Japón es uno de varios países invitados por Estados Unidos a participar de la ocupación de Iraq, y a juzgar por los debates en la Dieta (parlamento), la invitación podría ser aceptada.
Pese al recelo de los japoneses, los intentos de la oposición por destacar que Estados Unidos no ha encontrado armas de destrucción masiva en Iraq —el principal pretexto de la invasión— no han tenido demasiado eco.
”¿Alguien puede afirmar que no hay armas de destrucción masiva? Iraq debe cumplir su responsabilidad y explicar la situación”, dijo el primer ministro Junichiro Koizumi.
Koizumi, cuyo gobierno respaldó la invasión anglo- estadounidense de Iraq este año, está determinado a hacer aprobar un proyecto de ley que permitiría a las Fuerzas de Autodefensa participar en la reconstrucción de ese país, antes de que la Dieta entre en su receso de verano.
Para ese fin, el mandatario extendió la actual sesión parlamentaria, que debería terminar a fin de julio.
Ebrahim Sawada, un musulmán chiíta profesor de estudios islámicos, está decepcionado por la actitud asumida por el gobierno.
”Japón debería mostrar mucha cautela sobre un papel activo en la administración estadounidense (en Iraq), dada la falta de pruebas sobre armas de destrucción masiva”, opinó Sawada, uno de cerca de 100.000 musulmanes residente en este país sintoísta y budista de 128 millones de habitantes.
Pero más que la política hacia Iraq y Medio Oriente, el nuevo proyecto de ley puso de relieve un asunto mucho más importante para los japoneses: el papel de las Fuerzas de Autodefensa, lo más parecido a un ejército que tiene Japón.
La Constitución pacifista de Japón, redactada por las fuerzas de ocupación de Estados Unidos luego de la derrota japonesa en la segunda guerra mundial, prohíbe a las Fuerzas de Autodefensa participar en actividades militares de ultramar.
En los últimos años hubo varios intentos por cambiar esa situación, ya fuera por el deseo de Tokio de depender menos de la protección de Estados Unidos o por la sensación de inseguridad en el noreste de Asia. Todos ellos generaron polémica.
La inquietud pública se reflejó en una nota editorial publicada el pasado jueves en el diario Asahi. ”La principal razón por la que Japón decidió no mantener un ejército ofensivo es su fuerte deseo de contribuir a la paz y la estabilidad en Asia”, decía el artículo.
Además, agrega, no se ha explicado lo suficiente qué harían exactamente las fuerzas japonesas en Iraq.
Sin embargo, el gobierno de Koizumi defiende con uñas y dientes el proyecto de ley para desplegar fuerzas en ese país del Golfo.
El gobierno se propone superar la barrera de la oposición pública para tener un ejército más activo, destacando que el envío de tropas a Iraq sería la promoción de la paz y la estabilidad en Medio Oriente y la necesidad de ajustarse al cambiante ambiente internacional.
En una reunión celebrada en mayo entre Koizumi y el presidente estadounidense George W. Bush, ambos líderes prometieron trabajar juntos en Iraq. El primer ministro japonés viajó luego a Egipto, donde prometió ayuda bilateral y expresó la disposición de su gobierno a colaborar en la reconstrucción de Iraq.
Una de las disposiciones más controvertidas del proyecto de ley se relaciona con el posible uso de armas por las Fuerzas de Autodefensa.
La inclusión de esa posibilidad en la ley sería ”inconstitucional”, opinó Yuichi Ozawa, experto constitucional y profesor de la Universidad de Tokio.
Por otra parte, no se puede excluir la necesidad del uso de la fuerza en una situación volátil como la de Iraq, señaló Makoto Hachiyoshi, profesor de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tokio.
El deterioro de la situación de seguridad en Iraq podría fácilmente llevar a las Fuerzas de Autodefensa a verse involucradas en el transporte de armas y municiones, y sólo esto se consideraría una operación militar, observó Hachiyoshi.
En un esfuerzo por atraer al Partido Democrático, el mayor partido de oposición, Koizumi sugirió cambios al proyecto legislativo.
Entre las modificaciones propuestas se cuenta la eliminación de la justificación del ataque militar de Estados Unidos contra Iraq, la reducción del plazo de vigencia de la ley de cuatro a dos años y la inclusión de la solicitud de consentimiento a la Dieta antes del envío de las tropas. (
