El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela perdió credibilidad ante la aparición de un fallo suyo falsificado, que negaba al presidente Hugo Chávez la potestad de buscar la reelección en caso de ser revocado su mandato en un referendo.
El escándalo provocado por la divulgación de ese dictamen, que luego se comprobó había sido adulterado para perjudicar a Chávez, hizo retroceder el reconocimiento ganado por el máximo órgano de justicia con el nombramiento días atrás de los miembros del Consejo Nacional Electoral.
Creo que hubo mala intención de desacreditar al Tribunal Supremo, que es el verdadero árbitro del país, pero nos mantendremos como garantes de la paz, la democracia, el estado de derecho y la justicia, dijo este miércoles a corresponsales extranjeros el presidente de esa corte, Iván Rincón.
El magistrado solicitó a la fiscalía una investigación sobre lo ocurrido y admitió que la falsificación de la sentencia, aunque haya sido concebida o apoyada desde fuera, se produjo aquí, en la Sala Constitucional de este tribunal, que equivale a la corte constitucional o de garantías en otros países.
El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, sostuvo que es la oposición que quiere minar la credibilidad del Tribunal Supremo.
Pero la coalición opositora Coordinadora Democrática, que reúne a 77 partidos, también rechazó cualquier intento de deteriorar la imagen o credibilidad del poder judicial.
El caso es que el joven estudiante de leyes Exssel Betancourt presentó hace meses una solicitud de interpretación de una norma de la Constitución, aprobada en 1999 por iniciativa de Chávez y sus seguidores y que creó la figura del referendo revocatorio.
Esa norma establece que el mandato de toda autoridad elegida en las urnas puede ser revocado mediante un referendo, que debe ser pedido por al menos 20 por ciento del padrón electoral una vez que se haya cumplido la mitad del periodo.
Chávez cumplió la mitad de su presidencia de seis años el 19 de agosto.
Si el mandato del presidente es revocado en los primeros cuatro años de gobierno, antes de agosto de 2004 en el caso de Chávez, su sucesor para completar el periodo debe surgir de elecciones nacionales.
Sin embargo, si la revocatoria se concreta en los dos últimos años de gobierno, entonces es el vicepresidente quien completa el periodo y las elecciones se harán en la fecha ya fijada constitucionalmente, en este caso en 2006.
Betancourt, y por separado otros solicitantes, pidieron al Tribunal Supremo indicar si, en caso de que el mandato de Chávez u otra autoridad fuera revocado, el funcionario desplazado puede presentarse como candidato a los comicios a convocar para elegir a quien completará el periodo.
La Sala Constitucional del Tribunal declaró inadmisible esa solicitud.
Nosotros interpretamos la Constitución cuando hay casos concretos, pero no somos un mecanismo de consulta porque alguien quiera saber o quizá porque algún profesor quiere aprovechar para preparar una conferencia, explicó Rincón, presidente de la Sala y del propio Tribunal, de 20 magistrados.
En el caso de la solicitud de Betancourt, decidimos no admitirla y además no interpretar el texto, dijo Rincón, pero cuando la sentencia apareció publicada (registrada) en los cuadernos del Tribunal se agregaron dos párrafos en los que supuestamente interpretábamos la norma constitucional.
Rincón explicó que en algún momento esa sentencia fue adulterada para que se dijera que Chávez evidentemente no podría participar en las elecciones que seguiría a una hipotética revocatoria de su mandato, pues ello supondría una amenaza de fraude a la soberana voluntad popular.
La sentencia, una aclaratoria del Tribunal, y el anuncio de que hubo falsificación, se conocieron en un lapso de menos de 24 horas a comienzos de esta semana.
En un país políticamente polarizado entre defensores del presidente Chávez y opositores que quieren desalojarlo del gobierno antes de que complete su mandato en 2006, esta sentencia numerada 2.404 del tribunal alcanzó características de escándalo.
Tribunal Supremo cambió de posición tres veces en un día sobre el revocatorio, El Supremo falló tres veces y Un paso para adelante y otro para atrás fueron algunos de los títulos con los que la prensa venezolana, que en su mayor parte favorece a la oposición, registró la noticia.
Es sospechoso e irresponsable que se diga que cambiamos tres veces de posición sobre el tema. No hay una triple opinión, sino que se forjó un documento, insistió Rincón, quien destacó que el caso siguió al éxito que se anotó el Tribunal al escoger a fines de agosto a los miembros de un nuevo poder electoral.
El parlamento unicameral, dividido casi en partes iguales entre fuerzas del oficialismo y de la oposición, no alcanzó tras meses de debates llegar a un acuerdo para designar con dos tercios de los votos del total de ese cuerpo legislativo a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral.
Por eso el Tribunal asumió entonces la tarea y tomó una decisión salomónica, integrando un Consejo Electoral con dos nombres sugeridos por el oficialismo, dos por la oposición y un quinto de equilibrio procedente del ámbito académico.
El gobierno, la oposición, los grupos parlamentarios, partidos políticos, los medios de comunicación y otras instituciones saludaron la sabiduría del Tribunal, así como el estadounidense Centro Carter, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, y el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El Consejo Electoral deberá decidir si los solicitantes de un referendo sobre el mandato de Chávez -y los que pidieron igual herramienta para 75 gobernadores estaduales y alcaldes- cumplen o no con los requisitos exigidos. También organizará los procesos electorales en las regiones en 2004 y parlamentarios en 2005.
En Venezuela, con 24 millones de habitantes y 12 millones de electores inscritos, la Coordinadora Democrática dice haber juntado 3,2 millones de firmas para pedir el referendo revocatorio del mandato de Chávez.
Pero el mandatario descalificó la presentación de la oposición, pues las firmas son ilegales, nadie aprobó el formato con el cual se recogieron y tenemos pruebas de que muchas son falsas.
Chávez dijo además este miércoles en La Habana, donde participó de la Conferencia de Partes de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, anunció que, si el Consejo Electoral las declara válidas, apelará al Tribunal Supremo.
En paralelo, Rangel solicitó este miércoles a la Fiscalía una investigación penal sobre la asociación civil Súmate, encargada por las Coordinadora para manejar la recolección de firmas, por supuesta usurpación de funciones públicas.
Rincón declinó opinar sobre el tema de las firmas, pues si adelantase opinión podría ser impugnado como eventual juez si el caso llega al tribunal que preside, explicó.
