La libertad de prensa en España, cuya primera norma de amparo promulgada dos siglos atrás se conmemora este martes y el miércoles con actos públicos, es aún limitada por varias causas, según periodistas y políticos de diversas tendencias.
La celebración se relaciona con la instalación el 24 de septiembre de 1810 de las Cortes Generales Extraordinarias, en la entonces Real Isla de León, hoy de San Fernando, en la provincia de Cádiz, ubicada en el extremo sudoeste de la península ibérica.
Esas Cortes fueron las que aprobaron el 10 de noviembre de ese mismo año el decreto IX titulado "Libertad política de la Imprenta".
La norma, según los tramos que se transcriben en español antiguo, afirma en su inicio que "la facultad individual de los ciudadanos de publicar sus pensamientos é ideas políticas es, no solo un freno de la arbitrariedad de los que gobiernan, sino tambien un medio de ilustrar á la Nación en general".
Además, es "el único camino para llevar al conocimiento de la verdadera opinion pública".
Por ello, los autores de la primera Constitución liberal del entonces imperio español, conocida coloquialmente como "la Pepa", establecieron que "Todos los cuerpos y personas particulares, de qualquiera condicion y estado que sean, tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revision ó aprobacion alguna anteriores á la publicación".
En virtud de ello, se precisó que "quedan abolidos todos los actuales juzgados de Imprentas, y la censura de las obras políticas precedente á su impresión", ya que "los autores é impresores serán responsables respectivamente del abuso de esta libertad", una vez que la hubieren ejercido.
A continuación se enumeraron los hechos que serían motivo de juicios, como los libelos infamatorios, los escritos calumniosos, los subversivos de las leyes fundamentales de la monarquía, así como los licenciosos y contrarios a la decencia pública y buenas costumbres.
Como excepción e invocando lo establecido en el Concilio de Trento (1545-1563), se consignó que todos los escritos sobre religión quedaban sujetos a la previa censura de los Ordinarios eclesiásticos de la Iglesia Católica.
En ese aspecto se reconoció a los autores el derecho a ser oídos y a reclamar en el caso de que sus escritos fueran prohibidos o censurados por los Ordinarios.
En la actualidad, casi dos siglos después de aquel decreto de las Cortes, las críticas fundamentales a la falta de libertad de expresión en España se agrupan en tres categorías.
La primera es levantada por los partidos de la oposición, que atribuyen manejo político favorable al gobierno a los medios de comunicación en manos del Estado.
En segundo lugar se señala la mediatización de la información por el control que ejercen grandes grupos económicos sobre los principales medios de comunicación privados.
Por último, el gobierno, la oposición y los periodistas coinciden sobre la situación en el País Vasco, donde la violencia terrorista perturba seriamente el ejercicio de la libertad de expresión no sólo a los profesionales de la información sino también a los ciudadanos de a pie.
Así lo señalaron a IPS Carlos Morón, presidente de la Asociación de la Prensa de San Sebastián, capital de una de las tres provincias que constituyen esa septentrional comunidad autónoma, y Maripaz García Santana, directiva de la Asociación de la Prensa de Cádiz, organizadora con Reporteros sin Fronteras de los actos conmemorativos en San Fernando.
García Santana destacó el caso de tantos periodistas que deben vivir permanentemente custodiados por escoltas "por el solo hecho de informar verazmente".
Por su parte, Morón recordó que no sólo los periodistas sino también "buena parte de la población vive atemorizada por (la organización separatista vasca) ETA y el fenómeno geopolítico que la origina".
Esa situación, puso Morón como ejemplo, hace que "cuando uno está hablando con amigos en una taberna y entra alguien desconocido o conocido por sus ideas ultras, todo el mundo calla". Eso también lo considera una grave limitación de la libertad de expresión.
"La libertad de los medios de comunicación en general es parcial, ya que los poderes económicos y empresariales que dominan esos medios son los que ponen y quitan valor a hechos noticiosos", dijo a su vez a IPS el alcalde de San Fernando, Antonio Moreno Olmedo.
"Los medios son la fachada de grupos de presión que impulsan u obvian los temas de actualidad según intereses de las empresas", apuntó.
Moreno Olmedo indicó que otro problema "es la falta de veracidad y rigor en la información "rosa", que está generando una mala imagen de los profesionales del periodismo".
Por prensa rosa o del corazón se conoce en España a los programas y publicaciones dedicados a contar las intimidades de personalidades de todo tipo y de manera escandalosa.
Mientras, José Luis Rodríguez Zapatero, líder de la principal fuerza opositora, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), le atribuyó responsabilidad en los problemas de libertad de prensa al gobierno del Partido Popular de José María Aznar, iniciado en 1996.
"Hemos visto cómo se ha intentado monopolizar la información, controlar a los informadores y reducir la capacidad de participación informada de la ciudadanía en la toma de decisiones colectivas", aseguró a IPS Rodríguez Zapatero.
Si el PSOE ganase las elecciones generales a principios de 2004, su gobierno impulsaría "un control adecuado del sector y un control parlamentario sobre los posibles oligopolios o monopolios", añadió.
En lo que respecta a los medios estatales, el líder socialista se mostró dispuesto a llevar a cabo acciones para "adelgazar" a éstos, para que no supongan una "competencia innecesaria" a los privados en los sectores de entretenimiento.
Sobre una reciente medida gubernamental por la que se eliminó el límite que impedía a un socio tener más de 49 por ciento del capital de una televisión, indicó que con ello se persigue "que haya menos libertad de expresión y menos pluralidad informativa", al favorecer el fortalecimiento de monopolios.
Otro asunto que preocupa a los periodistas hoy es lo que califican una falla en el régimen judicial que obliga a los medios de comunicación a pagar inmediatamente una multa importante por difamación, sin posibilidad de esperar al juicio de apelación.
Esta situación se planteó este año con el privado periódico digital Canoa-Diario Directo, que debió pagar una multa de unos 138.000 dólares, y con el estatal canal de televisión Telemadrid, que abonó 574.000 dólares, acusados ambos de difamación por haber informado sobre las fiestas nocturnas de jugadores del club de fútbol Real Madrid.
El 10 de septiembre, por esta causa, se embargaron las cuentas bancarias de Canoa-Diariodirecto y de su director, Fernando Jáuregui.
Ante ello, organizaciones como Reporteros sin Fronteras, con sede en París, y las españolas Federación de Asociaciones de la Prensa y Club Internacional de Prensa reclamaron la suspensión del pago de esas multas hasta que se pronuncie un tribunal superior y se modifique el reglamento judicial, de manera que sólo se puedan ejecutar las sentencias firmes.
