La jurisdicción universal de la justicia parece ser ahora un arma de destrucción masiva, dijo este jueves en la capital española el juez Baltasar Garzón, en alusión a los esfuerzos de Estados Unidos para dejar a sus ciudadanos fuera del alcance de la Corte Penal Internacional.
Garzón reunió a la prensa junto a colegas y activistas humanitarios para presentar un informe de Amnistía Internacional (AI), la organización no gubernamental con sede central en Londres, que reclama al gobierno de España colaborar con el tribunal universal que se puso en marcha el 1 de julio de 2002.
En la conferencia estuvieron presentes junto a Garzón los también españoles Miguel Carmona, secretario de Jueces para la Democracia, Pedro Crespo, secretario de la Unión Progresista de Fiscales, e Itziar Ruiz-Giménez, la responsable de Política Interior de AI, sección España.
El documento de AI cuestiona severamente el proyecto del gobierno del centroderechista José María Aznar, a estudio del Congreso de Diputados, por el cual se limita la jurisdicción de la justicia española en delitos contra la humanidad.
Esta iniciativa establece que, si se presentase una denuncia ante un órgano judicial o la fiscalía en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la CPI, dichos órganos se abstendrán.
El texto agrega que, tras abstenerse, el órgano respectivo deberá limitarse a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte.
Garzón precisó que la Ley Orgánica del Poder Judicial de España establece que la justicia de este país es competente para actuar ante hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse como genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, corrupción de menores y tráfico ilegal de drogas.
En base a esta ley fue que los tribunales de apelación, Supremo de Justicia y Constitucional confirmaron a Garzón la competencia de la justicia española para encausar a Augusto Pinochet, por delitos cometidos durante la dictadura que encabezó en Chile entre 1973 y 1990.
Eso permitió que Pinochet fuera detenido por su orden en Londres el 18 de octubre de 1998, aunque finalmente no fue concedida la extradición a España aduciendo el gobierno de Gran Bretaña razones de salud del ex dictador.
Si bien el acto de este jueves en Madrid fue convocado para presionar al gobernante Partido Popular (PP) y a su líder Aznar respecto de este proyecto limitativo, las cuatro personalidades del ámbito judicial destacaron el peligro que significa para la justicia universal la presión que ejerce Estados Unidos.
Carmona señaló que Bélgica fue el primer país europeo en ceder a esa presión de Washington, al derogar una ley que permitía juzgar también a ciudadanos estadounidenses, algo que no debe hacer España.
Es escandaloso e inaceptable que se otorgue inmunidad basándose en convenios bilaterales, impuestos a presión sobre otros países, adicionó.
De ese modo Carmona hizo referencia al planteo de Washington a los países partes del llamado Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), de firmar acuerdos bilaterales para evitar que ciudadanos estadounidenses que cometiesen delitos en esos territorios puedan ser alcanzados por ese tribunal.
La CPI, con sede en La Haya y de la cual forma parte España, tiene la potestad de juzgar delitos de genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad.
El representante de Juez para la Democracia explicó que, en cambio, leyes estadounidenses habilitan a las autoridades a detener a ciudadanos en otros países, sin importar la nacionalidad, para luego ser enjuiciados en Estados Unidos.
Un ejemplo de ello es lo que ocurre con las personas hechas prisioneras en Afganistán, tras la invasión en 2001 a ese país por fuerzas lideradas por Estados Unidos, hoy a la espera de ser juzgadas y recluidas en Guantánamo.
En esa prisión de Guantánamo, el enclave estadounidense en Cuba, hay 680 detenidos sin estar acusados, sin defensa y sin contacto ni siquiera con sus familiares, en un imperio de la barbarie jurídico en el más amplio sentido, apuntó el juez Carmona.
Por su parte, Ruiz-Giménez advirtió que lo que ocurre en Guantánamo vulnera todos los tratados internacionales, por lo cual instó al gobierno español a que se pronuncie al respecto.
Garzón también fue terminante. En Guantánamo se violan los derechos fundamentales, consumándose la teoría de los espacios sin derecho.
Los procesos que se anuncian son, a su entender, una farsa judicial, pues se llevará a los detenidos ante tribunales militares, siendo que se les ha negado el carácter de militares o mercenarios a los allí detenidos, en su mayoría afganos, indicó.
De habérseles reconocido ese carácter se deberían haber aplicado las leyes internacionales para los prisioneros de guerra, que otorgan a éstos garantías jurídicas de las que carecen absolutamente en Guantánamo, explicó.
El informe presentado por AI este jueves, elaborado con el apoyo de otras dos organizaciones, subraya que, de aprobarse la ley en España en los términos en que está redactada, se podría acabar consiguiendo la impunidad de los responsables de genocidio, crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas antes del 1 de julio de 2002.
También subrayaron los cuatro ponentes que la CPI no es sustitutiva sino complementaria de los tribunales nacionales, es decir que sólo puede actuar el tribunal internacional cuando no lo haga la justicia nacional.
Finalmente las tres organizaciones señalaron que el proyecto de ley del gobierno de Aznar es más regresivo que cualquiera de los que se tramitan en América Latina y, posiblemente, en Europa, en la búsqueda de la justicia universal.
Fuentes del partido gobernante se abstuvieron de responder, justificando su actitud en el hecho de que el proyecto todavía está en el parlamento.
