El gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco, una de las 17 que integran España, abogará este viernes ante su parlamento por el derecho de autodeterminación, aunque éste no lleve necesariamente a su independencia.
Se trata de que los ciudadanos del País Vasco resuelvan libremente si quieren la adhesión de esa región al resto del actual Estado español.
Así lo señalaron a IPS fuentes de ese gobierno, que preside Juan José Ibarretxe, miembro del moderado Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna coaligado con su escisión, Eusko Alkartasuna y con Izquierda Unida, coalición basada en el Partido Comunista.
El centroderechista Partido Popular (PP), que gobierna con mayoría absoluta en España, y su principal opositor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), anticiparon sus críticas y anunciaron que se opondrán a tal iniciativa, por considerar que atenta contra la Constitución, la democracia y la unidad del Estado.
Pero el portavoz del PNV en el parlamento español, Iñaki Anasagasti, aseguró este jueves que la propuesta, discutida previamente en su partido y conocida como Plan Ibarretxe, planteará una relación amable con España y no es un proyecto independentista.
Otro dirigente nacionalista vasco, que pidió reserva sobre su identidad, equiparó el derecho a la autodeterminación con el divorcio. Porque, explicó, que se reconozca el derecho a divorciarse no quiere decir que los matrimonios se deban romper, pero sí permite negociar mejor la convivencia.
Todavía no se ha expuesto en detalle la iniciativa, pero el presidente del PP en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, adelantó que su partido irá al parlamento de esa región a defender lo que siempre hemos defendido y a rechazar este plan, porque ni es democrático ni es de convivencia.
Por lo que ha trascendido hasta ahora del Plan, éste quiere destruir la Constitución, el Estatuto de Gernika y, por tanto, nuestro autogobierno, arguyó Iturgaiz.
Ese Estatuto, aprobado hace dos décadas por más de 90 por ciento de los participantes en una consulta a los ciudadanos vascos, regula su pertenencia a España, las competencias de autogobierno y las relaciones con los poderes centrales Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Según Iturgaiz, el Plan Ibarretxe es una ofensiva de todos los nacionalistas contra el Estado de derecho y la democracia, y el Estado español debe defenderse con la ley en la mano, considerando piezas claves a la Constitución y el Estatuto.
El portavoz parlamentario del PSOE, Rodolfo Ares, sostuvo que de acuerdo a lo trascendido, el Plan no resolverá los problemas del País Vasco, por lo que también su partido se opondrá a él, aunque sin mantener una posición unificada con el PP.
El Plan no sería sometido a votación parlamentaria de inmediato, sino en 2004, pero los pronunciamientos que se formalicen en los próximos días permitirán aventurar lo que puede ocurrir el año que viene.
El anticipado rechazo del PP y el PSOE determina que la coalición gobernante del País Vasco no tendrá la mayoría parlamentaria para hacerlo aprobar, a menos que cuente con respaldo de diputados que apoyan al grupo terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad en vascuence).
En ese sentido, se puede tomar como anuncio una frase de Arnaldo Otegui, portavoz de Batasuna, partido político proetarra ilegalizado por el Poder Judicial, aunque sus diputados todavía están en ejercicio.
Otegui, quien cumplió una pena de prisión por pertenencia a ETA, dijo que este viernes se comenzará a enterrar el Estatuto de Gernika.
Anasagasti anticipó el criterio con el que se moverá el PNV al afirmar que si (el Plan) no sale adelante a la primera, lo hará a la tercera, pero saldrá.
De acuerdo con las fuentes del gobierno vasco consultadas por IPS, este viernes Ibarretxe insistirá en que las soluciones se deben buscar dialogando, anunciará que el 25 de octubre planteará al Parlamento Vasco que adopte una decisión, y después si no hay un clima de violencia, lo someterá a referéndum.
Ibarretxe alegará que los vascos tienen que decidir cómo y de qué forma quieren estar en España, y pondrá como ejemplos a Suiza y Alemania, dos estados confederados. También mencionará a Bélgica, Escocia e Irlanda del Norte.
Dejará claro asimismo que no se plantea la ruptura del Estado español para constituir otro, si bien defenderá que el País Vasco tenga poderes Judicial y Legislativo propios, independientes de Madrid. E incluso incursionará por el mundo del deporte, al sostener que una selección de fútbol vasca debe tener derecho de participar como tal en campeonatos internacionales.
Cuando se le pregunta a Ibarretxe si esa defensa de la autodeterminación potenciará a ETA, contesta que no.
Pues, dijo a los miembros de su partido, será la propia sociedad vasca la que exija a ETA que desaparezca de nuestras vidas para siempre y podamos decidir, libre y democráticamente, nuestro propio futuro.
La violencia de ETA es el principal obstáculo para que la sociedad vasca pueda vivir y decidir en paz, aseveró el presidente de la Comunidad Autónoma.
Es probable que el Plan no aporte la solución global, pero será una parte muy importante de la solución, no sólo para la normalización política, sino también para acercar la paz, pronosticó.
Sin embargo, las críticas no llegan sólo del PP y el PSOE, sino también desde Navarra, una Comunidad Autónoma cuyos ciudadanos decidieron en referéndum no integrarse al País Vasco, pero reivindicada como parte de éste por los nacionalistas vascos.
Miguel Sanz, presidente de Navarra y de la centrista Unión del Pueblo Navarro, echó en cara este jueves a Ibarretxe que el Ejecutivo vasco otorgue subvenciones a las familias de los presos etarras y dé cobertura legal a los diputados de Batasuna, ilegalizado por sentencia firme.
Esas actuaciones son impropias de quienes dicen ser demócratas y la libertad no se gana escalando peldaños junto con los terroristas y los violentos, opinó.
También expresaron críticas al Plan víctimas y familiares de víctimas del terrorismo etarra, que convocaron para este viernes a una concentración frente al Parlamento Autónomo vasco en Vitoria, la capital de esa región.
En un documento emitido este jueves, la Comisión de Víctimas defendió el Estado de Derecho, rechazó cualquier intento de ruptura de nuestro ordenamiento jurídico, y pidió a los partidos un compromiso irrenunciable, solidaridad activa y abandono de cualquier iniciativa que respalde los fines de quienes practican la violencia.
