Organizaciones humanitarias de Argentina pidieron al juez Rodolfo Canicoba Corral que mantenga en prisión preventiva a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983), detenidos a pedido del juez de España Baltasar Garzón para su extradición, la cual se negó a tramitar el gobierno de su país. La presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, reclamó que "un juez tenga facultades para detener a los ex represores en función de la anulación este mes de las leyes que los habían alejado de los tribunales desde fines de los años 80.
