El presidente paraguayo Nicanor Duarte Frutos quiere renovar la desprestigiada Corte Suprema de Justicia y, ante la negativa de los ministros a renunciar, maneja alternativas como una ley para forzarlos a jubilarse y un juicio político.
El proyecto que establece un sistema especial de retiro para los actuales miembros de la Corte Suprema, firmado por representantes de las bancadas oficialista y opositora, ya fue presentado en el Senado y remitido a dos de sus comisiones para que lo estudiaran.
Esa norma se aplicaría a la jubilación de los actuales nueve ministros de la Corte, y también, en forma retroactiva, a las de los que fallecieron en ejercicio de sus funciones desde 1995. Si se aprueba, dos viudas cobrarán una pensión equivalente a 75 por ciento de los salarios que recibían sus difuntos cónyuges.
Esta no sería la primera vez que se cometen en nuestro país ese tipo de aberrantes asimetrías, dijo a IPS Jorge Seall, profesor de Derecho Constitucional, Nacional y Comparado de la Universidad Nacional de Asunción y de la Universidad Católica, en referencia al régimen especial de jubilación.
El experto, con una maestría y un doctorado en derecho de la estadounidense Universidad de Harvard, dio como ejemplo que muchos militares se jubilan con menor edad pero perciben el sueldo completo sin haber realizado aportes suficientes.
Seall entiende que el proyecto para imponer el retiro es inconstitucional, y además atenta contra la Caja Fiscal de jubilaciones del sector público, pero opinó que si con una ley se busca tentar a los ministros de la Corte para que renuncien, bueno, eso ya es lícito. Sería como una especie de incentivo.
La otra alternativa que maneja la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado y gobernante en forma ininterrumpida desde 1954, junto con los partidos de oposición, es el recurso de un juicio político a los ministros de la Corte.
La capacidad académica y moral de los ministros de la Corte está en duda y la venta de sentencias está al día, tanto en el máximo tribunal como en el resto del Poder Judicial, afirmó Seall.
Mientras tanto, Federico Callizo Nicora, doctor en derecho y ex presidente del Consejo de la Magistratura, afirmó que los miembros de la Corte Suprema representan hoy un superpoder y que hay causas bastante claras para someter a varios de esos señores a juicio político.
Tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999, y las protestas masivas que precipitaron ese mes la dimisión del presidente Raúl Cubas, la Corte estableció en abril del mismo año, mediante una sentencia, que Luis González Macchi, entonces presidente del Congreso, debía completar el mandato de Cubas hasta agosto de 2003.
Sin embargo, varios juristas sostienen que la Constitución es muy clara sobre ese tipo de situación, y que era necesario llamar a elecciones presidenciales para subsanar la doble acefalía.
Según denuncias publicadas por el diario ABC Color, los miembros de la Corte intentaron, en forma ilegal según dictaminó la Procuraduría en un informe entregado al Poder Ejecutivo, apoderarse en junio de 2002 de un avión capturado en una operación contra una banda de narcotraficantes.
Luego del escándalo, la aeronave fue entregada en custodia al magistrado de primera instancia que intervino en el caso.
Un grupo de empresas constructoras presentó ante el Tribunal de Cuentas, a comienzos del año pasado, una denuncia contra la Corte, a la cual acusaron de fraude en una licitación para la construcción de un ala del nuevo Palacio de Justicia de Asunción.
Esa demanda fue retirada luego, sin que los interesados dieran explicaciones, y finalmente la Corte llamó a un nuevo concurso.
En otro polémico fallo, los ministros del máximo organismo judicial se declararon inamovibles en mayo de 2000, y juristas afirman que eso violó también la Constitución.
Seis serían los ministros de la Corte en situación irregular: Carlos Fernández Gadea, Jerónimo Irala Burgos, Luis Lezcano Claude, Felipe Santiago Paredes, Wildo Rienzi y Raúl Sapena Brugada.
Según el catedrático de derecho Jorge Darío Cristaldo, la sencilla solución del problema es que el Senado, con acuerdo del Poder Ejecutivo, solicite al Consejo de la Magistratura la convocatoria a concursos para llenar los seis cargos que están en contravención con la Constitución.
Tras la caída del régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), se convocó en 1992 a una convención constituyente, y la Constitución resultante estableció un sistema ingenioso, gradual y objetivo para la depuración del Poder Judicial, explicó Seall.
Se estableció que los antiguos jueces compitan con los postulantes. El incentivo para los veteranos era que, si pasaban el tamiz del Consejo de la Magistratura, necesitarían una sola confirmación para ser jueces permanentes, en tanto que los nuevos necesitaban dos confirmaciones ulteriores al mismo efecto, indicó.
Una gran cantidad de jueces de la época de Stroessner no se presentó a concurso y optó por el retiro.
Pero en 1995, cuando se debió nombrar a la nueva Corte Suprema, el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy se topó con un problema no previsto por los constituyentes.
En la Constitución se estipula que el Senado elija, para llenar cada cargo vacante en la Corte, de una terna de candidatos seleccionada por el Consejo de la Magistratura, y luego de eso es necesario el acuerdo presidencial para confirmar al elegido por los senadores.
Pero no se establece un mecanismo de desbloqueo cuando no haya acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Senado.
La solución hallada en 1995 fue el denominado pacto de gobernabilidad, que hizo posible nombrar a los ministros de la Corte luego de una ronda de negociaciones entre el Ejecutivo y la oposición.
Si de alguna forma se generan ahora vacancias en la Corte, surgirán los mismos problemas de 1995 para los nombramientos de los nuevos ministros. Entonces, no veo una salida pacífica en todo este tema, comentó Seall. (
