El gobierno de México añadió un nuevo guión a su discurso contra la tortura al adoptar el manual de la ONU de lucha contra ese flagelo, pero grupos humanitarios se resisten a celebrar la resolución hasta comprobar que no será letra muerta como otras sobre el asunto.
La práctica de la tortura se mantiene en México a pesar de los ya innumerables compromisos para abatirla, coincidieron en señalar a IPS portavoces de las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional, con sede en Londres, y Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
Pero el procurador (fiscal general del país) Rafael Macedo de la Concha aseguró que a partir de ahora se garantiza que toda investigación criminal esté libre de malos tratos y que cuando estos sucedan se aclaren y se castigue a los responsables.
El funcionario se manifestó así tras informar el miércoles, con gran despliegue publicitario, que México había adoptado el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, también conocido como Protocolo de Estambul.
Ese instrumento, que forma parte del sistema de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), es básicamente una guía de procedimientos para valorar a aquellas personas que alegan haber sido torturadas.
El Protocolo de Estambul fue preparado por más de 75 expertos en salud y derechos humanos de 40 organizaciones y 15 países diferentes, y presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999.
El gobierno de Vicente Fox ha dicho muchas cosas contra la tortura, pero en los hechos esa práctica se mantiene y con un alto grado de impunidad, dijo a IPS María Elena Hernández, directora del área jurídica de la Limeddh, grupo que documenta casos de tortura y brinda asesoría médica y legal a las víctimas.
Por su parte, el portavoz de la oficina mexicana de Amnistía Internacional, Alfonso García, consideró que cualquier paso que se dé contra la tortura es bienvenido. En ese sentido, la adopción del Protocolo de Estambul es una buena noticia, expresó a IPS.
Sin embargo, en el caso de México aún no se puede celebrar, pues hay desconfianza por la falta de resultados, remarcó.
Fox repitió en numerosas ocasiones desde que asumió el cargo a fines de 2000 que deplora los malos tratos y las prácticas de tortura contra detenidos por fuerzas de seguridad.
No obstante, la tortura continúa desempeñando una importante función en el sistema mexicano de justicia penal, pues los agentes del Estado hacen aún amplio uso de ella y sirve de base a gran número de sentencias condenatorias injustas, señaló Amnistía Internacional en su informe de 2003.
Pero en ese documento presentado en marzo y titulado Juicios Injustos: tortura en la administración de justicia se reconoce que las autoridades mexicanas tienen una alentadora actitud hacia la eliminación de la tortura, pero lamenta que aún eso no se traduzca en hechos.
De cualquier modo, los casos de tortura en México siguen siendo numerosos, aunque imposible de precisar debido a que pocos se denuncian, según las dos organizaciones humanitarias consultadas por IPS.
Las denuncias documentadas fueron en aumento, según el informe 2002 de la estatal aunque independiente Comisión de Derechos Humanos, al sumar seis en 1999, nueve en 2000 y en 2001 y saltar a 19 el año pasado.
Agentes de la Procuraduría fueron señalados como responsables en 18 casos en 2002, pero en todos los casos impera la impunidad.
Me obligaron a firmar una declaración tras aplicarme electricidad en los testículos, golpearme con palos y meter mi cabeza en una bolsa de plástico, narró a IPS Rodolfo Montiel, quien fuera detenido por militares en 1999 acusado de posesión de marihuana, pero liberado en 2001 por intervención directa de Fox.
Montiel, un campesino que se dedicaba a defender los bosques de la tala indiscriminada en el meridional estado de Guerrero, había sido condenado a más de seis años de prisión en base a su declaración bajo torturas pese a que sus abogados y médicos pidieron a los jueces que no tomaran en cuenta ese documento.
El gobierno de Fox puso atención en el caso de Montiel, luego que varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, declararan preso de conciencia al campesino y activista ambiental.
Empero, los torturadores de Montiel nunca fueron investigados.
Pero hay muchos otros casos que no salen a los medios (de comunicación) donde la tortura se aplica sin que la víctima pueda demandar justicia y castigo para los responsables de tales maltratos, expresó Hernández.
Esta portavoz de la Limeddh y su colega de Amnistía Internacional coincidieron en que no recuerdan ningún caso en México donde el culpable de torturas fuera detenido, sentenciado y llevado a una cárcel para pagar por su crimen.
La tortura es una práctica común en México, se aplica al momento de las detenciones en forma de golpes y otros maltratos, sostuvo García.
Lastimosamente, la tortura es vista ya de forma casi natural, apuntó.
Pero el procurador Macedo de la Concha afirmó que México adoptó el Protocolo de Estambul para garantizar que ningún funcionario atropelle y viole los derechos humanos de los detenidos.
Decimos 'no' de manera tajante a cualquier conducta que se aparte del respeto irrestricto por el Estado de Derecho, declaró.
Con mucha cautela Hernández advirtió que, si de palabras se tratara, México sería un paraíso en materia de derechos humanos, pero los hechos indican que se mantienen los problemas en tortura y otras materias.
