Los más de 40.000 homicidios cometidos por año en Brasil, récord mundial con tendencia al alza, no fueron suficientes para convencer al parlamento de abolir de una vez la venta de armas a civiles, asunto a resolver en referendo.
El Congreso Nacional se apresta a aprobar una ley que veda el porte de armas de fuego a quienes no ejercen funciones militares, policiales o de seguridad, dejando la prohibición del comercio para decidirse en una consulta popular fijada para octubre de 2005.
Si el llamado Estatuto del Desarme sortea el trámite parlamentario con éxito sólo se le permitirá a un civil comprar armas para tenerlas en su residencia o empresa. Además se le impondrán restricciones más duras que las actuales.
El Senado ya aprobó esa iniciativa por unanimidad y ahora depende de la Cámara de Diputados, donde se espera la votación en los próximos días en el marco de una fuerte oposición que puede finalmente trabar la nueva norma.
Entre las restricciones establecidas en el proyecto se cuenta que la edad mínima para tener un arma se elevará de 18 a 25 años y se exigirá probar la necesidad efectiva para pedir la autorización y la aptitud técnica y psicológica para usar el arma.
También indica que el porte no autorizado será castigado con hasta seis años de prisión y el doble en caso de contrabando.
Las autorizaciones actuales de porte de arma perderán validez 90 días después de publicada la futura ley, pero quienes entreguen sus armas serán indemnizados.
Esa norma no solucionará el problema de la violencia en el país, pero es un primer y gran paso decisivo hacia su reducción, dijo el ex ministro de Justicia y actual senador Renán Calheiros, quien encabezó el apoyo al proyecto en el Senado.
El Estatuto del Desarme fue el producto de una amplia negociación parlamentaria, estimulada por una campaña de organizaciones no gubernamentales (ONG), que sustituye y sintetiza 59 proyectos sobre el asunto que se tramitaban en la Cámara de Diputados y en el Senado desde hace muchos años.
En este nuevo articulado no se logró imponer la prohibición total de ventas de armas a civiles, pero se fijó el referendo que será muy importante para ampliar el debate en la sociedad, en base a estudios serios, comentó a IPS Antonio Bandeira Rangel, sociólogo responsable de campañas de desarme de Viva Río.
Hace cuatro años Viva Río, la organización no gubernamental que más se destacó en estudios y acciones prácticas en la cuestión, promueve la recolección y destrucción de armas, en asociación con el gobierno del estado de Río de Janeiro.
En junio de 2001 alcanzó la destrucción récord de 100.000 armas y en el último acto, el 6 de julio, se destruyeron otras 4.158, con la quema simbólica de 300 fusiles.
Brasil es campeón mundial en muertes por armas de fuego. Ellas estaban presentes en 62,7 por ciento de los asesinatos cometidos en el país, según un estudio divulgado en 1999 por la Organización Mundial de la Salud, con datos recogidos a mediados de los años 90.
Los expertos calculan que esa participación de armas de fuego ya es más elevada y sigue creciendo, pues en los años 80 se limitaba a 40 por ciento de los crímenes.
En otros 22 países estudiados, europeos en su mayoría, el promedio era de 12,5 por ciento de uso de armas de fuego en asesinatos, mientras objetos cortantes o perforantes alcanzaban un promedio de 31,9 por ciento.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló que las armas pequeñas, que son las de uso personal y comprenden desde pistolas hasta rifles y metralletas, provocan medio millón de muertes al año en el mundo, 300.000 en conflictos armados y 200.000 en homicidios y suicidios.
Estas son las verdaderas armas de destrucción masiva.
En Brasil, además de la gran mayoría de más de 40.000 asesinatos anuales, esas armas producen miles de discapacitados. Sus disparos ya constituyen la primera causa de lesiones en la medula espinal, respondiendo por un tercio de las 7.000 personas que quedan parapléjicas o tetrapléjicas cada año.
Pese a todo esto y a las recomendaciones de la ONU y de la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA por sus siglas en inglés), que reúne a más de 500 ONG, la abolición de las armas aún enfrenta resistencias en Brasil.
El proyecto en votación en el Congreso viola el principio de legítima defensa del ciudadano y no resuelve el problema, ya que los bandidos no entregarán sus armas, sostuvo a IPS el diputado Alberto Fraga, un coronel de la Policía Militar de Brasilia dedicado a la política.
Se calcula que en Brasil circulan 20 millones de armas ilegales y sólo dos millones compradas y portadas legalmente.
En ese cuadro, es ingenuidad o mala fe creer que las personas dejarán de comprar y portar armas a causa de una ley que sólo le quitará al Estado la posibilidad de controlar la pequeña parte de armas registradas, argumentó la jueza jubilada y ahora diputada Denise Frossard, en un artículo recién publicado.
Otro diputado, Onyx Lorenzoni, negó la relación entre armas y violencia, señalando que en su estado, el meridional Río Grande del Sur, circula el triple de armas de fuego que en Sao Paulo, pero sólo registra un cuarto de los homicidios paulistas.
Bandeira Rangel contraargumentó señalando que Río Grande del Sur presenta el mayor indicador de suicidios de Brasil y en eso las armas pequeñas son el principal instrumento.
Además, la existencia de armas en casa aumenta en 11 por ciento los accidentes fatales y en cuatro por ciento los asesinatos intrafamiliares, acotó.
La defensa armada es una ilusión, las estadísticas indican que mueren más personas con armas que desarmadas, porque los criminales tienen la iniciativa y disparan para impedir la reacción de víctimas armadas, observó Rangel.
El bandido no se desarma, pero es el mercado legal el que abastece la criminalidad, por el contrabando, reventas, robo y desviaciones, destacó el sociólogo.
Estudios de Viva Río comprobaron que un cuarto de las armas compradas legalmente por civiles en Brasil terminan en manos de delincuentes.
