Nueva York será este viernes el escenario donde Venezuela y República Dominicana tratarán de superar sus roces diplomáticos, que llegaron a afectar un programa petrolero considerado hace 23 años ejemplo de cooperación entre países en desarrollo.
Las relaciones con República Dominicana están "en el congelador", como indicó el vicepresidente venezolano, José Vicente Rangel, y los envíos de petróleo siguen suspendidos.
Caracas llamó a consultas el fin de semana pasado a su embajador en República Dominicana, Francisco Belisario, e interrumpió el suministro de petróleo, por entender que ese país caribeño cobija un complot para derrocar y hasta asesinar al presidente venezolano Hugo Chávez.
"Se hicieron continuas advertencias y no hubo una respuesta positiva del gobierno dominicano", pero las relaciones "jamás se romperán", afirmó el martes el propio Rangel.
El vicepresidente también informó que este viernes se reunirán el canciller venezolano, Roy Chaderton, con su par dominicano, Frank Guerrero Prats, en Nueva York, donde ambos asisten a la 58 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
Ante la falta de crudo y derivados venezolanos, la estatal Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) y las firmas trasnacionales Shell y Exxon que operan en la isla caribeña comenzaron a comprar combustibles en plazas de mercado spot (ocasional) en Puerto Rico, México y Estados Unidos.
Venezuela suministraba hasta la semana pasada a República Dominicana casi 110.000 barriles diarios de petróleo, más de 75 por ciento del consumo del parque automotor, plantas eléctricas y plantel industrial de la isla.
Casi dos tercios de los suministros venezolanos se benefician de esquemas de cooperación vigentes en el área de América Central y el Caribe.
Unos 35.000 barriles diarios son despachados bajo el paraguas del llamado Pacto de San José, por el que México y Venezuela se reparten a la mitad e ininterrumpidamente desde 1980 la venta de 160.000 barriles diarios a 10 países de la zona.
Los países compradores que integran el Pacto de San José sólo pagan al contado 80 por ciento de la factura y el resto se convierte en créditos blandos para proyectos de desarrollo, con énfasis en el sector de la energía.
Pero Venezuela, desde 2000 y a propuesta del propio Chávez, agregó el esquema denominado "Acuerdo de Caracas", que beneficia en primer lugar a Cuba y a República Dominicana.
A través del Acuerdo de Caracas se suman cerca de 30.000 barriles por día a Santo Domingo, entregados en un programa similar al de San José.
Una fuente de Refidomsa, que prefirió el anonimato, dijo a IPS por teléfono que, en realidad, el corte temporario de suministro de Caracas no les afecta en el corto plazo porque "hay suficiente petróleo en el mercado y podemos conseguir productos incluso más baratos que los que Venezuela nos despacha".
Para Venezuela, el mercado dominicano es de 1.500 millones de dólares anuales, y ahora deberá buscar otros clientes para colocar los cargamentos que enviaba a la isla.
En tanto, en República Dominicana, aseguró la fuente, "el suministro está garantizado y los precios del combustible al público no subirán por esta contingencia".
La reacción oficial dominicana a los pasos dados por el gobierno de Chávez fue la de insistir en que desde ese país "no se conspira contra el presidente de Venezuela".
La respuesta refiere en particular a las afirmaciones de Chávez en su programa de radio y televisión "Aló Presidente".
"Tenemos pruebas de que se está conspirando contra Venezuela en República Dominicana. Hay un nido de conspiradores allá de mucho peso económico, terrorista, y desde allá se está planificando un magnicidio contra este humilde servidor", dijo Chávez.
Más aún, "hay gente de ese gobierno (el dominicano), ministros incluso, que están amparando a golpistas allá", y el presidente Hipólito Mejía "me ha prometido, pero no ha podido", desmantelar la conspiración.
A pesar de esas declaraciones, Mejía descartó que se proponga retirar a su representación diplomática en Caracas.
Sin embargo, la vicepresidenta de República Dominicana, Milagros Ortiz Bosch, pidió a Venezuela que "dejara de lado las declaraciones espontáneas".
Aseguró que el caso se maneja con serenidad y tranquilidad, y agregó que "quisiéramos que el gobierno venezolano transmita a través de la cancillería sus aportes, para buscarle solución a este problema".
La raíz del problema está en que en República Dominicana residió durante varios meses el autoexiliado líder socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela de 1974 a 1979 y de 1989 a 1993, quien ya volvió a vivir en Nueva York, según declaró él mismo.
Chávez se levantó contra el gobierno de Pérez en febrero de 1992, cuando aún era comandante de paracaidistas en actividad.
Por eso golpe de Estado frustrado cumplió más de dos años de prisión, de donde salió para dedicarse a la política y encarar una exitosa campaña que los llevó a ganar las elecciones presidenciales de diciembre de 1998.
Pérez, durante su primera presidencia, apoyó enérgicamente a los socialdemócratas dominicanos y en 1978 consiguió apoyo del entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, para forzar el reconocimiento de la victoria de sus correligionarios contra el conservador Joaquín Balaguer, quien buscaba una tercera reelección.
Mejía también pertenece al socialdemócrata Partido Revolucionario Dominicano, que reconoce una deuda de gratitud para con Pérez, y Santo Domingo rehusó expulsar al dirigente venezolano de la isla, aunque le pidió moderar su conducta opositora.
Pérez sostuvo semanas atrás que, "lamentablemente, este aprendiz de tirano (Chávez) no saldrá por medios pacíficos sino por la violencia, cuando las fuerzas armadas se decidan a restablecer el orden y los principios democráticos" en Venezuela.
Además, el ex mandatario venezolano considera "un orgullo" que Chávez le cuente entre quienes encabezan la oposición a su gobierno.
Chávez y sus colaboradores evocaron conversaciones de Pérez con sus seguidores de fines de 2001 y comienzos de 2002 en las que éste les pedía sostener contactos y alianzas con Pedro Carmona, el ex presidente de la central patronal Fedecámaras y dictador por 48 horas luego del golpe de Estado cívico-militar del 12 de abril de 2002.
Así, la oposición venezolana criticó duramente la suspensión de los envíos de petróleo a República Dominicana. "Es un acto de agresión internacional tipificado por el sistema de la Organización de las Naciones Unidas", dijo el jurista socialcristiano Asdrúbal Aguiar.
El analista opositor Teodoro Petkoff, director del vespertino Tal Cual, sostuvo que la medida es "ventajismo y cobardía indignas del gentilicio venezolano", pues Chávez "utiliza contra el pueblo dominicano represalias económicas como las que critica porque Estados Unidos las aplica contra Cuba".
En República Dominicana, el ex presidente de ese país Leonel Fernández (1996-2000), nuevamente aspirante al cargo por el opositor Partido de la Liberación Dominicana, pidió "esclarecer con urgencia la denuncia venezolana". "Lo que más conviene es mantener buenas relaciones con el Estado venezolano", apuntó.
Pero la controversia ha introducido una mácula en el Pacto de San José, hasta ahora considerado un ejemplo de cooperación entre países en desarrollo.
