Unas 3.000 personas de la oriental ciudad argentina de Santa Fe aún se refugian en fríos galpones, estaciones de tren abandonadas o tiendas de campaña que deben evacuar cuando llueve, mientras la construcción de sus viviendas sigue en proyecto.
Todos ellos perdieron sus casas a fines de abril tapadas por las aguas del río Salado, que tras varias semanas de intensas lluvias desbordaron las antiguas defensas de la capital de la provincia de Santa Fe y afectaron a gran parte de sus 400.000 habitantes.
Este es el remanente ”de los 140.000 damnificados, que se constituyeron ya en los refugiados ambientales de esta tragedia”, dijo a IPS la asistente social Liza Tosti, de la fundación ambientalista Proteger, encargada de coordinar a los voluntarios que trabajaron en centros de evacuación tras las inundaciones.
”Estas familias, las más vulnerables, venían escapando de la miseria y ahora perdieron lo poco que les quedaba: su casa, sus cultivos, sus enseres y hasta algún empleo precario”, añadió la experta.
Pero la espera será larga para estos evacuados, que deberán aguardar en sus precarios refugios hasta que finalmente se materialicen algunos de los varios planes de vivienda, estatales o solidarios, previstos para ellos.
Ninguno de esos programas comenzó todavía, aclaró a IPS el arquitecto Hugo Orlandi, de la Unidad Ejecutora para la Reconstrucción, que funciona en la órbita del gobierno provincial encabezado por el ex piloto de automóviles de Fórmula 1 Internacional Carlos Reutemann.
Existen tres terrenos municipales para 360 viviendas en zona no anegadiza que se van a construir con un subsidio estatal de 545.000 dólares, pero el dinero todavía no llegó, apuntó.
”El terreno todavía no lo limpiamos porque esperamos que llegue el dinero la semana próxima”, indicó tras asegurar que las casas destinadas a la gente que vive en tiendas de campaña se terminarían de construir ”en 120 o 150 días”.
Otro proyecto es para levantar 447 viviendas en un terreno perteneciente a la provincia de Santa Fe, con recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, a través de una ”licitación que será lanzada en septiembre”, agregó.
Orlandi también informó que el gobierno de Reutemann expropió 35 hectáreas para que Cáritas, la fundación solidaria ligada a la Iglesia Católica, construya 250 viviendas, y otras 30 el grupo religioso protestante Ejército de Salvación.
Por último, el funcionario detalló que existe un plan de rehabilitación de viviendas dañadas por la inundación que se van a refaccionar con aportes de iglesias evangélicas.
En algunos barrios de Santa Fe las aguas llegaron hasta los techos de las viviendas y otras directamente desaparecieron bajo el extenso lago que se formó.
Ingenieros hidráulicos de la estatal Universidad del Litoral, organismos ambientales y técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria aseguran que la catástrofe era previsible.
De ello el gobierno provincial es responsable por negligencia al no controlar asentamientos irregulares ni barreras de contención del río, además de no hacer caso de advertencias de ambientalistas y meteorólogos, señalaron.
A pesar de esos señalamientos, las obras para evitar una nueva catástrofe sólo están en la etapa de licitación, como ocurre con la construcción de una defensa y la ampliación de un puente.
Los desbordes provocaron ”al menos” 24 muertes según el gobierno provincial, pero activistas humanitarios pidieron que se investigue la desaparición de 31 personas y la fundación Médicos del Mundo calcula que pudo haber más de 100 víctimas fatales, un dato recogido a partir de entrevistas realizadas para su informe sobre la tragedia.
”Visitamos a un pescador que al día siguiente de la inundación intentó volver a su casa en un bote, para permanecer en el techo cuidando sus cosas como hicieron muchos otros, y a la noche escuchó un llanto de niño. Salió con una linterna y efectivamente eran dos niños, que flotaban en una tabla a la deriva porque sus padres habían muerto ahogados”, relató Tosti con la voz quebrada.
El pescador se hizo cargo de los dos niños, que tienen 3 y 5 años, sin que nadie hasta ahora se los haya reclamado, añadió.
Cuando las aguas bajaron, muchas personas evacuadas volvieron a sus hogares, que en algunos casos sólo tuvieron que limpiar a fondo. Pero otros debieron deshacerse de muebles y otros objetos inutilizados, y hubo casas que volvieron a ser ocupadas pese a que quedaron inhabitables debido a grietas y humedad.
