La Cámara Federal de Buenos Aires reabrió los casos contra militares que violaron los derechos humanos en la última dictadura (1976-1983), luego de que el Congreso legislativo anulara las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que los protegía. La decisión de reabrir estas investigaciones, interrumpidas entre 1986 y 1987 por la sanción de esas leyes, coincidió con la liberación el lunes de 40 ex represores que habían sido detenidos con fines de extradición por orden del juez Rodolfo Canicoba Corral y a pedido del magistrado español Baltasar Garzón. El gobierno de España se opuso a que los militares fueran juzgados en Madrid.
