La recomposición de la cuestionada Corte Suprema de Justicia de Argentina pone a prueba al gobierno de Néstor Kirchner, que tiene ahora la oportunidad de confirmar su vocación de cambio con un irrestricto respeto a la independencia de poderes.
Se termina la justicia que nos avergonzó, sentenció Kirchner al conocer la renuncia de Julio Nazareno, presidente de la Corte, una de las instituciones más desprestigiadas en la última década por decenas de controvertidos fallos, muchos en causas de corrupción asociadas al gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
La apertura a la sociedad civil en la designación de los futuros miembros del máximo tribunal de justicia, a través de un nuevo mecanismo, abrió un abanico de esperanzas de que el Poder Judicial no vuelva a quedar atado al poder político de turno como ocurrió desde 1990, cuando se amplió de cinco a nueve miembros.
Entre 1994 y 1999 los tres poderes del Estado argentino quedaron en manos de antiguos socios de un estudio de abogados de la septentrional provincia de la Rioja, Carlos Menem que entonces transitaba el último año de su primer mandato, su hermano Eduardo Menem como titular del Senado y Nazareno en la Corte.
Pero la dimisión el 27 de junio del presidente de la Suprema Corte de Justicia no invalida la actuación de tribunales ordinarios en relación a su caso y el de sus ex pares, que aún enfrentan denuncias ante la Comisión de Juicio Político. Ocho de los nueve magistrados cargan entre 50 y 70 imputaciones.
La renuncia de Nazareno abrió una nueva etapa que responde a la demanda social de recambio de las instituciones y al pedido de mayor transparencia y mayor participación ciudadana, dijo a IPS la vicedirectora del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), Ileana Arduino.
Kirchner firmó el 20 de junio, cuando se profundizó el enfrentamiento con los magistrados, un decreto de reforma del sistema de elección de los jueces de la Corte que limita las atribuciones del Poder Ejecutivo al respecto.
El nuevo procedimiento mantiene la potestad del presidente del país de presentar los postulantes a la Corte para que el Senado decida, pero se incorpora una instancia en la cual organizaciones de la sociedad civil pueden presentar objeciones en un lapso no mayor de 15 días.
Para ello se dispuso también que los nombres de los candidatos y sus declaraciones de bienes sean publicadas en el Boletín Oficial y en los medios de prensa en general.
Arduino consideró que el decreto es auspicioso, pues es la primera vez desde 1863 que un presidente se autolimita en sus atribuciones, pero entiende que medidas de ese tipo son insuficientes si no están enmarcadas en un proceso de transformación profunda del sistema de justicia.
El decreto debería ir acompañado de una reforma del reglamento del Senado, en particular en lo que hace a las audiencias de acuerdo, que deberían ser públicas o transmitidas por televisión, para dotar de transparencia el procedimiento, acotó.
La vicedirectora del Inecip, señaló que la opinión pública estará pendiente del cumplimiento del decreto y aseguró que si Kirchner procede de acuerdo con la norma va a ser muy difícil para otro gobierno derogarla.
El Inecip, la Unión de Usuarios y Consumidores, la Asociación por los Derechos Civiles, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Fundación Poder Ciudadano y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales elaboraron en 2002 una serie de documentos titulados Una Corte para la Democracia, que constituyeron la fuente y el punto de referencia del decreto de Kirchner.
Omar Parrados, de la no gubernamental Unión de Usuarios y Consumidores, sostuvo que hay una actitud de confianza y positiva ante medidas como ésta, pero también hay una actitud alerta, de expectativa sobre cómo se avanza en el proceso de cambio.
Esto es parte de lo que la ciudadanía quiere, hay coincidencia con lo que el gobierno dice, pero lo importante es estar atento, ver cómo los dichos se van convirtiendo en hechos, comentó Parrados a IPS.
Hasta presentar su renuncia por razones personales, Nazareno enfrentaba 22 acusaciones formales de la Comisión de Juicio Político, entre ellos abuso de autoridad, perjuicio contra el Estado, falta de decoro y prejuzgamiento.
El alejamiento voluntario de Nazareno del cuerpo al que había ingresado en 1990 le permitió eludir el juicio político y, según expertos, una segura destitución.
Su objetivo era poder cobrar una jubilación de más de 4.000 dólares, cuyo trámite comenzó hace varios meses, pero que el presidente de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Sergio Massa, asegura no tiene derecho a cobrarla porque ya percibe una pensión como ex integrante de la Corte de la provincia de La Rioja,
En tanto, la comisión parlamentaria deberá decidir si enjuicia por separado o junto a los restante ocho integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
El vicepresidente del cuerpo y hasta el momento sucesor de Nazareno, Eduardo Moliné O'Connor, debe responder por 67 denuncias, Guillermo López por 63, Adolfo Vázquez por 62 y Carlos Fayt por 57. Los cinco solían coincidir en sus dictámenes.
También Augusto Belluscio debe responder por 62 acusaciones, Antonio Boggiano por 56, Enrique Petracchi por 51 y Juan Carlos Maqueda, quien ingresó el año pasado, por seis.
La reactivación del juicio político contra Nazareno fue el producto de la ofensiva lanzada por Kirchner contra la Corte a poco de asumir el gobierno el 25 de mayo, que marcó una diferencia con sus predecesores.
El nuevo mandatario no dudó en solicitarle al Congreso legislativo que aplicara el remedio del juicio para destituir a los jueces acusados de mal desempeño de funciones, y lo hizo a través de en un mensaje emitido por radio y televisión el 4 de junio.
En esa oportunidad, Kirchner respondió al alto tribunal ante la posibilidad, dada como inminente según versiones, de que emitiera un fallo a favor de volver a su moneda original los depósitos bancarios congelados a fines de 2001 y que habían sido pasados a pesos argentinos por el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003).
No estoy dispuesto a soportar extorsiones, aseguró Kirchner en ese momento.
El debilitamiento del sector peronista que responde a Menem, luego de que éste renunciara a competir en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales del 25 de mayo, también socavó el poder de la Corte que alguna vez pareció invulnerable.
Menem logró en abril de 1990, gracias a la mayoría parlamentaria que ostentaba, ampliar a nueve los miembros de la Corte y designar a jueces favorables a su gestión, entre ellos su ex socio Nazareno, en lo que se llamó la mayoría automática.
De ese modo tuvo las manos libres para llevar adelantes sin cuestionamientos jurídicos la venta de las empresas públicas y una serie de reformas neoliberales
La mayoría automática le permitió a Menem, por ejemplo, llevar adelante la privatización de la empresa aérea Aerolíneas Argentinas, que había sido frenada por un juez porque entrañaba un serio perjuicio para los intereses del Estado.
Para ello, la Corte utilizó el per saltum, un mecanismo que le permite hacerse cargo de las causas que tienen una gran importancia institucional o política, pasando por encima de las instancias judiciales previas.