Según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, las pérdidas causadas por las inundaciones en Santa Fe suman unos 1.000 millones de dólares.
En ese estudio se señaló que sufrieron daños unas 20.000 viviendas, de las cuales cerca de 17.000 deberían ser sustituidas por otras nuevas.
Sin embargo, son apenas 3.000 los refugiados en campamentos, galpones o estaciones de tren, y eso significa que son mayoría los que volvieron a habitar viviendas muy precarias en zonas de riesgo, porque carecían de otro lugar al que ir y no podían esperar una solución oficial.
Los campamentos se ubicaron en el límite del área metropolitana, en las zonas de La Tablada y La Florida. Allí conviven hasta tres familias por tienda de campaña desde hace más de tres meses. Tienen baños químicos que sólo cuentan con inodoro y canilla. ”Duchas no hay. Solo pueden higienizarse con las canillas”, explicó Tosti.
Esas tiendas de campaña, que no son impermeables, están sobre tierra, en zonas que se inundan cuando llueve. ”Cada vez que llueve esta gente es evacuada y revive el trauma de una tragedia espantosa”, añadió.
Los asentados en las estaciones ferroviarias abandonadas Mitre y Belgrano disponen de los baños de esos establecimientos, y separan con tabiques improvisados, de cartón u otros materiales, los espacios de vestíbulos y andenes que corresponden a cada familia, aunque algunas comparten un solo ambiente.
Niñas y niños no sólo perdieron su casa, sus juguetes y otras pertenencias, sino que también debieron cambiar de escuela y de amigos, y padecen con mayor frecuencia que los adultos enfermedades causadas por la humedad y el frío de las carpas.
Según Médicos del Mundo, entre las víctimas de las inundaciones hay un enorme aumento de enfermedades bronquiales, gastroenteritis y parasitismo de piojos.
No todas las escuelas reanudaron sus cursos, porque algunas fueron destruidas por la inundación, al igual que hospitales, dispensarios y comedores comunitarios. Los refugiados que se quedaron sin escuela se han distribuido en otras, públicas o privadas, que les ofrecieron lugar.
Autobuses del gobierno provincial los trasladan por las mañanas a esas escuelas y los llevan de vuelta con sus familias por las noches, pero ”hay madres que prefieren no mandar a los hijos (a la escuela), porque tienen miedo de que los ómnibus los dejen en el lugar equivocado, así que hay voluntarios que procuran entretener a los niños en los campamentos”, relató Tosti.
Varias organizaciones comunitarias afirman que el gobierno de Santa Fe, absorbido por las elecciones provinciales del 7 de septiembre, manifiesta un profundo desinterés por el saldo social que dejó la catástrofe.
Los damnificados recibieron de las autoridades una indemnización de unos 450 dólares por familia, y el ejército reparte diariamente alimentos preparados. La asistencia está militarizada y el clima represivo es muy fuerte según evacuados.
”Es muy difícil lograr que la gente se organice para cocinar y resolver problemas cotidianos”, comentó Tosti.
El gobierno provincial prometió ampliar la indemnización con una segunda cuota de unos 250 dólares, pero algunas familias ni siquiera han recibido la primera, por la exigencia burocrática de que acrediten su domicilio personas cuyas casas literalmente desaparecieron.
Hay familias cuyas viviendas precarias estaban en terrenos que el municipio tiene registrados como espacios verdes, a las cuales se ha negado por ese motivo el pago de indemnización.
”Se trata de familias que ya eran muy vulnerables porque son muy pobres, con muchos niños, con problemas de salud, con viviendas y empleos precarios, y que están a la espera de una ayuda que no llega”, subrayó Tosti. A su juicio, los campamentos permanecerán al menos hasta principios de 2004.
”Hay proyectos de reconstrucción y presupuestos de la cooperación internacional ya gestionados, pero también existen muchas controversias en torno a los catastros y a la reubicación en zonas no inundables”, explicó.
A cuatro meses de la tragedia que movilizó al resto del país para enviar alimentos, vestimenta, calzado, colchones y medicamentos a Santa Fe, ”ni un solo ladrillo” se colocó para dar nuevas viviendas a las 3.000 personas que aún esperan amontonadas y con frío.
