El gobierno de Bolivia se apresta a afrontar creciente tensión social de imprevisibles consecuencias en los próximos días, mientras los bloqueos de carreteras se multiplican en la occidental región del altiplano, y la oposición política se une contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Las movilizaciones se realizan en especial contra el negocio de exportación de gas a América del Norte que planea el gobierno, incluyendo el probable acuerdo para utilizar un puerto chileno.
Este martes, la ruta de La Paz a Oruro y Cochabamba, principales enlaces hacia el interior del país, y la que va a las poblaciones ribereñas del Lago Titicaca continuaban bloqueadas, y todos los mercados populares de La Paz cerraron sus puertas en apoyo a las protestas.
El transporte terrestre desde y hacia La Paz también fue suspendido por tercer día consecutivo, como consecuencia de los bloqueos de rutas.
La paz boliviana se volvió a romper el sábado, cuando fuerzas policiales y militares se preparaban para escoltar a una columna militar que rescató a turistas y bolivianos retenidos en la altiplánica Sorata, y esa escolta fue atacada desde las montañas por campesinos armados en Warisata, 148 kilómetros al oeste de La Paz.
El enfrentamiento causó la muerte de tres campesinos y dos soldados, así como heridos de ambos bandos.
Cuatro días después de aquella jornada violenta, están bloqueadas las rutas desde La Paz al interior del país y hacia las occidentales fronteras con Perú y Chile.
Por las noches, los campesinos alfombran con piedras las rutas, y en el día las fuerzas del orden las limpian, pero el temor y la situación inestable determinan que pasajeros y propietarios de autobuses de transporte público suspendan sus viajes.
Evo Morales, líder de los productores de coca y del opositor Movimiento al Socialismo (MAS), aparentemente ajeno a los enfrentamientos de Warisata, está también al frente de la oposición a la venta del gas en las actuales condiciones, y para reforzar su posición conformó este lunes una "Coordinadora por la Defensa del Gas".
Morales alega, entre otras cosas, que las leyes vigentes para la explotación de hidrocarburos dejan al Estado una porción muy exigua de los beneficios.
La Coordinadora, que agrupa a cocaleros, trabajadores fabriles de la centrooccidental ciudad de Cochabamba, la Central Obrera Boliviana y otras organizaciones sindicales, expresó respaldo la lucha de los campesinos del altiplano y declaró su oposición a la venta del gas natural.
"Exigimos una solución inmediata, a la brevedad posible, caso contrario tomaremos acciones concretas", dijo Morales, quien anunció que si el gobierno continúa con la "masacre" de campesinos del altiplano o impone un estado de sitio, se declarará una huelga general por tiempo indefinido, con bloqueo de caminos en todo el país.
En tanto, la coalición de gobierno ha salido a dar una señal de unidad, mediante una reunión de Sánchez de Lozada con los líderes de los partidos que lo apoyan, el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993), Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana, y Johnny Fernández, de Unidad Cívica Solidaridad.
Los cuatro firmaron el documento "Reencuentro Nacional", que la Iglesia Católica boliviana preparó y para el cual buscó apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, pero que al final fue rechazado por el MAS.
Ese documento contiene varios compromisos gubernamentales respecto de los principales temas de interés nacional, como la venta del gas, para la cual el Ejecutivo se compromete a diseñar en 90 días una estrategia energética que busque generar valor agregado y esté basada en consultas a los ciudadanos.
Esa preocupación surgió porque muchos movimientos sociales coinciden tras la consigna: "No a la venta del gas natural por Chile", y los más radicales dicen "No a la venta del gas", en general, además de plantear diversas demandas sectoriales, que en algunos casos suman hasta 80.
Las consignas hacen referencia al proyecto boliviano de exportación de gas natural comprimido a los mercados de México y del sudoccidental estado estadounidense de California, utilizando un puerto en el Pacífico.
Por su condición de nación sin salida al mar, Bolivia debe elegir entre un puerto de Chile o uno de Perú, y las ventajas de costo, factibilidad técnica, voluntad de las empresas y estabilidad política parecen apuntar a la opción chilena.
Chile estaría dispuesto a conceder por 99 años un territorio costero en el cual regirían las leyes bolivianas para asuntos laborales, impositivos y de seguridad social.
Eso ha reabierto en muchos sectores sociales de Bolivia una vieja herida histórica por la guerra en que el país, aliado con Perú, perdió en 1879 su territorio con costas sobre el océano Pacífico, que quedó bajo soberanía chilena, sin que desde entonces haya sido posible acordar con Santiago una recuperación del acceso al mar.
Por esa razón el gobierno de Sánchez de Lozada se resiste a someter a referendo la decisión de vender el gas y la elección del puerto para exportarlo, como exigen organizaciones sociales y partidos opositores.
