El secuestro del líder socialcristiano Sergio Calderón aumentó la tensión en la frontera entre Venezuela y Colombia, donde el asesinato de decenas de agraristas y la presencia guerrillera y paramilitar ponen en jaque a autoridades de ambos países.
En medio de la aguda polarización política que atrapa a Venezuela, la oposición muestra el secuestro de Calderón como una represalia del gobierno de Hugo Chávez. Pero este caso es apenas uno más en el cuadro de violencia política y social que arropa la frontera con Colombia.
Muchos dirigentes campesinos que han propiciado la ocupación de fincas consideradas improductivas y el programa de reparto de tierras impulsado por Chávez han sido asesinados, así como promotores de los derechos humanos y activistas de partidos de izquierda afines al gobierno.
Jorge Fernández, dirigente de la Federación Campesina de Venezuela, aseguró a IPS que en Venezuela han muerto 120 agraristas desde 1999, cuando asumió Chávez.
"Algunos han muerto en situaciones confusas pero otros perecieron a manos de sicarios contratados por ganaderos que se consideraron afectados por quienes reclaman sus tierras", indicó Fernández, dirigente en el estado de Zulia (frontera noroeste).
Por su parte, el presidente de la Federación de Ganaderos de Venezuela y dirigente de la oposición, José Luis Betancourt, dijo este miércoles que, "si bien el secuestro de Calderón es político, el brote de la industria del secuestro opera asistido por la impunidad".
Betancourt leyó un listado de 36 productores agropecuarios, el último de los cuales es Calderón, víctimas de secuestro en lo que va de 2003, según la organización que dirige.
Calderón, ex gobernador del sudoccidental estado de Táchira, fue raptado el viernes de su establecimiento rural, ubicado a unos 20 kilómetros de la frontera colombiana, por cinco personas que portaban armas cortas y escopetas rústicas, según los investigadores policiales.
Hasta ahora ningún grupo ha reivindicado ese secuestro y los captores no han contactado a los familiares ni pedido rescate alguno, añadieron las autoridades.
Conocido como "el cura" por su pasado de seminarista, Calderón fue secretario general del partido socialcristiano Copei, también dirigente del fútbol venezolano y alcalde de San Cristóbal, capital de Táchira, gobierno que debió dejar en manos chavistas en las elecciones de 2000.
Portavoces del gobierno y de la policía judicial piden respetar la investigación de todas las hipótesis posibles sobre las razones del caso, incluido el autosecuestro, y la Fiscalía General apuntó que el modus operandi se asemeja al de los hampones comunes y no de guerrilleros o paramilitares de la vecina Colombia.
Mientras, la embajada de Estados Unidos en Caracas expresó preocupación y pidió al gobierno que "tome todas las acciones apropiadas para investigar a fondo este crimen".
El comunicado de la delegación de Washington dio origen a otro roce diplomático entre Venezuela y Estados Unidos.
El vicepresidente venezolano José Vicente Rangel culpó a los representantes estadounidenses de manejar el asunto de manera "irresponsable y discriminatoria".
Rangel hizo referencia a que "la embajada expresa públicamente su inquietud por éste y otros casos que tocan determinados sectores, pero ignora y guarda silencio ante los crímenes de más de 60 dirigentes campesinos y sociales que apoyan el régimen, a manos de sicarios y elementos que responden a ganaderos y latifundistas".
En Táchira y en los estados de Apure y Barinas de los llanos del sudoeste las denuncias son constantes sobre cobro de "vacunas" (impuestos de guerra) a ganaderos por parte de las guerrillas colombianas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Lo mismo hacen las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que por dos años y hasta julio de 2002 mantuvieron secuestrado al industrial venezolano Richard Boulton, lo cual llevó entonces a un distanciamiento entre el líder de esas milicias, Carlos Castaño, y algunos de sus seguidores.
La prensa da cuenta de que las AUC han creado un brazo venezolano, las Autodefensas Unidas por Venezuela, pero todos los gremios de ganaderos rechazan sostener vínculo alguno con esas formaciones.
Por otra parte, un recorrido por las carreteras de Táchira y Apure permite ver numerosos letreros que dan vivas a la revolución con las siglas FBL, que se corresponde a Fuerzas Bolivarianas de Liberación.
La prensa opositora al gobierno de Venezuela y la empresa de televisión colombiana RCN sostienen que las FBL son un brazo venezolano de las FARC, que se entrena como milicia para apoyar al gobierno de Chávez y se financia con extorsiones y secuestros.
Un comunicado suscrito por las FBL, conocido en San Cristóbal, negó participación alguna en el secuestro de Calderón. Los mismo han hecho desde sus sitios en Internet las FARC y el ELN.
"Vengo de una izquierda marxista en la que aprendimos que una guerrilla se hace para derrocar a un gobierno, no para defenderlo. Lo que puede haber es tolerancia de parte de las autoridades para con esas milicias ilegales", explicó a IPS el diputado Julio Montoya, del opositor Movimiento al Socialismo.
La frontera entre Colombia y Venezuela, de 2.219 kilómetros de largo, especialmente el arco de unos 1.000 kilómetros entre la Sierra de Perijá, en el norte, y las llanuras del río Arauca, en el sudoeste venezolano y oriente colombiano, es pasto de numerosas actividades ilegales.
Además de la guerrilla y el paramilitarismo se mueven narcotráficantes, se practica el abigeato, el secuestro y campean otros tipo de delitos comunes, como lavado de dinero y asesinatos por encargo, según informes de prensa.
A ello se añaden esporádicas incursiones de fuerzas militares de uno u otro país tras la línea fronteriza del vecino y la afluencia de miles de personas desplazadas de sus hogares de Colombia a Venezuela.
Analistas hablan de un tercer país o tercer estado en la extensa frontera, donde las autoridades de uno y otro lado no alcanzan a sostener el imperio de la ley.
Sin embargo, Rangel desestimó esas críticas y expuso que "existen tres fronteras. Una venezolana, otra colombiana y una tercera, que es la frontera incontrolada por parte del Estado colombiano, minada por efectivos de la guerrilla y de las AUC".
Venezuela mantiene en la zona 180 bases militares con unos 20.000 efectivos, mientras que Colombia escasamente cuenta con 6.000 militares y unos cuantos puestos, indicó.
"La inseguridad en la frontera venezolana es pálida respecto de la colombiana", dijo Rangel en una reciente rendición de cuentas al parlamento. (
