Aunque la agenda verde brillará por su ausencia en la conferencia de la OMC en Cancún, los conservacionistas temen que se lancen negociaciones sobre nuevas regulaciones para inversiones, que podrían desafiar normas sanitarias y ambientales vigentes.
El proyecto de declaración final que los ministros de los 146 países miembros de la OMC (Organización Mundial del Comercio) debatirán del 10 al 14 de este mes en el balneario mexicano contiene apenas una mención a la cuestión ambiental.
El borrador remite el examen de los pocos progresos alcanzados en las negociaciones del comité de comercio y medio ambiente para la siguiente conferencia, cuya fecha no está siquiera establecida.
Los asuntos ambientales mostrarán bajo perfil en Cancún, opinó Stephen J. Porter, director jurídico en la oficina de Ginebra del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) con sede en Washington.
Pero el gran tema en la mesa de discusiones es la pretensión de algunos países de lanzar negociaciones sobre nuevas normas para inversiones que socaven políticas de protección del ambiente, la salud pública y los derechos de los trabajadores, dijo a Tierramérica el ecologista estadounidense.
Aunque el capítulo inversiones no pertenece al mandato de negociaciones sobre ambiente de la OMC, antecedentes como el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) han mostrado consecuencias problemáticas, estimó Porter.
Hemos presenciado, en el caso del capítulo 11 del TLCAN (integrado por Canadá, Estados Unidos y México) que las normas de inversión pueden socavar la capacidad de gobiernos democráticos de adoptar políticas de interés público, afirma una carta enviada por el CIEL y otras organizaciones al representante comercial estadounidense Robert Zoellick
Tanto Canadá como México perdieron demandas sobre inversiones que involucraban la protección del ambiente, mientras Estados Unidos ha afrontado desafíos sustanciales a sus medidas ambientales, señala la carta.
En Cancún los ministros deberán resistir las presiones de la Unión Europea (UE) para incorporar nuevos temas, como las reglas sobre inversiones, opinó el jefe de política comercial del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Tom Crompton.
Es evidente que la OMC carece de apertura, de pluralismo y de conocimientos para afrontar esas cuestiones, sostuvo Crompton.
Entretanto, las discusiones en el comité de comercio y medio ambiente seguirán paralizadas hasta que finalice el encuentro de Cancún, de donde debería surgir un nuevo mandato o la reafirmación de las directrices y los plazos.
La anterior conferencia de la OMC, realizada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001, dispuso que antes del 1 de enero de 2005 debían concluir las negociaciones para aclarar la relación entre las normas de la OMC y las obligaciones comerciales establecidas en Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente, (Amumas, como se los conoce en la jerga comercial).
Se trata por ejemplo del Protocolo de Montreal sobre sustancias que dañan la capa de ozono, la Convención sobre Diversidad Biológica o el Convenio sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES, por su sigla en inglés).
Otros Amumas relevantes son el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, destinado a reducir los gases de efecto invernadero.
El debate sobre los Amumas quedó inconcluso pues la UE pretende establecer claras definiciones de los conceptos mientras otros países, como Australia, proponen examinar casos concretos.
El mismo mandato de Doha convocaba a negociar el intercambio de información entre la organización y las secretarías de los Amumas, los criterios para conceder la condición de observador a otras organizaciones internacionales y la liberalización del comercio de bienes y servicios ambientales.
Durante casi dos años de negociaciones, la Unión Europea (UE) promovió la concertación de un acuerdo para otorgar el estatus de observadores permanentes a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por su sigla en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Pero la iniciativa encontró oposición en particular de países en desarrollo.
Igual suerte corrió una versión más lavada que se limitaba a invitar a las secretarías de esas organizaciones a participar de las sesiones extraordinarias del comité de comercio y medio ambiente, en funciones desde la vigencia efectiva de la OMC en enero de 1995.
Sin embargo, algunos países, como China, Egipto, Filipinas Indonesia y Malasia, estimaron que se podrían interpretar esas invitaciones como permanentes, lo cual se asemeja mucho al estatus de observador.
Los organismos multilaterales procuran evitar definiciones de la calidad de observador que puedan crear compromisos en otros foros.
El uruguayo Carlos Pérez del Castillo, que preside el consejo general de la OMC y dirige la última etapa del proceso de Cancún, comentó a Tierramérica que los europeos pretendían incluir el término observador, pues implica un sentido permanente.
Hasta ahora, las organizaciones gubernamentales internacionales pueden asistir a las sesiones del comité cuando reciben invitaciones especiales.
Pérez del Castillo estimó que la pretensión europea se puede resolver en Cancún si encuentran alguna palabra que no llegue a institucionalizar el concepto de observadores.
El director general para el comercio de la UE, Peter Carl, confía en la posibilidad de un acuerdo para continuar invitando a la UNCTAD y el PNUMA a las sesiones extraordinarias del comité.
No alcanzo a imaginar siquiera la posibilidad de que los ministros discrepen con esa idea, dijo Carl.
El resto de los temas mandatados en Doha no alcanzaron progreso alguno en las sesiones extraordinarias del comité de comercio y medio ambiente.
La negociación sobre apertura del comercio de bienes ambientales, por ejemplo filtros de aire o convertidores catalíticos, se transfirió al grupo de acceso a los mercados para productos no agrícolas, que alude a los aranceles industriales.
En cuanto a los servicios ambientales, como las consultarías de gestión de residuos, se convino que el debate prosiga en las sesiones extraordinarias del consejo de servicios, que negocia una nueva apertura.
El intercambio de información entre la OMC y los convenios ambientales no mereció reparos entre los estados miembros de la organización, pues se estima que funciona de hecho. Pero todos prefirieron no institucionalizarlo.
* Publicado originalmente el 6 de septiembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
