Carlos Mesa asumió la presidencia de Bolivia minutos antes de la medianoche del viernes en reemplazo de Gonzalo Sánchez de Lozada, quien renunció al cargo presionado por una revuelta social y se apresta a refugiarse en Estados Unidos.
El Congreso legislativo tomó juramento a Mesa en una sesión especial realizada mientras Sánchez de Lozada, en avión, dejaba atrás La Paz y la vecina El Alto convulsionadas por las protestas y unos 70 muertos y centenares de heridos como resultado de la represión que ordenó a policías y militares desde el sábado.
Mesa, quien hasta hoy ocupaba la vicepresidencia, en su primer discurso ante los legisladores pidió ayuda a todos los partidos y sectores sociales para recuperar la confiabilidad en el Poder Ejecutivo, prometió trabajar para construir una "república de iguales" y rindió homenaje a los bolivianos muertos en las movilizaciones.
También aceptó poner en marcha parte de las demandas de los manifestantes, como la convocatoria de un referendo vinculante para definir la explotación de los recursos naturales, como las voluminosas reservas gasíferas, y aseguró con luchará contra la corrupción.
El nuevo mandatario nació en La Paz en 1953, está casado y tiene dos hijos, y es historiador, literato y periodista. Había llegado al gobierno por invitación personal de Sánchez de Lozada en el binomio que ganó los comicios de 2002 en representación del tradicional Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Ajeno a la vida partidaria, aunque simpatizante del MNR, se había ganado un espacio en la política por su larga trayectoria de presentador y comentarista de noticias en televisión, desde donde atacaba duramente las prácticas políticas caracterizadas por la corrupción y el clientelismo.
Mesa siempre compartió las ideas neoliberales, las mismas que abrazó Sánchez de Lozada.
En su dilatada carrera en los medios de comunicación fue reportero de radio, subdirector de un diario, crítico de cine, columnista de varios medios escritos, productor de televisión y de cine y ahora es el principal accionista de la red de televisión Periodistas Asociados Televisión (PAT).
Entre los libros de su autoría se cuentan "Cine boliviano, del realizador al crítico", "El cine boliviano según Luis Espinal", "Manual de Historia de Bolivia", "Presidentes de Bolivia, entre urnas y fusiles", "La aventura del cine boliviano".
El ahora flamante presidente le había quitado el respaldo a Sánchez de Lozada el lunes en discrepancia, precisamente, con el manejo del conflicto social, iniciado hace un mes con cortes de rutas para luego extenderse a todo el país de la mano de decenas de organizaciones sociales.
Así, tras la pérdida del apoyo de Mesa y el retiro de casi todos sus aliados políticos y parte del gabinete, Sánchez de Lozada hizo efectiva su renuncia a través de una carta enviada al Congreso.
Cerca de las 17.00 hora local (21.00 GMT) del viernes, el mandatario renunciante se marchó de la residencia presidencial y se dirigió en helicóptero para luego abordar un avión hacia la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde donde se embarcará a Estados Unidos, según señalaron fuentes políticas.
El diputado Evo Morales, uno de los principales conductores de la protesta, declaró aceptar la designación de Mesa como nuevo presidente, aunque advirtió que lo respaldará "mientras cumpla" las expectativas del pueblo, en referencia a reformar la Constitución y cambiar el modelo de economía de mercado.
Ahora, tras su dimisión, lo que corresponde es iniciarle un juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada por "las muertes a manos de la represión militar-policial, añadió Morales, líder campesino y del izquierdista Movimiento al Socialismo.
La Constitución establece que Mesa está habilitado para completar el actual periodo de gobierno, que finalizará el 6 de agosto de 2007.
Mientras, ni Morales ni el dirigente aymara y diputado Felipe Quispe, otro de los líderes de las movilizaciones, se pronunciaron sobre una probable participación de sus respectivas fuerzas políticas en el nuevo gobierno.
La renuncia de Sánchez de Lozada, de 73 años, se produce luego que en dos ocasiones esta semana afirmara que no pensaba hacerlo, pues de lo contrario daría paso a un proceso de desestabilización de la democracia, que según él encabeza Morales.
