Un tribunal de Colombia mandó suspender la fumigación usada para destruir cultivos de drogas ilícitas en todo el país, por su posible efecto dañino para la salud humana y el ambiente, pero el presidente Alvaro Uribe insiste en que no acatará ese fallo.
Uribe anunció que mientras sea presidente no suspenderá las fumigaciones, porque realizarlas es un compromiso del país con la comunidad internacional. El presidente de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, dijo el 9 de este mes que esa posición era un franco desacato a la ley.
Un fallo del tribunal administrativo del central departamento de Cundinamarca ordenó a fines de junio suspender la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato, mientras se llevan a cabo estudios para medir el impacto sanitario y ambiental de ese agroquímico.
El gobierno apeló ese fallo el 7 de ese mes ante el Consejo de Estado, máxima instancia de lo contencioso administrativo, y eso le permite mantener las fumigaciones hasta la resolución de ese organismo, que debe producirse en las próximas dos semanas.
Los integrantes del Consejo de Estado pertenecen al Poder Judicial y se renuevan por cooptación.
El gobierno debió acatar de inmediato la orden judicial, pese a que la apelación suspende temporalmente la aplicación del fallo, porque en este caso porque están en peligro la salud humana y el ambiente, dijo a IPS el jurista Antonio Ferrer.
Pero Uribe es autoritario, y no tiene ningún inconveniente en pasar por encima de la ley para cumplir con la meta de erradicación de cultivos ilícitos que le ha impuesto Washington, afirmó.
El tribunal de Cundinamarca señaló en su fallo que la fumigación con glifosato se lleva a cabo sin un plan ambiental que mitigue sus efectos colaterales, vulnera el derecho a gozar de un ambiente sano, y afecta la seguridad y la salubridad pública, así como la conservación de especies animales y vegetales
La jueza Ayda Vides ordenó, además de la suspensión de fumigaciones, llevar a cabo estudios científicos que determinen el efecto del glifosato en la salud de las comunidades.
El proceso judicial se inició por una denuncia presentada por Claudia Sampetro, Héctor Suárez y otros ciudadanos contra el Ministerio del Medio Ambiente, la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y otros organismos.
En él se recogieron posiciones de la Defensoría del Pueblo, expresadas en documentos y ponencias ante los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sobre la prioridad de los derechos al goce de un ambiente sano, a la salud y a la vida, que no deben ser afectados por la lucha contra el cultivo de drogas ilícitas.
En el proceso se recogieron por lo menos 20 pruebas técnicas y científicas que sustentaron el fallo, así como quejas de las comunidades afectadas por operativos de fumigación, sobre los daños causados a su salud, sus cultivos de subsistencia y el ambiente, dijo a IPS una fuente del tribunal que pidió anonimato.
Los magistrados consideraron también un informe del Comité de Expertos creado en 1984 para asesorar sobre la lucha contra cultivos de drogas ilícitas, que consideró a la fumigación con productos químicos el procedimiento menos conveniente en la materia, indicó la fuente.
También estudiaron un documento de 2001 en el cual la Contraloría General de la República (fiscalía) advirtió que la erradicación química por aspersión estaba causando negativos impactos ambientales, económicos y sociales, añadió.
El tribunal se basó también en declaraciones del Ministerio de Salud y de otros organismos del Estado sobre la inexistencia de estudios experimentales en el país que señalen el impacto de la aspersión de glifosato en la salud humana.
Desde 1978, Colombia realiza fumigación aérea de cultivos de marihuana, amapola y coca, en las que se ha usado una gama amplia de productos químicos, dijo a IPS Ricardo Vargas, de la organización no gubernamental Acción Andina, que estudia el narcotráfico en la subregión.
Entre esos productos estuvieron Paraquat en 1978, Triclopyr en 1985, y Tebuthiuron en 1986, y desde 1986 se usa en forma permanente el glifosato, explicó.
Las acciones son desarrolladas por la Policía Antinarcóticos mediante programas apoyados y financiados por Estados Unidos, que no han dado los resultados esperados, afirmó el experto.
El tribunal de Cundinamarca acogió también para su fallo otro documento de la Organización Mundial de la Salud sobre efectos cancerígenos en animales de algunos componentes del glifosato.
El fallo ordenó a la DNE evaluar eventuales daños ambientales causados por la fumigación, y adoptar si corresponde medidas de corrección, mitigación y compensación, en especial para parques nacionales, páramos, resguardos indígenas y otras áreas protegidas.
Los magistrados alegaron que no buscan acabar con la fumigación de cultivos ilícitos, sino asegurar que no afecte los derechos de las personas y el ambiente.
Tras el fallo, Charles Barclay, portavoz del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, salió en defensa de las fumigaciones en Colombia, y aseguró que la mezcla de glifosato empleada en el país no genera riesgo considerable para las personas o el ambiente.
Gracias a las fumigaciones del año pasado, los cultivos de coca colombianos disminuyeron 15 por ciento, y los de amapola 25 por ciento, arguyó.
Según un informe emitido en mayo por la Oficina de Control de Drogas y Prevención del Crimen de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC, pos sus siglas en inglés), en Colombia hay más de 102.000 hectáreas sembradas con coca, materia prima de la cocaína, y unas 6.600 sembradas con amapola, materia prima de la heroína.
Según algunos obispos católicos, la indiscutible necesidad de erradicar los cultivos de drogas ilícitas debe afrontarse con estrategias que no afecten al ambiente ni a las personas.
El obispo de la nororiental ciudad de Barrancabermeja, Jaime Prieto, dijo el 9 de este mes a IPS que muchos testigos relacionan las fumigaciones con afecciones en la piel, malformaciones fetales y abortos.
El presidente de la Conferencia Episcopal católica, Pedro Rubiano, consideró muy negativo el cultivo de drogas ilícitas en las comunidades rurales, pero sostuvo que la estrategia para erradicar ese flagelo debe ser entregar a los campesinos tierras para laborar, y apoyar la realización de proyectos productivos.
La presidenta de la Junta Comunal de la septentrional localidad de San Francisco, Clemencia Tolosa, pidió el 8 de este mes al gobierno no fumigar con glifosato en su zona, y destacó que ella y sus vecinos quedaron en la miseria hace dos años, a causa de las fumigaciones.
Con la lluvia de glifosato se acabó la coca pero también se murieron nuestras gallinas, y las siembras de cacao, banano y otros productos que utilizamos para nuestra alimentación, explicó.
La Defensoría del Pueblo, que recibió en 2002 cerca de 6.500 quejas de comunidades por daños a salud y cultivos causados por fumigaciones, respaldó el 9 de este mes, mediante un comunicado, la resolución del tribunal de Cundinamarca.
