Estar en manos de un defensor de oficio en tribunales de la capital mexicana es casi equivalente a perder el juicio, el dinero y la paciencia.
Los 300 abogados que trabajan de oficio en la ciudad llegan a atender hasta 60 casos simultáneos por mes, despachan en los pasillos de juzgados sin privacidad alguna, y muchos parecen estar más entrenados en el pago de sobornos que en litigar.
”Es un grosero y me dijo que no ganaría a menos que soltara unos 10.000 pesos (1.000 dólares) para mover el caso”, señaló Rosario, una joven mujer de escasos recursos que afronta un juicio de divorcio con la ayuda de un abogado de oficio.
La mujer, que apenas estudió hasta tercer año de primaria, es una entre miles de personas que deben presentarse ante tribunales con un defensor asignado por el Estado.
Los abogados de oficio no están bien capacitados, tienen sobrecarga de trabajo, no cuentan con oficinas y su sueldo, menor a 900 dólares mensuales, es insuficiente, según la estatal y autónoma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
La figura del defensor de oficio se creó en la capital en 1940, y la ley indica que su obligación es proporcionar, de forma gratuita y adecuada, asistencia jurídica a quien lo requiera.
Pero eso no sucede. Rosario asegura que el abogado le pidió dinero para pagar a personal de los juzgados y así ”mover el caso” que, según reconoció, poco entiende.
Parada en la mitad del salón principal de un juzgado ”de lo familiar”, donde resuenan al unísono máquinas de escribir sobre escritorios arrinconados, y decenas de personas comparten un aire pesado y caliente, Rosario aguarda que aparezca su defensor para hablar de ese caso.
”Está a la vista lo que pasa con los defensores de oficio: tratan mal al cliente, piden mucho dinero y finalmente no consiguen ganar los juicios”, dijo Noemí Torres, abogada que trabaja por su cuenta y circula a diario por los tribunales de la capital.
Pero tanto los abogados de oficio como sus colegas deben lidiar con la red de corrupción tejida sobre los juzgados, ya sean civiles, penales o laborales.
Para que un caso se atienda con celeridad, hay que pagar diversas sumas en ”propinas” a secretarios, abogados, mecanógrafos, archivistas y otros funcionarios. Todos los que han afrontado un juicio lo saben.
De 50 a 70 por ciento de los jueces de México son corruptos, afirmó en 2002, en un informe especial sobre el país, el relator especial sobre la Independencia de los Abogados y Magistrados de la Organización de las Naciones Unidas, Dato Param.
En ese documento, el experto indicó además que los abogados de oficio mexicanos suelen ser ineptos y mal remunerados.
En 1999, el grupo humanitario Amnistía Internacional dijo en su informe anual que en México ”los abogados de oficio no asisten a los interrogatorios y no hacen nada cuando sus clientes han sufrido algún tipo de tortura o abuso”.
Cristóbal, un joven de 30 años que trabaja como camarero, se lamenta de haber llegado a pisar un juzgado y ”para colmo” estar en las manos de un abogado de oficio.
”Llevamos dos años de proceso y el asunto sigue, es insoportable y caro”, señala.
El camarero, acusado de un robo menor en un antiguo trabajo, afirma que la corrupción en los juzgados ”es total”. ”Sólo viendo los escritorios y a las secretarias desde lejos, ya puedes oler que quieren dinero”, expresa.
Los procesos judiciales mexicanos se llevan mediante la presentación de testimonios y pruebas cuya transcripción engrosa voluminosos libros, con términos que rara vez entienden los inculpados. Las posibilidades de explicar personalmente al juez algún detalle del caso o de realizar careos son mínimas.
Los juicios orales, que son parte de la tradición de la justicia de Estados Unidos, se ven en México pero sólo en las películas.
Torres indicó que si los abogados de oficio quisieran atender bien los cinco o seis casos que toman a la vez, deberían primero leer cientos de páginas, tener algún apoyo de secretaría y darse tiempo para definir estrategias. Pero nada de eso sucede con ellos, aseguró.
Con tantos casos en las manos, se vuelven tramitadores y no llegan a garantizar que se gane un juicio, dijo a periodistas locales Hiram Escudero, diputado del conservador Partido Acción Nacional, que intenta concertar una reforma legal para aumentar el número de abogados de oficio y mejorar sus condiciones de trabajo.
Los defensores de oficio deben velar por los derechos de los más desprotegidos, pero en su situación actual llegan a ser un lastre para sus clientes, manifestó.
En los juzgados todos los abogados, pero más los de oficio, son llamados con el mote de ”plátanos”, pues según la mayoría de sus clientes ”ninguno es recto” (honesto).
”Puede ser que nuestra fama no sea buena, pero lo cierto es que estamos para trabajar y luchar en el sistema a favor de nuestros clientes, con la mayor buena fe del mundo”, aseguró Torres. (
