Las cárceles de Indonesia vuelven a albergar presos políticos cinco años después del fin de la dictadura de Alí Suharto, advirtieron las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
En informes publicados por separado este jueves, ambas instituciones urgieron a liberar a todos los prisioneros de conciencia, así como a derogar la legislación empleada por Suharto en su época (1966-1998) para encarcelar a activistas que se limitaban a expresar su oposición al gobierno.
El encarcelamiento de políticos, sindicalistas y activistas pacíficos socavan los avances hacia una mayor libertad política y hacia el respeto por la libertad de expresión, dijo el director de la división Asia de HRW, Brad Adams.
Cuando falta menos de un año para las primeras elecciones presidenciales directas de Indonesia, encerrar a personas que critican al gobierno es un acontecimiento alarmante, advirtió Adams.
Al menos 46 personas fueron encarceladas por expresar sus opiniones políticas desde que cayó Suharto, 39 de ellas desde que la presidenta Megawati Sukarnoputri asumió el cargo dos años atrás, según los dos informes.
La creciente represión se desarrolla debajo de un barniz de gobierno democrático y de mayor libertad que la existente durante el gobierno de Suharto, lo cual dificulta la lucha contra los abusos, indicaron activistas entrevistados por Amnistía y HRW.
Bajo Suharto, había miles de presos políticos y todos lo sabían. Podíamos ir a las cárceles a visitarlos y manifestarles nuestra solidaridad. Hoy, los presos políticos son olvidados. Nadie sabe de ellos, dijo el abogado Habib Rachman, entrevistado por HRW.
Pero la principal preocupación en materia de derechos humanos es hoy la situación en la provincia de Aceh, donde las fuerzas armadas lanzaron en mayo una operación contrainsurgente calificada de brutal por los observadores.
Varias versiones periodísticas indican que cientos de personas murieron, y que miles fueron detenidos y torturados.
Pero también debería prestarse atención a lo que sucede con activistas políticos comunes acusados en Yakarta por delitos tales como insultar al presidente o al vicepresidente, que se castiga con hasta seis años de cárcel. También constituye un delito sembrar odio contra el gobierno.
Desde fines de 1992, según Amnistía y HRW, al menos 14 activistas políticos fueron condenados a cárcel y otros tres afrontan juicios. En la mayoría de los casos, los acusados terminaron en la prisión luego de participar en manifestaciones pacíficas.
La legislación represiva aplicada bajo el gobierno autoritario del presidente Suharto no debería tener lugar en un país que afirma estar en el camino hacia una democracia plena, dijo la directora del programa de Asia y el Pacífico de Amnistía, Ingrid Massage.
Los activistas Nanag y Muzakkir fueron condenados en octubre a un año de cárcel luego de escribir leyendas en retratos de la presidenta Sukarnoputri y del vicepresidente Hamzah Haz para manifestar su insatisfacción con el ritmo de las reformas democráticas.
Nanag y Muzakkir no fueron los primeros ni los últimos acusados por las leyes que datan de la época en que Indonesia era una colonia francesa.
El dirigente de la Liga de Estudiantes Democráticos Ignatius Mahendra y el sindicalista Yoyok Eko Widodo figuran entre los últimos en ser encarcelados, acusados de insultar a miembros del gobierno. Ambos fueron sentenciados a tres años de cárcel por quemar retratos Sukarnoputri y Haz.
La semana pasada, el dirigente opositor Muhammed Nazar, de Aceh, fue sentenciado a cinco años de prisión por difundir el odio contra el gobierno, porque participó en reuniones de militantes independentistas.
Leyes draconianas de la era colonial, que muchos indonesios creían relegadas a la historia, son aplicadas para realizar persecuciones políticas y como arma política para silenciar a los disidentes, indica el informe de HRW. La tendencia es particularmente preocupante dada la cercanía de las elecciones.
Cualquier norma que convierta en delito las actividades políticas pacíficas debe ser derogada lo más pronto posible, dijo Massage, quien exhortó a Sukarnoputri a comprometerse a ponerle fin a esas acusaciones.
El informe de HRW, titulado ¿Un regreso al Nuevo Orden? — denominación oficial de la dictadura de Suharto—, atribuye la represión a la débil posición política de la presidenta, cuyo mayor respaldo procede de las fuerzas armadas. Su relación con los partidos islámicos que integran la coalición de gobierno es tirante.
