La tradicional cultura del secretismo gubernamental en México recibió este jueves un golpe directo al entrar en vigor la ley de transparencia, que según observadores será también una vacuna contra la corrupción.
A partir de ahora cualquier persona puede demandar a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo que revelen la forma en que se licita un obra, el sueldo de un funcionario o cómo se maneja alguna partida presupuestaria, entre otros temas, algo que hubiese sido imposible hace menos de tres años.
La nueva ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobada hace un año, entró en plena vigencia este jueves al comenzar a operar su reglamento y el organismo nombrados para ese fin.
Acordada por el gobierno de Vicente Fox y los legisladores, la normativa que se estrena es una reforma fundante, pues repercutirá en todo el sistema nervioso de la sociedad mexicana, dijo a IPS el politólogo Sergio Aguayo.
En México, que en 2002 ocupó el lugar 57 en una lista de 72 países elaborada por la organización Transparencia Internacional para medir el índice de percepción sobre corrupción, el acceso amplio y libre la información pública estuvo vetado durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de 1929 a 2000.
Los analistas políticos, debido a ello y a una ciudadanía que en general no exigía la rendición de cuentas y que cuando lo hacía podía llegar a ser reprimida, llegaron a sostener que la corrupción se había instalado al punto que actuaba como el aceite que permitía el funcionamiento del sistema institucional.
La no gubernamental Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor sostiene que la corrupción representa un costo para los consumidores equivalentes a 20 por ciento del producto interno bruto del país.
Aunque la corrupción se mantiene, existe hoy un nuevo ambiente e instrumentos como la ley de Transparencia para combatirla con mejor disposición, opinó Aguayo.
Fox, el primer presidente surgido de la oposición, enarbola como uno de sus estandartes la lucha contra la corrupción, mal del que culpa al PRI. Desde esa trinchera y en medio de demandas de grupos políticos y no gubernamentales fue que promovió la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El acceso a la información es un instrumento para avanzar en la democracia y el mejor instrumento para combatir la corrupción, proclamó el secretario (ministro) de Gobernación (Interior), Santiago Creel.
Hay un acuerdo entre los especialistas en el sentido de que se trata (la entrada en vigor de la ley) de un momento realmente importante para el proceso de transición democrática de México, apuntó Manuel Carbonell, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero Carbonell, como otros observadores, no está del todo satisfecho con la nueva normativa, pues indica que hay información que por diversos motivos de seguridad no podrá ser entregada a quienes la soliciten.
El experto precisó que en la Corte Suprema de Justicia se pusieron candados a la información.
Los jueces resolvieron que una comisión de la Corte decidirá en última instancia qué documentos se pueden dar a conocer, es decir que ellos serán a la vez juez y parte.
Pero, si una persona no obtiene la información que requiere, en cualquier ámbito del Estado, excluido el judicial, podrá acudir al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), un organismo independiente que estudiará el caso y dará veredicto en un máximo de 20 días.
El peticionario, si pese a ello no queda satisfecho con la respuesta, podrá acudir a la Suprema Corte de Justicia para pedir una revisión del caso.
Aguayo cree que se aproximan tiempos difíciles para la burocracia mexicana, pues no está preparada, ni organizativa ni anímicamente, para entregar una información que resguardaba como si fuera de su propiedad.
Viniendo México de una tradición de no transparencia, habrá (en muchos niveles de Estado) la tentación de declarar en reserva mucha información, reconoció María Marván, presidenta del IFAI.
Para que la información pública quede en reserva, el funcionario o el organismo del Estado interesado en que así sea deberá fundamentarlo en principios legales y explicar claramente qué daños causaría si es revelada, lo cual según Marván acota la posibilidad de guardar información.
Desde esta semana, las más importantes dependencias del Estado pusieron en funcionamiento oficinas especiales y sitios en la red de computadoras (Internet) para atender los pedidos de información.
Además, según los reglamentos de la nueva ley, cada organismo público con sitio en internet está obligada a publicar allí todos los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, licitaciones y otras medidas administrativas 20 días antes de que entren en vigencia o sean sometidas a la firma del presidente de México.
Para Aguayo, los funcionarios de gobierno y los partidos políticos, que son considerados en México entidades de derecho e interés público, serán quienes más resentirán las consecuencias de ese monumental brinco de la carestía a la abundancia informativa.
La flamante puesta en marcha de la ley resquebrajará la cultura del secreto en que se ha basado buena parte de la relación entre gobernantes y gobernados en México, sostuvo, por su parte, Miguel Granados, columnista del diario Reforma. (FIN/IPS/dc/dm/ip/03).