El mandatario saliente aseguró en varias oportunidades esta semana, y así lo escribió en su carta de renuncia, que enfrentaba una "conspiración subversiva apoyado desde el exterior", que aprovechaba las protestas sociales iniciada en rechazo del proyecto de venta de gas natural a América del Norte por entender que es lesivo para el país.
En un intento por desactivar la protesta, Sánchez de Lozada declaró el miércoles que aceptaba buena parte de las demandas iniciales de las organizaciones de la sociedad civil y de la oposición política.
Para ello confirmó la convocatoria de un referendo para definir la suerte del plan de exportación de gas y ofreció renegociar con las firmas petroleras transnacionales para mejorar los ingresos del Estado en impuestos y regalías del sector, además de instalar una asamblea constituyente para reformar la ley fundamental.
Pero ya era tarde para ese ofrecimiento según los líderes sociales y opositores, que tras un mes de protestas sin respuesta reclamaron directamente la renuncia del presidente, como se acaba de concretar.
La ciudad de El Alto, la más pobre del país, se encontraba convulsionada desde hace un mes con marchas y bloqueos de calles, que a medida que fueron pasando los días crecían en magnitud y fuerza.
Sin embargo, fue a partir del sábado pasado que arreciaron las movilizaciones y se intensificó la represión de fuerzas combinadas de la policía y las Fuerzas Armadas, que dejaron unos 70 muertos según distintas fuentes, aunque oficialmente sólo se admiten 40, y más de un centenar de heridos en La Paz y El Alto.
En ese marco, también se señaló que agentes de inteligencia del gobierno intentaron acallar a algunos medios de comunicación, particularmente de radio y televisión, y que se intentó secuestrar ediciones de medios de prensa.
Aunque las autoridades lo negaron, los responsables de varios medios de comunicación particularmente duros en sus críticas a Sánchez de Lozada ratificaron esos intentos de coartar la libertad de expresión.
La protesta de indígenas, campesinos, activistas humanitarios, sindicalistas industriales y otros grupos sociales enarboló en un principio la bandera contra los contratos de exportación de gas con privados y el posible uso para ello de un puerto de Chile, que en el pasado se apropió del litoral boliviano con el océano Pacífico.
Pero esa movilización se hizo prolongada y masiva porque también reflejaba un histórico descontento por las condiciones de pobreza de trabajadores y población en general, y las prácticas políticas tradicionales de corrupción y clientelismo.
Las cifras delatan que Bolivia es uno de los países más atrasados de América Latina, con la pobreza que alcanza a más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes y tres de cada 10 de ellos en la indigencia, mientras que casi 13 por ciento de la población económicamente activa está desempleada.
Datos extraoficiales indican además que más de un millón de personas que se desempeñan en la economía informal y trabajadores mineros reciben un ingreso mensual de 14 dólares, con jornadas laborales de 14 horas y cerca de 50 por ciento de familias que viven con un dólar cada día.
Desde el miércoles, a la protesta de los grupos sociales se sumaron también figuras del mundo de la cultura y otras personalidades, quienes liderados por la ex defensora del Pueblo Ana María Campero iniciaron una huelga de hambre.
Sánchez de Lozada, uno de los más poderosos empresarios mineros de este país, asumió la presidencia el 6 de agosto de 2002, luego de ser elegido por el parlamento, que debió optar en competencia con Morales, quien había quedado segundo en las elecciones generales de ese mismo año.
El empresario había ganado los comicios, pero no llegó a obtener los votos necesarios para poder asumir de modo directo, situación que lo logra en el parlamento gracias a una alianza con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria del ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993).
Esta era la segunda presidencia de Sánchez de Lozada, quien también había detentado el gobierno de 1993 a 1997, durante el cual llevó a cabo el llamado proceso de capitalización (una fórmula combinada de privatización con participación estatal), que transfirió las empresas y los pozos petroleros al control de las firmas transnacionales.
Goni es el apelativo del hasta hoy presidente de Bolivia, pero los manifestantes lo llamaban "Gringo", por su marcado acento inglés debido a que se educó y vivió largos años en Estados Unidos.
