El proyecto de ley del gobierno de Colombia para conceder libertad condicional a los combatientes que se sumen al proceso de paz abre la puerta a la impunidad, alertó la oficina de derechos humanos de la ONU. La polémica apenas comienza.
Esa iniciativa que estudia el Congreso legislativo deja sin efecto la ejecución de la condena y permite que los responsables no se sometan a un solo día de cárcel, dijo en un comunicado el jueves la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
La propuesta, presentada al Congreso el 21 de este mes, permite al Estado aplicar a los responsables de crímenes internacionales penas alternativas a la de prisión que por su carácter excesivamente suave vulneran los principios democráticos de justa retribución y proporcionalidad de las sanciones paralelas, añade el comunicado.
El proyecto está concebido para favorecer la desmovilización de 90 por ciento de los miembros de las paramilitares y derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en un proceso gradual que debería finalizar el 31 de diciembre de 2005.
La iniciativa busca superar el precepto constitucional según el cual las penas a delitos atroces no son excarcelables.
La sorpresa este viernes la dio el senador del mayoritario y derechista Partido Liberal, Rafael Pardo, quien apoyó activamente la campaña electoral del presidente Alvaro Uribe.
El proyecto de excarcelación por delitos atroces es un eufemismo, porque la realidad es que los beneficiarios no pisarán un solo día la cárcel, dijo Pardo.
Esto significa una desmoralización total. Es decirle a la gente que quienes cometieron delitos como el terrorismo, narcotráfico y genocidio que no van a ir a la cárcel, mientras los autores de robos callejeros tienen entre cinco y ocho años de prisión, abundó Pardo en declaraciones a la radioemisora Caracol.
Pardo, designado por la secretaría del Senado como ponente de la ley, había liderado como consejero de paz del gobierno de Virgilio Barco (1990-1994) la negociación que llevó a la legalización del M-19.
Según el actual consejero de paz gubernamental, Luis Restrepo, el proyecto está estructurado desde los principios de verdad, justicia y reparación.
Pero en opinión de la oficina del Alto Comisionado, en la propuesta no se reconoce claramente la obligación del Estado en materia de reparación cuando ésta no es satisfecha por el responsable directo de los crímenes.
Sin hacer mención directa a estos cuestionamientos, Restrepo señaló que el proyecto plantea penas alternativas a las de prisión porque se quiere cambiar el concepto de buscar venganza infligiendo dolor al victimario mediante la cárcel.
Para Restrepo, psiquiatra y uno de los artífices del proyecto, se satisface la necesidad de verdad porque hay investigación y esclarecimiento de los crímenes cometidos, de justicia, porque hay un fallo judicial y una condena, y de reparación, porque se modifica la noción de castigo dando paso a una pena alternativa.
Estas declaraciones de Restrepo aparecieron en la edición del lunes de la revista Semana.
Para el diputado Gustavo Petro, que llegó a la cámara baja en representación del movimiento Vía Alterna y ahora forma parte del centroizquierdista partido Nuevo Polo Democrático, no es posible votar una ley que abra paso a la impunidad.
A su juicio, un proyecto que atienda a la verdad debe facilitarla completa a la sociedad en relación con los hechos delictivos en que estuvieron involucrados los paramilitares y los sectores sociales y económicos que los apoyaron.
Petro, ex guerrillero del legalizado M-19, estimó que atender a la justicia significa que los paramilitares responsables de delitos de lesa humanidad y sus asociados deben ser castigados de alguna manera.
Y la reparación debe estar dirigida a las víctimas o los familiares de las víctimas del paramilitarismo, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, campesinos, maestros y activistas del movimiento social asesinados.
Pero también millares de personas, en su mayoría campesinos, que debieron abandonar sus hogares para proteger sus vidas.
Si no se cumplen esos requisitos, si la base social que apoya el paramilitarismo no es presentada a la luz pública, volverá a financiar a estos grupos, sostuvo. Y si no hay justicia lo que tendremos es que seguirá habiendo criminales de guerra que entienden que se les puede indultar, añadió.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, entre mediados de 1996 y lo que va de este año, las acciones paramilitares dejaron 11.728 víctimas, frente a 3.318 de la guerrilla izquierdista y 923 atribuidos a agentes del Estado.
Además, varios líderes de las AUC son acusados de narcotráfico por la justicia de Estados Unidos.
El gobierno de ese país pidió en octubre de 2002 la extradición de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, dos jefes de las AUC, por la introducción de cargamentos de cocaína en Estados Unidos.
Según declaraciones del propio Castaño a la prensa, 70 por ciento de los ingresos de su organización (considerada terrorista por Washington), provienen del narcotráfico.
Asimismo, Castaño tiene abiertos cerca de 10 procesos judiciales en Colombia por delitos de asociación para delinquir, conformación de grupos armados, terrorismo y homicidio, aunque no afronta cargos por tráfico de drogas.
Sobre Mancuso pesan ocho órdenes de captura por delitos similares.
Las AUC surgieron a finales de los años 70 como grupos de choque —alentados por terratenientes, ganaderos y organizaciones del narcotráfico— contra las guerrillas izquierdistas, y fueron declaradas ilegales en 1989.
Su organización, relativamente centralizada, está formada por entre 13.000 y 16.000 combatientes que actúan en 30 por ciento del territorio colombiano.
