La violencia del conflicto por la tierra en Brasil, medida por la cantidad de asesinatos de campesinos, aumentó en este primer año del gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), que anunció la reforma agraria como una de sus prioridades.
Hubo 44 de esos homicidios en lo que va de este año, y 43 en todo el año pasado, según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo de la Iglesia Católica que desde 1985 realiza informes anuales sobre los conflictos por la tierra y sus consecuencias.
"Decidimos adelantar ahora un informe parcial de este año, para contrarrestar interpretaciones muy difundidas de que el movimiento social está provocando un clima de caos y violencia en el país", explicó la coordinadora nacional del CPT, Isabel Cristina Diniz, al divulgar el documento el martes, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.
El "Informe sobre los crímenes del latifundio", que será entregado al secretario de Estado de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, destaca que los campesinos son víctimas y no causantes de la violencia rural.
De 1985 a 2002 fueron asesinados 1.280 trabajadores rurales, sindicalistas, abogados, religiosos y técnicos vinculados con la lucha campesina por la tierra. A eso se suman 715 casos de tortura, 19.349 agresiones físicas y numerosas amenazas de muerte, según el informe.
El Poder Judicial favorece a los hacendados que ordenan esas muertes y a sus ejecutores, acusó Diniz.
La gran mayoría de los 1.280 homicidios quedaron impunes, ya que sólo 121 acusados fueron a juicio y cerca de la mitad de ellos resultaron absueltos, y de los 14 enjuiciados bajo cargos de ordenar asesinatos, sólo siete fueron condenados. "Tal impunidad alienta los crímenes de los latifundistas", señaló.
Del otro lado, desde 1985 los campesinos encarcelados sumaron 6.330, la mayoría indebidamente según la CPT.
La parcialidad de los jueces de comarca, que actúan en áreas rurales bajo influencia directa de hacendados locales, se comprueba por frecuentes decisiones de tribunales de instancia superior, "anulando prisiones de trabajadores rurales", observó el abogado Aton Fon Filho, director de la no gubernamental Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
Los asesinatos son más frecuentes en el norteño y amazónico estado de Pará, donde ocurrió la mitad de los 44 casos de este año. Pero en Sao Paulo, el estado más industrializado y rico del país, la represión contra los movimientos que demandan una reforma agraria se realiza mediante "prisiones arbitrarias", sostuvo la CPT.
Desde el año pasado, un juez dispuso el encarcelamiento de 28 militantes del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en la región de Pontal de Paranapanema, área de intensos conflictos por la tierra en el oeste de Sao Paulo. De esas 28 "órdenes de prisión, 26 fueron revocadas por los tribunales", ejemplificó Fon Filho.
Pero el informe de la CPT "en ningún momento menciona las invasiones de propiedades por parte del MST y otros grupos", señaló a IPS Carlos Fernando Xavier, presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería de Pará.
"Invadir tierras ajenas es violencia y provoca reacciones defensivas de los que tienen su patrimonio atacado", arguyó.
Pará es "una frontera de expansión agrícola, donde el Estado sigue ausente, faltan carreteras, escuelas y notarías", y eso explica la mayor frecuencia de conflictos violentos, apuntó Xavier. Allá sólo uno por ciento de las propiedades rurales disponen de energía eléctrica, mientras en el sur de Brasil todas cuentan con ese servicio, destacó.
Para Diniz, sin embargo, el recrudecimiento de la violencia rural desde el año pasado se debe a la ausencia de la reforma agraria que demandan el MST y otras 96 organizaciones.
La multiplicación de movimientos campesinos refleja la necesidad de distribuir tierras y ofrecer mejores condiciones de vida a la gente del campo, sostuvo.
Hay 140.000 familias acampadas en forma precaria, a la espera de asentamiento, dijo la coordinadora de la CPT, y agregó que la concentración de la propiedad de la tierra en Brasil, que ya era muy elevada, se intensificó en los últimos años, y llevó a que 50.000 personas sean dueñas de la mitad de los campos del país.
De los 400 millones de hectáreas registrados como propiedad privada, sólo 60 millones son efectivamente cultivadas, indicando que sobran tierras, pero hay 4,8 millones de familias campesinas sin tierra en Brasil, argumentan los movimientos defensores de la reforma agraria.
En apoyo a la reforma agraria y contra la violencia, un grupo de actores conocidos de televisión y cine organizaron el Movimiento de Humanos Derechos, cuyo objetivo es "aprovechar nuestra visibilidad en los medios de comunicación para divulgar el Brasil real, distinto del Brasil oficial", y promover los derechos humanos, explicó Eduardo Tornaghi, miembro de ese grupo.
Leonardo Vieira, conocido como actor de la telenovela "Renacer" años atrás, contó a periodistas que presenció hace algunos meses un juicio en Pará, y calificó de "muy triste" que se haya tardado 18 años en condenar al asesino de Joao Canuto, un "heredero natural de la tierra".
"¿Cuándo serán juzgados los 44 asesinatos de este año?", preguntó.
