Residentes de la exclusiva Comunidad Ecológica de Peñalolén, en los faldeos precordilleranos de Santiago de Chile, se niegan a que en sus cercanías se radiquen familias pobres.
La negativa parece abrir paso a una nueva clase, los ecoelitistas. Pero, ¿es así?
A comienzos de julio el Ministerio de la Vivienda llegó a un acuerdo con los dirigentes de la llamada Toma de Peñalolén para trasladar a nuevos terrenos y construir casas a más de 1.500 familias que viven hacinadas en un predio de 22 hectáreas, que ocuparon en 1999.
El plan es reubicar a las familias de la Toma en al menos cuatro terrenos, y erradicar su campamento de precarias chozas de maderas, cartones y latas.
El municipio de Peñalolén, creado bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), experimenta un constante crecimiento por la expansión hacia la cordillera de Los Andes de la ciudad de casi seis millones de habitantes.
En sus nuevos emplazamientos, los pobladores, como se denomina en Chile a los habitantes de barriadas populares, contarán con subsidios estatales para financiar la construcción de viviendas definitivas.
Pero al saber que uno de los cuatro lugares elegidos para asentar a 250 familias, sería un terreno aledaño a la ecologista Comunidad de Peñalolén, varios de sus residentes reaccionaron airados.
A mediados de los años 90, artistas e intelectuales decidieron huir del enrarecido ambiente de Santiago y adquirieron predios en la precordillera con el propósito de llevar allí un estilo de vida en armonía con la naturaleza.
En un entorno de calles sin pavimentar y abundante vegetación nativa, la comunidad cuenta con sistemas de reciclaje de basura y huertos autosustentables que se riegan con aguas captadas de vertientes de la cercana Quebrada de Macul.
Allí viven entre 25 y 50 personas por hectárea, en viviendas de arquitectura poco convencional. Hay amplias casas construidas con modernas aplicaciones de adobe (barro y paja), y hasta se habilitó como casa un vagón de tren.
El asentamiento de las familias de la Toma significará una densidad de 300 personas por hectárea, y romperá la norma de 1999 que fijó para el sector la proporción de 25 a 50 habitantes por hectárea, alegó Valericio Contreras, presidente de la comunidad, quien negó que los propietarios actúen con discriminación.
En cinco ocasiones anteriores rechazamos la instalación de condominios de lujo, porque al igual que en este caso destruirían un ambiente y un sistema de vida únicos en este país, dijo.
La gente tiene derecho a luchar por su dignidad y ésta pasa por una habitación digna, estimó el actor Héctor Noguera, también residente de la comunidad, pero que no se opone al traslado.
Que no les vayan a dar una casa-jaula y que se deshace con la primera lluvia. Ojalá pudieran vivir de la misma manera ecológica de la gente de la comunidad. Que los niños tengan parques y las familias cuenten con espacios para vivir, dijo Noguera a Tierramérica.
Varios actores y actrices que habían asumido una activa oposición al traslado decidieron dejar de expresarse públicamente ante la polémica generada por su rechazo a la medida, que se resolvería en agosto.
Ese rechazo expresa una discriminación construida en torno al estigma de la delincuencia. Se confunde pobreza con delincuencia y delincuencia con drogadicción y se hace un solo paquete con todo eso, opinó la socióloga María Emilia Tijoux, de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS).
La primera opción de los pobladores fue construir viviendas en el mismo lugar que ocupaban, explicó a Tierramérica Alexis Parada, presidente de la Comisión La Voz de los Sin Casa que dirigió la Toma de Peñalolén.
Ahora lo importante es obtener una solución habitacional, sostuvo.
* Publicado originalmente el 26 de julio por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
