El ex presidente paraguayo Luis González Macchi soporta una ofensiva judicial en tres causas: por asociación criminal, lesión de confianza y enriquecimiento ilícito. Y en un cuarto proceso lo aguarda una querella penal por abuso de poder.
Por una de estas causas, en la que se investiga la participación del ex mandatario en el desvío de 16 millones de dólares de dos bancos en liquidación, González Macchi (2000-2003) fue procesado el miércoles, decretándose la prohibición de su salida del país.
El próximo paso procesal será el viernes 5 de septiembre, cuando González Macchi debe presentarse ante el magistrado de la causa, Hugo Sosa Pasmor.
En esa audiencia, la fiscalía ”muy probablemente pida la aplicación de una caución real, fianza personal y comparecencia mensual ante el juzgado”, dijo a IPS el analista judicial Rodney Smidbauer.
Smidbauer, abogado y periodista, explicó que en la carátula del caso se menciona ”lesión de confianza y asociación criminal, en especial porque supuestamente instigó a la comisión del delito a través de su influencia como presidente de la república”, explicó.
El presunto desvío de dinero público a la sucursal de Nueva York del Citibank para una operación financiera de alto rendimiento se perpetró entre marzo y abril de 2000.
Dos días antes de comparecer ante el juez Sosa Pasmor, González Macchi deberá prestar declaración indagatoria ante los fiscales Elsa María García y César Alfonso, por una causa en la que se investiga una supuesta lesión de confianza.
Al ex presidente se lo acusa de haber ordenado en 2002 la contratación de un escribano privado para la ampliación de capital de la estatal Compañía Paraguaya de Comunicaciones, dentro del marco de acciones previstas para la privatización de la telefónica.
La elección recayó en su amigo Jorge Fernández Zaván, quien cobró honorarios por 600.000 dólares. ”Pero, según la fiscalía, este mismo trabajo pudo haber sido realizado por la Escribanía Mayor de Gobierno, sin que al Estado le significara erogación alguna”, explicó Smidbauer.
”Otro aspecto llamativo en este caso es que González Macchi fue citado a prestar declaración indagatoria, aún cuando la causa no posee magistrado debido a que el juez Hugo Sosa Pasmor fue recusado por la defensa”, advirtió el experto.
Para el experto, ”este claro caso de apresuramiento” en los procedimientos podría derivar en otros incidentes judiciales que podrían terminar por ”embarrar la cancha”.
González Macchi es también investigado por enriquecimiento ilícito. Esta pesquisa comenzó en 2002 cuando se constató que la esposa del entonces presidente, Susana Galli, poseía una cuenta con más de 140.000 dólares depositados en el hoy liquidado Banco Alemán, del quebrado grupo económico regional Velox.
”Los fiscales están interesados en saber cómo es posible que la esposa del presidente tenga tanto dinero en el banco, siendo que ella era funcionaria del área informática del Congreso (legislativo) cuando su marido aún era titular de la cámara alta”, destacó Smidbauer.
También despierta la sospecha de los investigadores la reciente construcción de una suntuosa mansión en un exclusivo barrio de Asunción, inaugurada por el matrimonio cuando González Macchi entregó el poder a su sucesor, Nicanor Duarte Frutos, el 15 de este mes.
Finalmente, un cuarto frente judicial debe ser también atendido por el ex presidente, en un caso en el que un ex capitán del ejército Vladimiro Woronieki acusa al ex mandatario de abuso de poder.
”Woronieki querelló a González Macchi porque supuestamente, cuando éste era presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó al Tribunal Militar de Calificaciones se le diera una nota mínima para que fuera dado de baja”, puntualizó Smidbauer.
El ex militar alega una especie de ”maquinación dolosa” como represalia por haber participado de una asonada militar en mayo de 2000, cuya investigación judicial fue extinguida en mayo, cuando los tiempos procesales excedieron los tres años estipulados por el Código Penal.
En enero, González Macchi sorteó con dificultades un juicio político mediante el cual se pretendía despojarlo de sus fueros, por una acusación por posesión de un auto robado, causa en la que también estaba involucrada su esposa.
González Macchi no puede escapar a las tribulaciones judiciales escudándose en la inmunidad parlamentaria por las particulares condiciones en que llegó a la presidencia.
Según la Constitución, los presidentes electos que cumplan su mandato acceden a una banca como senadores vitalicios, con todos los derechos y obligaciones de un legislador, entre ellos los fueros parlamentarios.
Pero González Macchi llegó al poder en marzo de 2000, cuando se desempeñaba como presidente del Congreso legislativo y se produjo una doble acefalía, al renunciar el entonces presidente Raúl Cubas, tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
”Por ello, González Macchi no cuenta con fueros parlamentarios, puesto que no resultó elegido (presidente) en comicios, un punto en el que la Constitución es muy clara”, finalizó Smidbauer. (
