La reserva forestal Imataca en Venezuela, un país en que seis de cada 10 metros cuadrados de territorio están legalmente bajo algún régimen de protección ambiental, muestra la ardua pero inevitable cohabitación del afán de ganancias y el esfuerzo conservacionista.
El presidente Hugo Chávez se apresta a decretar nuevas normas para la explotación minera en esa reserva, establecida desde 1961 en el extremo oriental del país.
Imataca tiene 38.219 kilómetros cuadrados, es decir, es más grande que Taiwán y casi del tamaño de Holanda. Más de tres millones de hectáreas de la reserva, o sea 80 por ciento de su extensión, son bosques tropicales húmedos, con una docena de especies madereras de gran demanda comercial.
¿Cuánto oro hay allí? Puede que de 8.000 a 12.000 toneladas, según prospecciones.
Sólo en uno de los yacimientos, Brisas del Cuyuní, hay unas 240 toneladas, dijo a Tieramérica Arturo Rivero, de la firma local Gold Reserve. Un 94 por ciento está en vetas, cuya explotación afecta menos al ambiente que la del oro aluvional, afirmó.
Pero esos cálculos son sobre el potencial. Es preciso una exploración sobre el terreno para cuantificar las reservas, advirtió a Tierramérica Manuel Navas, del Ministerio de Minas.
Ese despacho no autorizará una explotación que no se acompañe de un proyecto de manejo aprobado por el Ministerio del Ambiente, aseveró.
La ministra de Ambiente, Ana Osorio destacó que el borrador de proyecto para Imataca ratifica la vocación forestal de la reserva y limita la actividad minera hasta (un máximo de) 11 por ciento del área, contra previsiones de un decreto anterior, de 1997, que abría a la minería hasta 38 por ciento de la reserva.
Aquel decreto fue impugnado por ecologistas encabezados por Alexander Luzardo, del Colegio de Sociólogos, ante la Corte Suprema de Justicia, que en cinco años no decidió sobre el asunto.
En un proceso de consultas sobre el nuevo texto, abierto de junio a octubre por el Ministerio del Ambiente con grupos ambientalistas y comunidades locales, los ecologistas volvieron a expresar críticas.
Luzardo dijo a Tierramérica que la nueva norma afectaría el derecho de la sociedad venezolana de preservar a perpetuidad sus bosques en condiciones prístinas, lo que tiene un valor para las futuras generaciones superior al beneficio económico inmediato.
El proyecto gubernamental pretende legalizar de manera frontal el uso minero, que es totalmente incompatible con la figura de reserva forestal, opinó Astur Dimartino, de la sociedad conservacionista internacional Audubon.
Se dividiría la reserva en 10 zonas de manejo, entre ellas una de protección integral (que ocupa ocho por ciento del área total) y otra de protección de genes (que ocupa 15 por ciento), ambas vedadas a toda explotación, pero también otras abiertas a actividades forestales y agrícolas, que ocupan 33 por ciento de Imataca.
En medio están las zonas para manejo minero restringido, y para manejo minero, forestal y agroforestal con participación obligatoria de las comunidades indígenas warao, pemón y kariña.
* Publicado originalmente el 18 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
