Nelson, un inmigrante birmano empleado en una fábrica de ropa en esta ciudad del norte de Malasia, estaba desesperado ante la inminencia de su deportación, luego que su patrón decidió cancelar su permiso de trabajo.
Un día antes, él y cuatro colegas se habían presentado ante la Oficina de Trabajo de la ciudad para quejarse por sus pésimas condiciones laborales y por los desmesurados descuentos a sus salarios que los dejaban con casi nada para vivir.
¿Qué hago ahora?, preguntó Nelson a un activista de los derechos humanos por teléfono. No se preocupe, lo ayudaremos, fue la respuesta.
Pero poco pudieron hacer los activistas para impedir la deportación el miércoles 4 de siete trabajadores birmanos, entre ellos Nelson y otro que había presentado queja a la Oficina de Trabajo.
El empleador, establecido en Butterworth, Penang, sede de fábricas orientadas a la exportación, había ordenado la cancelación de sus permisos.
Los siete fueron llevados entonces en autobús a la capital malasia, Kuala Lumpur, desde donde funcionarios de la embajada de Birmania los hicieron regresar a su país.
Los trabajadores estaban entre un grupo de 25 inmigrantes birmanos que habían sido tentados para trabajar en Malasia con la promesa de que no recibirían un salario inferior a 700 ringgits (unos 184 dólares), horas extras incluidas.
El problema era que las copias de los contratos que los trabajadores tenían en su posesión sólo habían sido firmadas por ellos mismos y el agente que los contrató en Birmania, pero no por el empleador.
Cuando los trabajadores llegaron a Malasia, descubrieron para su disgusto que sus salarios líquidos oscilaban entre 100 y 200 ringgits (26,3 y 52,6 dólares) al mes, debido a numerosas deducciones, no todas ellas aprobadas por el Departamento de Trabajo de Malasia.
El empleador les descontaba 50 por ciento del salario para pagar créditos del gobierno que financiaron su viaje a Malasia. Luego de un año, cuando el préstamo hubiera sido reembolsado, la deducción sería enviada a sus familias, les dijo.
Los salarios también tenían una deducción mensual de 10 por ciento por concepto de impuesto a la renta, otra por gravámenes a los trabajadores extranjeros, e incluso un pequeño descuento para el pago de un guardia de seguridad de la compañía.
Además, si los trabajadores cometían algún error en la confección de las prendas, también se les descontaba.
Nuestra comida consiste generalmente en arroz y pescado salado, dijo uno de los trabajadores, que vivían en ruinosas casas de madera y dormían de a siete por habitación, en condiciones infrahumanas.
Enfrentados a la barrera del idioma, los trabajadores inmigrantes en general no tienen nadie a quien pedir ayuda en tales situaciones.
Cuando fueron a la Oficina de Trabajo el 2 de este mes, acompañados por activistas malasios, un funcionario les aseguró que el organismo enviaría una carta a la compañía empleadora esa misma semana, pero a la mañana siguiente, descubrieron que siete de ellos serían devueltos a Birmania.
El empleador arguyó que los trabajadores carecían de las aptitudes que él requería y por eso no hacían muchas horas extras. Esto implicaba que el salario bruto era muy inferior a los prometidos 184 dólares mensuales.
Estamos perdiendo dinero, y los trabajadores carecen de motivación y productividad, declaró un ejecutivo de la firma.
Pero otros empleados que permanecieron en su cargo aseguraron que Nelson era un trabajador ejemplar y sugirieron que fue castigado por buscar ayuda externa.
Creo que las estructuras y políticas de los gobiernos, ya sea en Malasia o en Birmania, están sesgadas en contra de los trabajadores inmigrantes, opinó Joachim Xavier, encargado de inmigración de la Oficina de Penang para el Desarrollo Humano, un grupo religioso.
Esta situación no va a cambiar resolviendo casos individuales, sino a través de un esfuerzo concertado para cambiar las estructuras y políticas, incluso la de los empleadores, advirtió.
Los salarios acordados por los agentes contratantes y los trabajadores inmigrantes en su país de origen deben ser obligatorios en Malasia, y además no debe haber diferencia entre su paga y la de los trabajadores malasios, dijo Joachim.
Aparte, el gobierno debe revisar toda la política de contratación de trabajadores inmigrantes, exhortó K. Veeriah, secretario del Congreso de Sindicatos Malasios en Penang.
La contratación debería realizarse entre agencias gubernamentales, con términos muy claros en relación con los salarios y otras condiciones de trabajo, y además no se debería permitir a los empleadores cancelar los permisos de trabajo a voluntad, opinó.
El Departamento de Inmigración no debería concluir que los trabajadores son ilegales en el momento en que los empleadores cancelan sus permisos, sino que debería consultar con el Departamento de Trabajo o el de Relaciones Industriales para ver si no hay quejas contra esos empleadores por despido injusto u otros asuntos, sugirió.
Otros activistas urgieron a las autoridades a fortalecer las leyes para proteger los derechos de los trabajadores inmigrantes (en Malasia hay 750.000 de ellos, documentados) y a castigar a los empleadores que los explotan casi como esclavos.
También exhortaron al gobierno a ratificar la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, de 1990, que entrará en vigor en julio.
