Activistas estadounidenses de derechos humanos manifestaron indignación ante la posibilidad de que paramilitares derechistas de Colombia, acusados de las peores masacres de las últimas décadas en ese país, obtengan libertad provisional.
El gobierno de George W. Bush debe recortar la asistencia a Bogotá si la propuesta legal del presidente Alvaro Uribe se implementa, sostuvo el investigador Robin Kirk, autor de Más terrible que la muerte: masacres, drogas y la guerra de Estados Unidos en Colombia.
La ayuda de Washington a Bogotá asciende hoy a más de 700 millones de dólares al año, la mayor parte en asistencia militar. Se trata del mayor monto asignado a país alguno, excepto Israel y Egipto.
La respuesta de Washington debería ser inequívoca. Si Colombia respeta seriamente los derechos humanos y desea seguir recibiendo millones (de dólares) en asistencia, no puede permitir que los criminales esquiven la justicia, dijo Kirk, a través de una declaración difundida por la organización Human Rights Watch.
Este investigador trabajó para Amnistía Internacional y Human Rights Watch, consideradas las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos del mundo.
El gobierno de Bush, principal respaldo exterior de Uribe, no efectuó comentarios públicos sobre la propuesta del gobierno colombiano.
Pero el diario The New York Times aseguró el lunes que Bogotá recibió recomendaciones favorables a la iniciativa por parte de Washington, que considera la libertad de los paramilitares un paso hacia el fin de la guerra civil que se remonta a los años 60.
La propuesta, presentada por Uribe al Congreso legislativo en agosto, establece penas alternativas para favorecer la desmovilización de 90 por ciento de los miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un proceso gradual que debería finalizar el 31 de diciembre de 2005.
Con la iniciativa se procura superar el precepto constitucional según el cual las penas a delitos atroces no son excarcelables.
Los paramilitares deberían disolver sus organizaciones y pagar multas o realizar otros actos públicos en señal de arrepentimiento a cambio de la libertad.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, entre mediados de 1996 y agosto de este año, las acciones paramilitares dejaron 11.728 víctimas, frente a 3.318 de la guerrilla izquierdista y 923 atribuidos a agentes del Estado.
El proyecto abre la puerta a la impunidad porque deja sin efecto la ejecución de la condena y permite que los responsables no se sometan a un solo día de cárcel, dijo el representante especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Colombia, Michael Fruhling.
Uribe acusó a activistas locales de derechos humanos de defender al terrorismo en dos ocasiones la semana pasada.
La guerra enfrenta a dos grandes organizaciones guerrilleras izquierdistas con el gobierno. Pero los narcotraficantes también han intervenido, y ahora apoyan a paramilitares derechistas que, a su vez, también gozan del apoyo de oficiales del ejército, según expertos independientes.
Desde mediados de los años 90, las AUC también se han dedicado al narcotráfico sin intermediarios, como admitió su fundador, Carlos Castaño, quien estimó que 70 por ciento de las finanzas de la organización procedían de esa actividad.
Fuentes de inteligencia de Colombia calcularon que los paramilitares controlan 40 por ciento de las exportaciones de cocaína del país.
Castaño y dos de sus lugartenientes han sido acusados de narcotráfico en Estados Unidos. Pero Washington formula la misma acusación contra las principales organizaciones guerrilleras izquierdistas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Las AUC, las FARC y el ELN figuran, asimismo, en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado (cancillería) estadounidense. Los paramilitares han sido acusados de matanzas de campesinos, sindicalistas, jueces y fiscales sospechosos de vínculos con organizaciones guerrilleras.
También se los responsabiliza de la muerte de dos candidatos presidenciales.
Las AUC surgieron a finales de los años 70 como grupos de choque —alentados por terratenientes, ganaderos y organizaciones del narcotráfico— contra las guerrillas izquierdistas, y fueron declaradas ilegales en 1989.
Su organización, relativamente centralizada, está formada por entre 13.000 y 16.000 combatientes que actúan en 30 por ciento del territorio colombiano.
