El Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechazó este viernes el pedido opositor de un referendo revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez, por considerar que las firmas que lo acompañan fueron presentadas sin cumplir con requisitos indispensables.
El presidente del Consejo, Francisco Carrasquero, declaró que la petición, presentada el 20 de agosto y que reivindicó el respaldo de 3,2 millones de firmas de electores, es extemporánea, no constituía una solicitud sino una proclama nula, y además usurpaba de funciones propias del poder electoral.
El encabezado de las planillas con firmas no pedía al Consejo la convocatoria del referendo, como manda la ley, sino que se enunciaba: Nosotros, los abajo firmantes, hemos decidido convocar un referendo…, lo que se consideró una usurpación.
El Consejo decidió por tres votos contra dos. La mayoría fue formada por Carrasquero y los miembros considerados simpatizantes del oficialismo, Jorge Rodríguez y Oscar Battaglini, contra Ezequiel Zamora y Sobella Mejías, a quienes se considera afectos a la oposición.
El 17 de este mes, el organismo electoral dictará, según anunció, un reglamento para regir las solicitudes y el proceso de los recursos de referendo revocatorio contra autoridades electas, una figura de la Constitución aprobada en 1999 que impulsó el propio Chávez.
Apenas el Consejo informó su decisión, Enrique Mendoza, líder socialcristiano de la coalición opositora Coordinadora Democrática, anunció una serie de actividades que desembocarán en una nueva recolección de firmas el 5 de octubre, que sus organizadores denominaron el Confirmazo.
Si tres millones de rúbricas no bastaron, el 5 de octubre recogeremos 4,5 millones de firmas. Pedimos apoyo y presión de la comunidad internacional, porque la decisión del pueblo no podrá ser frenada por gobierno o poder alguno, afirmó.
Los borradores de la decisión del Consejo fueron filtrados a la prensa en las 24 horas previas al anuncio oficial, y Carrasquero deploró eso como una conducta condenable que puede dar lugar a responsabilidades penales.
Miles de partidarios de Chávez, congregados a las puertas del Consejo Electoral, saludaron alborozados la decisión de este viernes, mientras en los cuarteles de la oposición los dirigentes, con caras largas, anunciaban que insistirán con el referendo. Esta es una decisión muy triste, pero el referendo se hará y lo ganaremos, afirmó el diputado Carlos Ocariz, del opositor partido derechista Primero Justicia, en tanto el jefe de Acción Democrática (socialdemócrata), Henry Ramos, dijo que la decisión es una vergüenza, una vagabundería de rectores electorales que están a sueldo del gobierno.
Los opositores creían que le iban a pasar un 'strike' (jugada del béisbol en la que la pelota burla al bateador) a la democracia, y ahora critican al organismo, destacó en cambio el oficialista William Lara, ex presidente de la Asamblea Nacional.
La vía del referendo revocatorio para superar la crisis venezolana fue acordada el 27 de mayo entre oposición y gobierno, con mediaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ese acuerdo encauzó una crisis marcada por marchas multitudinarias de opositores, contestadas por otras oficialistas, un golpe de Estado que en abril de 2002 desalojó del poder a Chávez por 47 horas, brotes de violencia política y una huelga patronal y sindical de 63 días que concluyó el 2 de febrero.
Ese día, la oposición organizó un Firmazo, y cientos de miles de ciudadanos suscribieron solicitudes para distintas fórmulas jurídicas, como una reforma constitucional, convocatoria a una constituyente y un llamado a referendo revocatorio, todas buscando una salida anticipada del poder del presidente.
Según la Constitución, el mandato de toda autoridad electa puede revocarse, una vez cumplida su mitad, en un referendo que pidan por lo menos 20 por ciento de los habilitados para votar, en el que sufraguen por lo menos 25 por ciento de los electores, y en el que apoye la revocación por lo menos una persona más que las que invistieron originalmente al impugnado.
Chávez fue elegido en julio de 2000 con 3.757.763 votos para gobernar un sexenio, y la mitad de ese periodo se cumplió el pasado 19 de agosto.
Es un hecho público, notorio y comunicacional que las firmas fueron recogidas seis meses y 18 días antes de que naciera el derecho de los solicitantes, señaló el Consejo Electoral este viernes.
No podían ser válidas firmas recogidas en febrero para respaldar un derecho que nació en agosto. Es como si los herederos dispusieran de los bienes antes de que el progenitor muera, arguyó en forma coincidente el ministro de Educación, Aristóbulo Iztúriz.
El padrón electoral venezolano registra a 12 millones de mayores de 18 años, o sea que 20 por ciento de ellos son 2,4 millones. La oposición aseguró que había verificado la validez de por lo menos 2,7 millones de los 3,2 millones de firmas recogidas.
El Consejo también rechazó que la asociación civil Súmate (una empresa privada, según el vicepresidente José Vicente Rangel), que condujo la logística del Firmazo, se atribuyese la representación de los ciudadanos firmantes, porque consideró que eso era invadir atribuciones de los partidos políticos.
Abogados partidarios de la oposición habían insistido en que los derechos otorgados por la Constitución a los ciudadanos no pueden soslayarse por formalidades, pero juristas independientes e incluso opositores habían advertido desde hace meses que la solicitud estaba mal redactada y que debía realizarse una nueva recolección de firmas.
La decisión del Consejo Electoral de este viernes, la manifestación oficialista para festejarla y las acciones callejeras anunciadas por la oposición presagian una escalada en la lucha política y jurídica entre los bloques que contienden por el poder en Venezuela.
