica Judicial, pero que otras fuentes elevan hasta 70, además de centenares de heridos.
Mineros, campesinos, maestros, trabajadores industriales y juntas vecinales de la vecina ciudad de El Alto y de La Paz, entre otros, confluyeron este jueves en la plaza San Francisco, en el quinto día de huelga en ambas ciudades, con consignas diversas y un reclamo común que es la renuncia a la presidencia de Sánchez de Lozada.
A diferencia de las jornadas anteriores, esta vez no se registraron disturbios ni la actuación de las fuerzas de seguridad.
En ese marco, los líderes sociales y de los partidos de oposición rechazaron la propuesta anunciada por el presidente la noche del miércoles, pese a que en ella se aceptaban las principales demandas, como realizar un plebiscito sobre el negocio del gas natural.
Sánchez de Lozada también admitió poner a revisión del parlamento la Ley de Hidrocarburos para aumentar los ingresos del Estado en la venta de las cuantiosas reservas de petróleo y gas, en un proceso concertado con las empresas transnacionales que operan en el país.
Las organizaciones sociales y política entienden que la tensión extrema provocada por las muertes de manifestantes imponía ahora sólo el alejamiento de Sánchez de Lozada y la conformación de un gobierno provisorio, que algunos líderes aceptarían fuera conducido por el vicepresidente Carlos Mesa.
"No queremos ningún diálogo mientras Gonzalo Sánchez de Lozada no renuncie", declaró el diputado Evo Morales, líder del izquierdista Movimiento al Socialismo y dirigente de los cultivadores de coca de la central región del Chapare.
Morales es uno de los conductores más visible de la protesta, que ha logrado aglutinar a varias organizaciones, como la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera de El Alto, campesinos de la región de Cochabamba y varios otros sectores sociales.
Similar posición ha expresado el diputado Felipe Quispe, jefe del Movimiento Indígena Pachakuti, que lleva adelante bloqueos de rutas y manifestaciones en El Alto y el altiplano rural paceño.
"El gringo (Sánchez de Lozada) ha echado sangre sobre nuestro pueblo. Esa sangre derramada es algo sagrado. Por eso no podemos negociar con el gobierno. No vamos a dialogar", dijo Quispe en respuesta al mensaje del presidente.
Bolivia es unos de los países menos adelantados de América Latina, con más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y tres de cada 10 en la indigencia, según datos oficiales, mientras que el desempleo abarca a casi 13 por ciento de la población económicamente activa.
Mientras, Mesa confirmó este jueves que no volverá al gobierno, aunque no renunciará a su cargo de vicepresidente, como había indicado el lunes.
"Me han preguntado si tengo el valor de matar. Y mi respuesta es no, no tengo el valor de matar, ni tendré mañana el valor de matar. Por esa razón es que es imposible pensar en mi retorno al gobierno", afirmó Mesa, un periodista e historiador.
Además, un grupo de intelectuales, artistas y personalidades de otras ramas de la cultura, encabezados por la ex defensora del pueblo, la también periodista Ana María Campero, decidieron el miércoles iniciar una huelga de hambre en La Paz para exigir el reemplazo de Sánchez de Lozada por Mesa.
Sin embargo, Mesa respondió que no está dispuesto "a servir como instrumento en un proceso creciente y peligroso de polarización de la sociedad boliviana".
También la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia se sumó a la condena del gobierno de Sánchez de Lozada en un comunicado dirigido a "la comunidad internacional y al pueblo boliviano".
"Hacemos conocer" a la Organización de Estados Americanos y a Estados Unidos "que la democracia por ustedes defendida entregó las empresas estratégicas del Estado a las transnacionales", y "ejecuta una política económica neoliberal que provoca la opulencia de unos cuantos y la miseria de las mayorías", señala el texto.
Más de un millón de personas que generan sus empleos en el ámbito de la informalidad, trabajadores mineros logran un ingreso mensual equivalente a 14 dólares al mes, con una jornada laboral de 14 horas y cerca del 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día, sostuvo la organización humanitaria.
Así, este jueves la banca privada continuaba sin funcionar y el Banco Central de Bolivia anunció que, mientras dure la situación de inseguridad en La Paz, los bancos permanecerán en ese estado. En cambio, en el interior del país la banca comercial trabaja de manera normal.
