La activista social mexicana Digna Ochoa llegó al santoral de los luchadores sociales tras su presunto asesinato en 2001, pero investigaciones del Estado indican que se suicidó y que era una mitómana compulsiva.
Ochoa, una abogada vinculada con grupos defensores de los derechos humanos, se quitó la vida con dos disparos de una arma de su propiedad, tras montar un escenario para simular que había sido asesinada, concluyó la fiscalía especial que investiga el caso desde fines de 2002, según trascendió este viernes.
Esa tesis, que irrita sobremanera a los admiradores de la respetada activista, muerta a los 37 años, es la misma a la que llegaron los primeros investigadores del caso.
Defensores de los derechos humanos y familiares de Ochoa se declararon defraudados por el resultado de las pesquisas, e insistieron que fue asesinada por personas molestas con el trabajo que realizaba.
La fiscalía especial se va a ganar el repudio de la sociedad, pues "nosotros vamos a demostrar que fue asesinada", aseguró José Ochoa, hermano de la activista.
Fuentes del grupo humanitario Agustín Pro Juárez, en el que trabajó la abogada, se negaron a comentar para IPS el resultado de las investigaciones, con el argumento de que aún deben analizar el informe.
Ochoa fue convertida en icono de la lucha humanitaria tras su muerte, y su biografía ya fue materia de un libro y una película.
La abogada defendía a personas acusadas de subversión y a otras que denunciaban haber sufrido abusos y torturas por parte de militares.
En vida, denunció que era perseguida y amenazada. En una ocasión afirmó que había sido secuestrada por hombres desconocidos, quienes le habían exigido que cesara sus indagaciones sobre violaciones de los derechos humanos.
Pero la fiscalía, nombrada por el gobierno de la capital que comanda el izquierdista Manuel López, alega haber descubierto que gran parte de esas denuncias de Ochoa fueron inventos, y puso en evidencia varios ejemplos.
En 1987, la abogada recibió atención médica debido a heridas de cuchillo que sufrió en cuello y pecho, inflingidas según denunció por una persona opuesta a su trabajo.
Sin embargo, las investigaciones indicaron en aquella ocasión que ella mismo se había herido, por lo que autoridades judiciales recomendaron que Ochoa fuera sometida a una evaluación psiquiátrica.
Un año después, sus familiares denunciaron el supuesto secuestro de la abogada, pero luego ella apareció sin daño físico alguno y sin que se hubiera pagado rescate. Por declaraciones de testigos, se descubrió que estuvo en encierro voluntario junto con una comunidad religiosa.
La fiscalía especial, cuyo trabajo fue seguido de cerca por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que el caso debe ser cerrado de forma definitiva, pues se trata de un suicidio y no hay delito que perseguir.
Tras la muerte de Ochoa, la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Londres, indicó que el mayor reto afrontado por el presidente Vicente Fox en materia de lucha contra la impunidad era detener y castigar a los culpables del asesinato de la abogada.
El gobierno prometió colaborar con las investigaciones, pero aclaró que la responsabilidad era de las autoridades de la capital.
Estas se comprometieron a esclarecer el crimen e incluso permitieron a familiares de la víctima y a activistas humanitarios coadyuvar en las investigaciones, a cuyo frente pusieron, para evitar suspicacias, a la respetada abogada Margarita Guerra.
La ex alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, condenó cuando ocupaba ese cargo el supuesto crimen, que, según dijo, echó por tierra la esperanza en "un cambio de actitud frente a la intimidación y el acoso del que son víctimas los defensores de los derechos humanos".
Algo similar hizo la guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz, quien opinó que el "deleznable y cobarde asesinato" de Ochoa era "un foco de alerta máxima para la transición que vive México".
También el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, guerrilla que opera en el meridional estado de Chiapas, declaró que el asesinato de Ochoa "alcanza y sobra para estremecer de indignación a cualquier persona".
Pero las investigaciones derrumban la tesis del homicidio de Ochoa, cuya vida fue relatada en el libro "Speak Truth to Power" ("Dí la verdad al poder") de Kerry Kennedy, y en el filme "Digna, hasta el último aliento", del director Felipe Cazals.
