La Unión Europea (UE) no parece dispuesta a quedarse de brazos cruzados si Estados Unidos juzga, como pretende, a seis de los extranjeros apresados en la guerra contra el terrorismo y que podrían ser condenados a muerte.
Washington formalizó su anuncio el viernes, mientras el presidente George W. Bush intenta allanar las diferencias entre su gobierno y Alemania, Francia y otros países europeos por la invasión de tropas estadounidenses y británicas a Iraq lanzada el 20 de marzo.
La intención del gobierno de Bush es que otros países contribuyan con tropas al mantenimiento de la paz en Iraq.
Pero el anuncio sobre los seis prisioneros, mantenidos con varios cientos en en la base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en el extremo oriental de Cuba, recibió como respuesta inmediata duras críticas de Gran Bretaña y de la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE.
Londres dio muestras de preocupación tras los informes de que dos de los seis prisioneros eran británicos, mientras el primer ministro Tony Blair emergía de semanas de controversia por los argumentos con que defendió la participación de su país en la guerra contra Iraq.
La Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Lores dictaminó este lunes que Blair no engañó al Parlamento ni falseó pruebas en torno de la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq para justificar la invasión.
En cuanto a los prisioneros, el canciller británico Jack Straw pedirá a su par estadounidense Colin Powell la repatriación de los británicos Moazzam Begg y Ferz Abassi, indicó el domingo el diario London Observer.
El periódico londinense también informó que el tribunal estadounidense ofrecerá a Begg y a Abassi la posibilidad de declararse culpables y aceptar una condena a 20 años de prisión. De lo contrario, explicó, deberán afrontar un juicio que podría resultar en la pena capital.
El embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Tony Brenton, planteará oficialmente esta semana ante la Casa Blanca la preocupación de Londres, indicó London Observer.
También fue identificado un tercer prisionero a ser juzgado, el australiano David Hicks, según informes procedentes de Australia. Aún se desconoce la identidad de los restantes tres.
Abassi, Begg e Hicks están junto con otros 680 no estadounidenses en el campamento X-Ray, en la base de Guantánamo. Una serie de fallos judiciales en Estados Unidos determinaron que ninguno de esos prisioneros gozarán del derecho constitucional al debido proceso.
La gran mayoría de los prisioneros fueron capturados en Afganistán, durante y después de la campaña militar encabezada por Estados Unidos para derrocar al régimen del grupo radical islámico Talibán, objetivo alcanzado en diciembre de 2001.
El resto fueron capturados en otros países como parte de la guerra de Estados Unidos contra la red extremista islámica Al Qaeda, liderada por Osama bin Laden, el principal sospechoso de la autoría intelectual de los atentados contra Nueva York y Washinton cometidos el 11 de septiembre de 2001.
Apenas 40 por ciento de los confinados en Guantánamo terminaron liberados y repatriados. Oficiales del campamento admitieron que muchos de los que continúan allí son combatientes de bajo rango y con escasos conocimientos que puedan ser de valor para la inteligencia estadounidense.
El gobierno de Bush reconoció en abril que tres de los prisioneros son menores de 15 años.
Organizaciones humanitarias y de derechos civiles como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité Internacional de la Cruz Roja elevaron fuertes protestas por las circunstancias de detención y las condiciones de confinamiento.
El principal motivo de crítica fue la no celebración de audiencias para determinar si los combatientes capturados califican como prisioneros de guerra de acuerdo con las Convenciones de Ginebra.
Washington argumento que se trata de combatientes ilegales, y que por lo tanto no pueden acogerse a las prerrogativas que corresponden a los prisioneros de guerra.
Eso le permite a las autoridades darles un trato más elástico, que incluye detención por tiempo indeterminado sin acusación ni audiencia para determinar si se trata de prisioneros de guerra.
Además, el Departamento de Estado (cancillería) advirtió que la base no se encuentra en territorio estadounidense, por lo cual los detenidos no pueden reivindicar el derecho al debido proceso garantizado por la constitución estadounidense.
Las organizaciones también cuestionaron a las comisiones militares en que se juzgará a algunos de los detenidos. Cualquier proceso ante esas comisiones militares será una parodia de la justicia, declaró Amnistía, luego del anuncio del gobierno estadounidense.
Las reglas de las comisiones militares son el blanco preferido de los ataques de organizaciones humanitarias y de abogados, algunos de los cuales se preparan para defender a los acusados.
Esas normas incluyen algunas salvaguardias del debido proceso — juicio público, pruebas más allá de una duda razonable para la condena, examen cruzado de testimonios—, pero que no son suficientes para eliminar serias fallas, afirman los expertos.
Para empezar, no se admitirá una revisión judicial independiente de los veredictos. Así, el Poder Ejecutivo actuará como fiscal, juez, jurado y ejecutor en caso de que la condena sea a la pena capital, prevista por las reglas de las comisiones militares.
Se trata, según HRW, de una falla grave, dado que muchos de los detenidos deberían ser considerados prisioneros de guerra, entre ellos los afganos miembros de las milicias islámicas Talibán.
El derecho de los acusados al asesoramiento también está demasiado limitado, según los críticos. Todos ellos serán representados por abogados militares, aun en el caso de que sus familias prefieran un abogado civil.
Se trata de una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Estados Unidos es parte y que garantiza el derecho de los acusados a ser representados por un abogado elegido por ellos.
Además, el gobierno tiene la facultad de controlar la comunicación entre abogado y acusado, negarle acceso a ciertos documentos y exigir al representante legal que realice todos los trabajos en la sede de las comisiones militares, presumiblemente en Guantánamo.
Eso significa que, si los testigos o evidencias de la defensa se encuentran, por ejemplo, en Afganistán, los abogados no podrán apelar a ellos ante la comisión militar.
A eso se suma que los abogados defensores deberán someterse a la censura de las fuerzas armadas para realizar declaraciones públicas y suministrar a los fiscales una lista de todas sus evidencias y testigos con una semana de anticipación.
El gobierno británico comparte esas críticas. Nos gustaría asegurar que habrá una separación entre el gobierno, por un lado, y la justicia, por el otro, dijo a la cadena de radio y televisión BBC la baronesa Symons, alta funcionaria del Foreign Office británico (cancillería).
Por su parte, la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, urgió a Estados Unidos que evite emitir la pena capital en esos casos.
La condena a muerte no puede ser aplicada por tribunales militares, pues haría a la coalición internacional perder la integridad y credibilidad que tuvo hasta ahora, dijo el portavoz de la Comisión Diego de Ojeda.
La lucha contra el terrorismo no puede alentar la violación de derechos humanos, agregó.
Funcionarios del Departamento (ministerio) de Defensa de Estados Unidos anunciaron que sólo prevén acusar a unas pocas docenas de prisioneros, y no adelantaron qué harán con el resto.
