Cara y sello en Chile. Si bien los tratados de libre comercio ofrecen un promisorio futuro económico, por ahora la cruda realidad es que la merma de ingresos fiscales por la rebaja de aranceles a las importaciones será cubierta por toda la población con más impuestos.
Se prevé que en octubre entre en vigor el aumento de 18 a 19 por ciento del impuesto al valor agregado (IVA), el tributo que grava todas las compras y ventas de bienes y servicios, aprobado por la cámara de Diputados el 16 de este mes y que ahora espera el respaldo del Senado.
El presidente Ricardo Lagos puso como objetivo fundamental de ese incremento el financiamiento de planes de desarrollo social y de democratización del acceso a la salud, mientras su ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, advirtió una menor recaudación por los compromisos asumidos en los tratados comerciales.
Gracias al futuro aumento del IVA, acompañado por nuevos tributos al tabaco y al combustible para motores diesel, el Estado chileno podrá aumentar este año en 110 millones de dólares la recaudación fiscal, con lo cual se financiarán los 31 millones de dólares que demanda la llamada ”agenda social”.
Al mismo tiempo, se absorberá el impacto en las arcas públicas de la rebaja de aranceles que implica la entrada en vigencia del tratado de libre comercio que Chile suscribió en 2002 con la Unión Europea (UE).
El aumento del IVA, más los gravámenes adicionales al tabaco y al combustible diesel sumarán recaudaciones fiscales por 1.156 millones de dólares entre 2003 y 2006, 683 millones de los cuales se destinarán al Plan Auge, de cobertura de Salud, y al Programa Chile Solidario, de asistencia a sectores de extrema pobreza.
El resto de esos recursos servirá para cubrir no sólo la merma de pagos de aranceles de las importaciones procedentes de la UE sino también de Corea del Sur y de Estados Unidos, países con que Chile suscribió últimamente tratados comerciales en un renovado impulso de su política de apertura de mercados.
El acuerdo bilateral con Estados Unidos fue firmado el día 6 en Miami y el júbilo con que el gobierno de Lagos recibió el acontecimiento se vio drásticamente controlado días después cuando Eyzaguirre advirtió del impacto de los tratados en la hacienda pública.
Eyzaguirre fue criticado por dirigentes de la gobernante Concertación por la Democracia por haber ”mezclado” los problemas de recaudación fiscal con los tratados con la UE y Washington, en los cuales se cifran expectativas de crecimiento económico por medio del aumento de exportaciones y de mayores flujos de inversión externa.
El gobierno había propuesto originalmente un alza del IVA de medio punto porcentual, pero finalmente debió negociar con los diputados oficialistas, que aumentaron el tributo en un punto, a cambio del rechazo a la propuesta de incrementar los gravámenes al vino y al pisco (aguardiente de uva).
Dirigentes sindicales opuestos a los tratados de libre comercio criticaron a las autoridades por aumentar un impuesto indirecto y generalizado como el IVA mientras ”cedía” ante los productores vitivinícolas y pisqueros.
”Claramente, lo que aquí se ha hecho es aumentar los impuestos para financiar las pérdidas que va a sufrir la economía nacional por las rebajas de aranceles. Que se diga que es para el Plan Auge y el Programa Chile Solidario, es simplemente una cortina de humo”, dijo a IPS el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Ortiz.
Así, el gobierno de Lagos elude ”hacerse responsable de los errores políticos que se cometieron al firmar acuerdos comerciales que, en la práctica, van a hacer decaer los ingresos nacionales”, agregó el dirigente de la mayor matriz sindical chilena.
Según la CUT, los tratados de libre comercio van a favorecer a los grandes empresarios y a las firmas transnacionales, junto con alentar consumos suntuarios. ”Va a bajar (de precio) el whisky, van a bajar los autos de lujo, pero van a subir el pan, el azúcar, la leche”, dijo Ortiz.
Esa central sindical plantea que los programas sociales pueden ser financiados con medidas como el cobro de una regalía a las empresas mineras transnacionales que producen en Chile a un costo muy inferior que en otros países, como Canadá, o con aplicar un impuesto diferencial a ventas superiores a un millón de dólares, que afectaría a sólo 6.066 empresas.
”Eso permitiría hacer una redistribución del ingreso en Chile, que hoy tiene una de las distribuciones de la riqueza más negativas de América Latina”, señaló Ortiz.
Por su parte, la directora del no gubernamental Programa de Economía del Trabajo (PET), Carmen Espinoza, indicó a IPS que en los últimos años, aún antes de los tratados comerciales, ”es bastante evidente que se está empezando a producir cada vez con más visibilidad una situación de déficit fiscal”.
Al mismo tiempo, el gobierno tiene la obligación de buscar recursos para los programas sociales y hacerlo de acuerdo a consideraciones políticas. Así, acudió ”a la manera más fácil de recaudar impuestos, que es con el IVA”, donde se diluye el reclamo, ”porque todos somos consumidores”, agregó Espinoza.
”Si se hubiese planteado un aumento de impuestos a las empresas o a las utilidades o a los mayores ingresos, habría sido más difícil de discutir y de tener la aprobación (legislativa)”, comentó esta economista del PET, un grupo vinculado a la Iglesia Católica.
El problema de fondo es que los tres gobiernos de la centroizquierdista Concertación por la Democracia que siguieron desde 1990 a la dictadura del general Augusto Pinochet aceptaron el modelo económico instaurado por ese régimen militar iniciado en 1973, indicó Espinoza.
”Hoy (el gobierno) no tiene otra alternativa que actuar de la mejor manera dentro del modelo, y políticamente no tiene los votos, y más aún no tiene la credibilidad pública para, con fuerza, lograr mejorar la distribución del ingreso”, concluyó la economista.
Los aranceles seguirán siendo un factor permanente de presión en las cuentas públicas chilenas.
Este país sudamericano tiene como referencia general un arancel único externo que no discrimina por productos y que desde el 1 de enero de este año está fijado oficialmente en seis por ciento, pero ese índice se reduce en la práctica por los compromisos de liberalización asumidos en los diversos tratados.
La Cámara de Comercio de Santiago señaló en un informe divulgado el día 23 que en abril el arancel promedio que pagan las importaciones en Chile llegó a su mínimo histórico, con tres por ciento.
En la medida de que entren en vigor los acuerdos con la UE, Corea del Sur y Estados Unidos, este arancel promedio disminuirá a 2,8 por ciento hacia fines de este año, se situará en dos por ciento en 2004 y en 1,9 por ciento en 2005, anticipó la entidad empresarial.
