Organizaciones no gubernamentales (ONG) de Argentina lanzarán en noviembre una campaña por una reforma política que busca recoger reclamos sociales de renovación, expresados especialmente durante el colapso económico e institucional de fines de 2001.
¡Reforma política ya! será la consigna de esa campaña, que recogerá firmas de ciudadanos para que los legisladores se comprometan con normas que hagan más transparente el sistema electoral, el funcionamiento de los partidos y en general el de las instituciones políticas del sistema democrático.
Apuntamos a un cambio cultural, porque no se trata sólo de conseguir firmas para una ley. Buscamos que la ciudadanía se comprometa en esta iniciativa que implica menor discrecionalidad y mayor control sobre la actividad política, explicó a IPS Gonzalo Arguello, coordinador de la campaña.
La idea de una reforma que devuelva prestigio a la política está en la agenda gubernamental y de las organizaciones de la sociedad civil desde hace por lo menos una década, pero la resistencia de los políticos a avanzar en este sentido convirtió a sucesivas iniciativas en letra muerta.
Las ONG creen que el clima es más propicio para impulsar la reforma tras la crisis de 2001 que derivó en la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, quien había asumido en 1999. El alejamiento de De la Rúa fue precipitado por masivas protestas en las que miles de manifestantes reclamaban que se vayan todos, en referencia a los políticos.
Entre las 20 organizaciones que participan de la campaña están Compromiso Ciudadano, Ciudadanos para el Cambio, Faro, Fundación Conciencia, Fundación Innova, Fundación Polis, Grupo Sophia, Hagamos Algo, Poder Ciudadano y Vox Populi, todas dedicadas a la reivindicación de derechos políticos.
Algunas de esas agrupaciones surgieron justamente al calor de la crisis de 2001, cuando multitudes de ciudadanos expresaron hartazgo en relación con una dirigencia considerada mayoritariamente como corrupta o, en el mejor de los casos, ineficaz para atender los graves problemas que vivía el país.
La nueva iniciativa no prevé someter a discusión un texto específico de reforma, sino que se juntarán firmas para reclamar cambios en áreas clave como la electoral, con la intención de aumentar la representatividad de los legisladores en relción con los votantes.
Uno de los reclamos más fuertes que hace la ciudadanía es el de la eliminación de la llamada lista 'sábana', dijo a IPS Magdalena Bosch, a cargo del programa de reforma política de la ONG Fundación Conciencia, quien se refería al forzoso voto simultáneo por todos los candidatos al parlamento de un partido.
Los electores suelen ser seducidos por uno o dos dirigentes con buena imagen que encabezan la nómina, pero luego ingresan al parlamento otros candidatos que están por debajo, desconocidos para la mayoría de los ciudadanos, algunas veces parientes de caudillos políticos, y no siempre idóneos para la tarea, alegó.
Otra demanda de la campaña es hacer efectiva la exigencia de declaraciones juradas patrimoniales y financieras, por parte de funcionarios y de candidatos a cargos electivos. La vigente Ley de Etica Pública, aprobada en 1999, pide tales declaraciones, pero no prevé sanciones para quienes no las presentan.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, una de las ONG que promueven la reforma política, realizó en 2002 una campaña para lograr que los 72 senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, y movilizó con ese objetivo a 100 voluntarios.
Pero sólo logró que 30 integrantes del Senado cumplieran con el pedido, después de numerosos llamados. El resto no respondió hasta que se lo exigió el presidente de la cámara alta, comentó la investigadora María Barón, del Centro de Implementación.
La reticencia de muchos legisladores a entregar sus declaraciones juradas a ciudadanos comunes es un ejemplo, entre otros, del alto grado de disociación entre representantes y representados, y de un clima de hermetismo y de oscuridad en el proceso de toma de decisiones, opinó Barón.
La eliminación de las listas sábana debería ser el punto central de una reforma, pero el tema no se puede discutir ni en comisiones (parlamentarias) debido a la fuerte resistencia entre los dirigentes, dijo a IPS la diputada Graciela Ocaña, del partido Afirmación para una República Igualitaria (ARI).
En cuanto a la alternativa para el actual sistema, Ocaña expresó su oposición al sistema de elección de un legislador por cada circunscripción territorial, que se emplea en muchos países y perjudica la representación de las minorías.
Por el mismo motivo, las ONG prefieren un sistema que permita a los electores apoyar sólo a los candidatos en que confían, incluso entre los postulados en una lista partidaria.
Un sistema de preferencias mejoraría la calidad de las campañas (electorales), porque obligaría a los postulantes a asumir un compromiso con la sociedad, y no con el partido como ocurre ahora, sostuvo Ocaña.
Pero la diputada admitió que ningún partido político aceptará fácilmente terminar con las listas sábana.
No es sólo una resistencia de los partidos mayoritarios, sino que todos los dirigentes 'viejos' se niegan a aceptar nuevas condiciones, con independencia del partido al que pertenecen, precisó.
La reforma también apuntará a eliminar, donde exista, la llamada ley de lemas, en cuyo marco el candidato individualmente más votado puede perder una elección.
En ese sistema, vigente en algunas provincias, los partidos pueden presentar varios candidatos a un cargo, y sumar los votos de todos sus postulantes. El escrutinio determina primero qué partido sumó más votos, y luego asigna el cargo al candidato más votado de ese partido.
Las ONG también quieren que sea más efectivo el control de gastos de campaña de los candidatos. Una ley vigente exige a los candidatos rendir cuentas en la materia, pero suelen quedar enormes dudas sobre esa rendición, aseguró Ocaña.
La diputada, una de las redactoras principales de la ley vigente sobre financiamiento de partidos, y al mismo tiempo responsable financiera de la campaña de ARI, opinó que la justicia electoral es un factor clave para hacer más eficiente la aplicación de normas de ese tipo.
Otro objetivo de la campaña es lograr que se adopten medidas para eliminar o acotar mucho el clientelismo que se manifiesta a través de otorgamiento a discreción, por parte de los legisladores, de becas o pensiones, y también en el canje de empleos públicos por votos.
Empleados públicos admitieron a IPS, en condiciones de anonimato, que deben sus cargos a partidos de distintas ideologías por los cuales trabajaron, sobre todo en campañas electorales, y que entregan voluntariamente a esos partidos un porcentaje de su salario.
Un ejemplo de otro tipo de práctica clientelística que se busca desterrar es el insólito señuelo electoral que empleó este mes, en las elecciones de la nororiental provincia de Formosa, el candidato a intendente de la localidad de El Colorado, Mario Brignole, del Partido Justicialista (que gobierna el país).
Brignole obtuvo el cargo al que aspiraba luego de prometer, en la campaña, sortear un automóvil cero kilómetro entre quienes lo votaran, para lo cual sus seguidores repartieron 7.000 bonos numerados entre quienes se comprometieron a apoyarlo. Ahora está por verse si cumple con su promesa.
