La lucha contra la corrupción marca la agenda del nuevo presidente paraguayo, Nicanor Duarte Frutos, y varias medidas parecen indicar un combate a rajatabla, pero algunos nombramientos arrojan dudas sobre la profundidad de sus compromisos y promesas.
Entre las primeras acciones de Duarte, que asumió el 15 de agosto, se destacan iniciativas para frenar prácticas corruptas en materia aduanera y de tributación.
Una de ellas, que puede parecer extraña e incluso contraproducente a quienes no viven en el país, fue eliminar varios controles de organismos públicos que se efectuaban en carreteras, para evitar su frecuente realización indebida por parte de funcionarios, para pedir sobornos.
La medida abarca las actividades de inspectores de los ministerios de Interior, Industria y Comercio, y Agricultura y Ganadería, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos y de la Administración Nacional de Aduanas.
También se ordenó el cese de controles carreteros de la Dirección Nacional de Transporte, la Policía Caminera y la Secretaría Nacional Antidrogas, pero continúan las actividades de control fronterizo por parte de funcionarios policiales y aduaneros.
”Es paradójico, pero en Paraguay es necesario eliminar controles para evitar que la corrupción se generalice. Esto sucede porque, a más controles, más oportunidades hay de sumar eslabones en la cadena de pedidos de soborno”, dijo a IPS el analista político y económico Félix María Lugo.
”Cuando son muchos los controles y la burocracia se extiende, no está claro quiénes son los responsables. Pero si se especifican los entes que deben controlar, es más fácil identificar los actos de corrupción”, agregó.
Lugo advirtió que es necesario establecer sistemas permanentes de rotación de los encargados de los controles.
”A partir de ahora, como los involucrados van a ser menos, el funcionario corrupto va a tener nombre y apellido”, explicó.
Además, Duarte anuló varias licitaciones públicas de relevancia, para convocar nuevamente a interesados. El caso más importante en ese terreno fue el de la concesión por parte de la petrolera estatal Petropar del transporte fluvial de crudo y combustibles.
Con la nueva adjudicación de ese servicio, concretada el miércoles, Petropar logró que el precio del flete sea 1,39 dólares menos por metro cúbico, y eso significará un ahorro superior a 1,3 millones de dólares por año.
El secretario de la Función Pública, César Talavera, reveló que su institución tiene registrados unos 800 nuevos casos de sumarios en curso a funcionarios públicos.
Pero a esas iniciativas del nuevo gobierno se oponen varios nombramientos controvertidos en puestos clave.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, José Alberto Alderete, debió aclarar su situación patrimonial en junio, cuando Duarte anunció que ocuparía el cargo.
Según documentos que obran en poder de los actuales interventores de la institución financiera Multibanco, Alderete tuvo depósitos de casi 300.000 dólares en una colateral de ese banco en las islas Caimán, que retiró antes de su quiebra.
El actual ministro alegó que realizó el retiro al sospechar que se trataba de una operación ilegal, y la Contraloría General de la República aceptó en un dictamen esas explicaciones, pero la fiscalía de Delitos Económicos inició una investigación sobre Alderete, por presunto enriquecimiento ilícito.
Alderete, ex consejero del Instituto de Previsión Social y de la represa hidroeléctrica paraguayo-argentina Yacyretá, fue también tesorero y miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana (ANR), más conocida como Partido Colorado, gobernante en forma ininterrumpida desde 1954.
”El de Alderete es un caso que tiene bastantes frentes abiertos. Pero luego de que la Contraloría aceptó las explicaciones que dio sobre cómo obtuvo su dinero y lo administró, dudo mucho que avance la investigación judicial”, dijo a IPS el analista financiero Félix Agüero.
”Hay demasiados intereses políticos de por medio y no creo que se llegue a nada, pese a que el hijo menor de Alderete está involucrado en la desaparición de documentos de Multibanco. Cuando retiró su dinero de la entidad, al ser funcionario público, también tendría que haber denunciado sus sospechas de una maniobra financiera ilegal”, agregó.
Por otra parte, Duarte nombró presidente del Fondo Ganadero, que brinda créditos estatales a productores pecuarios, al ingeniero civil Guillermo Sánchez Guffanti, ex candidato a presidente por el partido Unión Nacional de Colorados, liderado por el golpista ex general Lino Oviedo y escindido del Partido Colorado.
Una fuente del sector agropecuario que pidió anonimato dijo a IPS que Sánchez Guffanti es un deudor moroso del Fondo Ganadero.
El nombramiento del ex candidato a la presidencia ”es más un gesto de acercamiento político entre el Partido Colorado y el oviedismo que una decisión técnica”, opinó para IPS el analista y consultor de empresas Carlos Vera.
Walter Bower, ex ministro del Interior procesado por su presunta responsabilidad en torturas e investigado por enriquecimiento ilícito, estuvo a punto de ser nombrado miembro del Consejo de Administración de Petropar, pero la presión de la opinión pública lo impidió.
Otro caso polémico es el del vicealmirante Julio César Báez Acosta, nuevo comandante de la marina de guerra, quien recibió en 1986 una condena en Estados Unidos a cinco años de libertad condicional y una multa de 2.000 dólares por tráfico de armas y municiones en el oriental puerto de Richmond, cuando era capitán de un buque mercante del Estado paraguayo.
”En las Fuerzas Armadas habría también que evaluar a otras personas”, explicó a IPS el analista de temas militares y periodista investigador Julio Benegas Vidallet.
El experto citó como ejemplo un en el Tercer Cuerpo de Ejército, cuyas autoridades alquilaban el predio castrense para usos particulares.
”Cuando el general José Key Kanazawa, actual comandante de las Fuerzas Militares, asumió el mando en esa unidad (de 2000 a 2002), las actividades ilícitas siguieron sin alteraciones”, explicó Benegas.
El experto citó también el caso del actual jefe del regimiento Guardia Presidencial, el coronel Heriberto Galeano, amigo de personal de Duarte.
En 2001, Galeano compró en Chile un automóvil liberado de impuestos, aprovechando su cargo diplomático como agregado militar adjunto en la embajada paraguaya en Santiago. Cuando le tocó volver al país, puso en venta el vehículo en la capital chilena, y eso ”provocó la reacción de la cancillería trasandina ante la embajada paraguaya”, indicó.
Las Fuerzas Armadas iniciaron un sumario a Galeano, ”que no condujo a nada”, recordó Benegas. (
