El debate sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno de Brasil expone una realidad perversa: la mayoría de los trabajadores permanece en la informalidad, sin derechos laborales ni perspectiva de jubilación.
Por razones distintas, los empleados públicos se alzarán en huelga contra la reforma propuesta, a partir del 8 de julio.
El creciente déficit de la previsión social, que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva pretende contener por medio de una drástica reforma, podría superarse si se incorporaran los trabajadores actualmente excluidos del sistema, según críticos del proyecto oficial.
El gigantismo de la economía informal cuenta a favor de ese argumento de la oposición, pero indica también las enormes debilidades de la economía brasileña y su dificultad para superarlas en plazos previsibles dentro de paradigmas conocidos.
Registros del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) indican que 54,3 por ciento de los 75,4 millones de trabajadores ocupados están excluidos del sistema de previsión social, sin pagar contribuciones y por tanto sin perspectivas de jubilación remunerada.
A esa multitud de 40,9 millones de trabajadores se agregan los 11 millones de desempleados, precisó a IPS Anselmo Luis dos Santos, del Centro de Estudios Sindicales y de Economía del Trabajo de la Universidad de Campinas, en el meridional estado de Sao Paulo.
Esta realidad hace que Brasil tenga hoy cerca de 34,5 millones de contribuyentes para casi 21 millones de jubilados del sector privado, una relación de 1,6 por uno, la mitad de la registrada en Estados Unidos, por ejemplo.
El proyecto del gobierno para enfrentar el problema, hoy en debate parlamentario para ponerlo a votación en el segundo semestre del año, busca principalmente reducir el déficit previsional en el sector público, que alcanza el equivalente de casi 20.000 millones de dólares al año.
Para ello se aumenta en siete años la edad mínima de jubilación para los funcionarios públicos de 60 años, imponiéndoles un límite de remuneración al retirarse, y la continuación de sus aportes al sistema luego de retirarse.
El sindicato de los funcionarios estatales reaccionó ante la pérdida de esos derechos tradicionales, convocando a una huelga por tiempo indeterminado a partir del 8 de julio.
El gobierno de Lula, líder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), dice que se trata de reducir una desigualdad, ya que los trabajadores privados sólo pueden jubilarse con un máximo equivalente hoy de 1.561 reales (550 dólares), un promedio siete veces inferior al de los funcionarios públicos.
Mientras, los especialistas señalan que no se puede comparar la crisis previsional brasileña con la de países del Norte industrializado, donde la principal causa es el envejecimiento de la población, que aumenta la cantidad de jubilados y reduce la de trabajadores activos.
Brasil, al contrario de los países ricos, está en el mejor momento del punto de vista demográfico, dijo a IPS Mario Theodoro, investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada, un organismo del Ministerio de Planificación.
Eso se debe a una mayor proporción de jóvenes y adultos en edad de trabajar respecto de los niños, cuya cantidad relativa bajó por la reducción de la natalidad, y de los ancianos, que aún se limitan a 9,1 por ciento de los casi 172 millones de brasileños.
Pero la informalidad atenta contra el crecimiento económico y la solución de problemas sociales, observó este experto, autor de varios estudios sobre la cuestión.
Theodoro ubica los orígenes de la informalidad económica en dos omisiones gubernamentales en el siglo XIX, al no conceder el derecho de propiedad a los colonos por la ley de Tierras de 1850 y al abandonar a su suerte, sin transformarlos en trabajadores libres, a los afrodescendientes tras la abolición de la esclavitud en 1888.
Pero la consolidación y expansión del fenómeno se deben a la conjunción de la pésima distribución del ingreso nacional, la ausencia del Estado como regulador de la universalización de derechos, y a la capacidad del sector informal de articularse con emprendimientos capitalistas, ya que detrás del vendedor callejero hay grandes proveedores.
Reducir la economía informal depende de atacar con éxito esos tres factores, pues el crecimiento económico por sí solo no soluciona ese problema estructural, sostuvo Theodoro.
En Brasil, como en otros países de América Latina, se trató de incluir al sector informal en el sistema previsional con la creación de la figura del trabajador autónomo, sin vínculos de empleo o con negocios por cuenta propia, comprendiendo desde los vendedores callejeros a los prestadores de servicios variados e incluso profesionales.
Sin embargo, ese es un mecanismo para ricos, que excluye a los que ganan poco, sentenció Guacira de Oliveira, codirectora del Centro Feminista de Estudios y Asesoría, una organización no gubernamental de Brasilia dedicada a defender políticas por la igualdad de género.
Es que a los trabajadores autónomos se les exige una contribución de 20 por ciento de la suma que servirá de base para calcular su jubilación en un futuro incierto, y ningún pobre puede renunciar a un quinto de sus ingresos, observó la feminista.
Así lo confirmó a IPS Luis Barbosa, un vendedor de verduras en las ferias que se instalan cada día en distintas calles de Río de Janeiro.
A los 22 años y trabajando desde hace más de un lustro de las dos de la madrugada a las 15 horas seis días por semana, Barbosa no logrará pagar por una jubilación para cuando tenga 60 años.
La ganancia es poca y los gastos son muchos, justificó, aun siendo el dueño del quiosco y no un empleado.
Su colega Gilberto Lemos, de 43 años, hace un esfuerzo para contribuir con 48 reales (unos 17 dólares) mensuales para poder llegar a cobrar un salario mínimo oficial, el equivalente a 240 reales (85 dólares), cuando se jubile. No alcanza para vivir, pero es el máximo que puedo pagar, dijo a IPS.
Una idea en discusión para la reforma previsional, es bajar a 10 por ciento la contribución de los trabajadores autónomos para atraer a más informales.
Pero es difícil que tras ese cambio se obtengan muchas adhesiones, porque sigue siendo una carga muy pesada para los pobres, estimó Theodoro.
El economista Anselmo dos Santos, militante del gobernante Partido de los Trabajadores, considera que una jubilación de por lo menos un salario mínimo debería ser universal, ya que todos son contribuyentes y trabajan.
Los informales contribuyen a través de los impuestos sobre el consumo y otros tributos, justificó.
Una reforma verdadera debe presentar soluciones para los 50 millones de trabajadores sin previsión social y no condenarlos a morir sin una jubilación, apuntó.
Dos Santos argumentó que ello puede ser posible con una mejor aplicación de otros tributos cobrados por el gobierno para fines sociales y con políticas de apoyo a pequeñas y microempresas, generando más empleos.
