– Si hay un país en que existe libertad de prensa y se ha llegado a niveles límites en esa libertad, ése es Venezuela, dijo el jueves en el Foro Social Mundial Temático (FSMT) el director ejecutivo del grupo humanitario Human Rights Watch, Jorge Vivanco.
En un debate sobre derechos humanos del FSMT, que se realiza esta semana en la septentrional ciudad colombiana de Cartagena de Indias, Vivanco dijo que la mayor parte de los medios de comunicación venezolanos están en manos de propietarios privados que no hacen el más mínimo esfuerzo por presentar una posición equilibrada de la conflictiva situación política de su país.
Por el contrario, se han convertido en la principal y más poderosa oposición al presidente (Hugo) Chávez, en un debate público caracterizado por insultos y ofensas de opositores y oficialistas, agregó el activista de Human Rights Watch, organización no gubernamental humanitaria de origen estadounidense.
Vivanco también criticó los esfuerzos que realiza el gobierno venezolano, llevado por la exasperación y la molestia, para aprobar en el Congreso una Ley de Contenidos que limitaría los espacios de acción de la prensa.
Estamos porque el debate público sea rico, pero no avalamos medidas policiales para regular los pronunciamientos públicos, subrayó.
Sin embargo, Samuel Moncada, director de la escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela, que es la principal del país, sostuvo que la actuación de los medios requiere de un control democrático que limite sus excesos.
Venezuela es un laboratorio mundial de abuso del poder de los medios de comunicación en campañas de guerra política psicológica, dijo Moncada.
Un medio de comunicación que propague la violencia, la discriminación y el odio equivale a un vendedor de leche que venda leche envenenada sin que el Estado pueda intervenir, añadió.
Moncada restó importancia al controvertido proyecto de Ley de Contenidos presentado por el gobierno de Chávez al Congreso, y subrayó, en cambio, la necesidad de estimular medios alternativos tales como las radios y televisoras comunitarias, los periódicos de barrio, y otras pequeñas publicaciones.
En Venezuela se discute actualmente la creación de una red de radios comunitarias y televisoras latinoamericanas para contrapesar a los grandes grupos mediáticos, destacó.
Entre esos grupos mencionó al del venezolano Gustavo Cisneros, vehemente opositor a Chávez y con intereses en emisoras de televisión abierta y para abonados en Estados Unidos y América Latina.
El tercer FSMT, dedicado a Guerra, Democracia, Derechos Humanos y Narcotráfico, no incluyó en su agenda un espacio específico de debate sobre los medios de comunicación, pero el tema aflora en todas las discusiones.
Se asegura que esos medios tienen una influencia decisiva sobre el comportamiento de la opinión pública, pero ellos no son controlados por nadie, a sus dueños no los elige nadie, dijo Moncada.
La polarización política venezolana no sólo ha arrastrado a los dueños de los medios, sino también a los periodistas, muchos de los cuales, voluntariamente o bajo presión, se han integrado a las campañas de sus patronos, originando ataques y agresiones.
Vivanco dijo que se han registrado varios casos de agresiones a periodistas opositores por parte de ardientes partidarios de Chávez, pero que Human Rights Watch no ha comprobado que tales ataques fueran organizados por el gobierno.
Las televisoras privadas y la mayor parte de los diarios y revistas venezolanas se sumaron en diciembre al paro convocado por organizaciones sindicales y patronales para desalojar del poder a Chávez, cuyo efecto más potente fue la casi paralización de la industria petrolera, fuente de la mayor parte de los ingresos del país.
Durante el paro, cuyo fracaso en enero provocó cismas en las filas opositoras, las estaciones de televisión suspendieron sus espacios publicitarios comerciales y los reemplazaron por una serie ininterrumpida de avisos propagandísticos contra Chávez y su gobierno. Mientras tanto, la emisora de televisión estatal difundía mensajes contra los huelguistas..
El gobierno ha pedido la investigación de presuntos mensajes subliminales violentistas, ilegales, en los horarios de programación infantil de los principales canales de televisión.
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